En breve
El bloqueo de ₡29.843,8 millones al Poder Judicial en el presupuesto 2027 llegó a la Sala Constitucional. Un grupo de diputados presentó una consulta de constitucionalidad contra las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12, que condicionan el uso de esos recursos a la Contraloría y a una comisión legislativa.
Las normas congelan el 5,6 % del presupuesto judicial, prohíben mover dinero entre partidas, suspenden un pago a jueces con funciones administrativas e impiden llenar plazas vacantes sin aval externo. Varias alcanzan también a la Defensoría de los Habitantes.
Los diputados alegan que se violan la separación de poderes y la independencia judicial. Según el Poder Judicial, el bloqueo podría cerrar sedes alquiladas, frenar la Morgue Judicial de Buenos Aires de Puntarenas y obligar a volver al trámite en papel en 2027.
Noticia completa
La consulta de constitucionalidad, fechada este jueves 22 de octubre, sostiene que las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12 del presupuesto 2027, expediente 25.754, forman “un mecanismo selectivo, atípico, obstructivo y encadenado de control” sobre el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes.
El documento llega dos días después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminara el presupuesto, de ₡12,41 billones. En ese trámite se rechazaron por mayoría once mociones que buscaban eliminar esas cuatro normas.
La norma 9 congela en el sistema de Hacienda el 5,6 % del presupuesto judicial, repartido en 313 de sus 543 renglones de gasto. Para liberarlo, exige estados financieros auditados del Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial de 2015, la certificación de la Contraloría de que se cumplieron sus auditorías y la aprobación de la Comisión de Ingreso y Gasto Público y del Plenario.
Las otras tres normas prohíben trasladar dinero entre subpartidas sin un presupuesto extraordinario, suspenden el pago de la compensación por labores administrativas a jueces de la Administración Central e impiden llenar plazas vacantes sin un estudio trimestral de la Contraloría aprobado por la misma comisión legislativa. Ninguna de las condiciones tiene plazo.
“Desplazan hacia órganos ajenos al Poder Judicial decisiones sobre la disponibilidad y la gestión de recursos ya aprobados por la propia Ley de Presupuesto”, señala la consulta.
La consulta la suscriben las diputadas Ángela Aguilar y Diana Murillo y el diputado Salvador Padilla, quienes figuran en el documento como responsables de atender las notificaciones de la Sala Constitucional.
El proyecto asigna al Poder Judicial ₡530.973,2 millones, un 1,9 % menos que en 2026, equivalente al 4,3 % del presupuesto nacional. Sumado el bloqueo, la afectación ronda los ₡40.396 millones, que según el Poder Judicial recaen sobre cerca del 30 % de su gasto operativo.
Más de la mitad del monto bloqueado, el 53,5 %, corresponde a Dirección y Administración, y el 29,1 % al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con ₡8684 millones. Por rubros, el congelamiento alcanza ₡10.257 millones en tecnología, ₡8605 millones en infraestructura y ₡2193 millones en alquileres.
Entre las consecuencias documentadas, la consulta menciona el riesgo de cerrar sedes alquiladas en Desamparados y Hatillo, la imposibilidad de abrir el nuevo Juzgado de Familia en Upala y la falta de mantenimiento en 911 oficinas judiciales. También quedarían paralizados ₡4347 millones del OIJ para la Morgue Judicial de Buenos Aires de Puntarenas, una obra ya adjudicada que responde a una orden de la propia Sala Constitucional.
Según lo advertido por el Poder Judicial ante Hacendarios, el bloqueo de fondos tecnológicos provocaría que entre febrero y marzo de 2027 se corten licencias y servicios clave. Eso paralizaría la notificación de audiencias y juicios y obligaría a “retornar al trámite en papel”.
Los diputados piden a la Sala valorar nueve puntos, entre ellos la separación de poderes, la independencia judicial, la prohibición de que la Contraloría coadministre y la omisión de la consulta obligatoria a la Corte que exige el artículo 167 de la Constitución para normas que afectan al Poder Judicial.
La consulta sostiene además que el mecanismo vulnera el principio de igualdad, pues se dirige “de forma exclusiva y particular al Poder Judicial y a la Defensoría de los Habitantes”. Según la Contraloría, citada en el documento, la norma 10 solo se aplica a esos dos títulos de los 26 que componen el presupuesto.
El documento recuerda que entre 2022 y 2025 el Poder Judicial ejecutó en promedio el 96,1 % de su presupuesto inicial, según datos de la Contraloría.
También está abierta la consulta sobre si aprobar este presupuesto requerirá o no los 38 votos de mayoría calificada.