La Sala Constitucional encontró vicios sustanciales de procedimiento en el presupuesto 2027 y ordenó a la Asamblea Legislativa eliminar las normas cuestionadas por el Poder Judicial y el rebajo de ¢8.000 millones a los fondos postergados del FEES. Resolvió ambas consultas legislativas este viernes 20 de noviembre.
En la consulta de la Corte, la Sala determinó que las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 se introdujeron sin la consulta obligatoria al Poder Judicial y mediante un procedimiento que no correspondía, pues son normas atípicas propias de la legislación ordinaria. En la de los diputados, declaró inconstitucional la moción 16 de la Comisión de Hacendarios, que quitó los fondos acordados entre el Ejecutivo y las universidades.
Si la Asamblea no elimina esas disposiciones, se tendrán por excluidas del presupuesto. La Sala no entró a los argumentos de fondo, y el plazo constitucional para aprobar el presupuesto vence el 30 de noviembre.
La Sala Constitucional resolvió este viernes 20 de noviembre, mediante las resoluciones 45630-2026 y 45631-2026, dos consultas legislativas facultativas sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027 (expediente legislativo 25.754). En ambos casos, el Tribunal halló vicios sustanciales de procedimiento y ordenó eliminar las disposiciones cuestionadas. Si la Asamblea Legislativa no lo hace, esas disposiciones se tendrán por excluidas del presupuesto 2027.
La primera consulta la presentó la Corte Suprema de Justicia, que cuestionó las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 por considerar que podían afectar la independencia judicial y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Entre otros reparos, la Corte señaló que esas normas daban a órganos legislativos y a la Contraloría General de la República un papel en decisiones administrativas sobre el uso de recursos y la ocupación de plazas judiciales. La Sala concluyó que su incorporación omitió los procedimientos de los artículos 167 y 177 de la Constitución y que se usó el procedimiento especial del presupuesto para introducir normas atípicas, cuyo contenido corresponde a la legislación ordinaria.
La segunda consulta la plantearon diputadas y diputados, que cuestionaron la rebaja de ¢8.048.128.252 de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Ese reintegro lo habían acordado el Poder Ejecutivo y las universidades estatales en la Comisión de Enlace, y la moción 16 de la Comisión de Hacendarios lo quitó para trasladar los recursos a otra partida. Los consultantes cuestionaron además que el dinero se destinara al pago de obligaciones con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. La Sala declaró la moción inconstitucional por infringir el artículo 85 de la Constitución.
La explicación de las magistradas
La magistrada Anamari Garro Vargas explicó que en la consulta del Poder Judicial se configuraron tres vicios de procedimiento: la falta de consulta al Poder Judicial en la fase prelegislativa, la falta de consulta en la fase legislativa y la introducción de normas atípicas. Sobre los alcances, aclaró que, por tratarse de vicios de procedimiento, “es un dictamen vinculante para la Asamblea Legislativa”. Agregó que, ante la cercanía del plazo constitucional, la Asamblea debe votar la moción de orden del artículo 146, inciso 7, de su Reglamento y que, de no ser posible, esas normas se tendrán por no incluidas en el presupuesto.
La magistrada Ingrid Hess Herrera detalló la consulta sobre el FEES. Recordó que, por la pandemia, el Estado no pudo girar a las universidades todos los fondos de 2020 y 2021, y que esos fondos postergados se han repuesto en cuotas, por acuerdos entre el Ejecutivo y los rectores. Para el presupuesto de 2027 se había acordado una cuota cercana a los ¢8.000 millones, que el Ejecutivo incluyó en su proyecto y que la Comisión de Hacendarios rebajó mediante una moción.
Según Hess, la Sala solo puede intervenir como árbitro cuando hay un conflicto entre el Ejecutivo y las universidades, y aquí no lo había: “el Poder Ejecutivo había firmado el acuerdo, el Poder Ejecutivo había presupuestado los fondos”. Por esa razón, dijo, el rebajo es inconstitucional. Hess destacó además lo que significa el fallo para las familias del país y recordó una frase de los constituyentes:
“El único abogado que van a tener las universidades es el texto de la Constitución”, decían los constituyentes, según citó la magistrada, para garantizar a las universidades recursos propios, autonomía y libertad de enseñanza frente a los vaivenes de la política partidaria.
El camino en la Asamblea
Para ambos casos, la Sala aplicó la misma combinación de normas: el artículo 178 de la Constitución, que obliga a aprobar el presupuesto a más tardar el 30 de noviembre; el artículo 146, inciso 7, del Reglamento de la Asamblea, que permite suprimir la parte del trámite que no se puede reponer por falta de tiempo; y el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que hace de acatamiento obligatorio el dictamen de la Sala ante un vicio de procedimiento. En consecuencia, si los diputados no eliminan las disposiciones, el presupuesto quedará sin las normas 9 a 12 y sin la moción 16, es decir, con los fondos postergados del FEES en los términos anteriores a ella.
Como la Sala omitió pronunciarse sobre los vicios de fondo, el debate sobre si las normas afectaban la independencia judicial queda sin resolver. El Poder Judicial había advertido daños por el recorte y el bloqueo de su presupuesto, y CulturaCR.net informó antes que la Sala frenó la discusión del presupuesto 2027 mientras analizaba las consultas, en el marco de los obstáculos al presupuesto del Poder Judicial.
En la consulta del Poder Judicial, los magistrados Cruz Castro y Salazar Alvarado consignaron nota aparte, y Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Rueda Leal dieron razones particulares. En la del FEES, Rueda Leal consignó nota y Salazar Alvarado agregó razones adicionales: a su juicio, la Sala también debió analizar la falta de consulta obligatoria a las universidades, que exige el artículo 88 de la Constitución. El Tribunal lo integran Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herrera.

