La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación que demostró que el sistema ERP-SAP de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fue implementado de manera prematura y sin criterio técnico.
El sistema de Planificación de Recursos Empresariales ERP-SAP fue aplicado sin que se tomaran las previsiones necesarias para que funcionara de manera adecuada, sino como respuesta a una presión política: “respondió a una orden de la Presidencia Ejecutiva(sic), no a una validación técnica. Las gerencias firmaron por acatamiento, no como aval de funcionalidad”, descubrió la Defensoría.
La premura por mostrarle a la opinión pública un avance inexistente condujo a que el sistema colapsara, lo que provoca un gran daño patrimonial a la CCSS. La presidenta ejecutiva que ordenó su implementación fue la actual jerarca, Mónica Taylor, desde que fue lanzado el 2 de junio del 2025.
De acuerdo con el informe, la presidencia ejecutiva de la CCSS ordenó la entrada en operación del sistema reconociendo expresamente que no se esperaba una implementación perfecta. Esta decisión se tomó en contradicción con advertencias reiteradas y documentadas de la propia Auditoría Interna de la Caja, que había señalado interfaces incompletas, migraciones parciales de datos y riesgos de operación durante un período fiscal en curso.
Además, la Contraloría General de la República también realizó advertencias sobre los errores reiterados del sistema, pero la jerarca de la CCSS ha insistido en afirmar que se toman medidas para corregir y mejorar la implementación.
Decisión politizada e irresponsable puso en riesgo pacientes y colapsó la administración
Sin embargo, la presidencia ejecutiva insistió en llevarlo adelante, lo que trajo consecuencias negativas para la institución y los pacientes: se generó parálisis financiera, se puso en riesgo la seguridad de los pacientes, creó opacidad en la cadena logística, provocó costos hundidos e ineficiencia administrativa, así como fractura en la gobernanza del proyecto.
“La evidencia recopilada permitió a la Defensoría establecer ocho hallazgos que documentan una crisis sistémica y tridimensional que afectó simultáneamente la gestión financiera, la cadena logística de abastecimiento y el suministro farmacéutico de la institución“, explica la institución.
Los más grave es este error es que la seguridad del paciente estuvo en riesgo: “el sistema no aseguró la trazabilidad total de medicamentos, incluidos psicotrópicos, obligando a controles manuales y afectando al menos un caso de entrega incompleta”.
Producto de esa decisión politizada de la presidencia ejecutiva, desde junio de 2025 la CCSS “no pudo generar estados financieros y acumuló miles de facturas sin tramitar, provocando atrasos en pagos, incapacidades y planillas”. Además, las fallas entre SIGES y el sistema ERP-SAP “impidieron conocer con precisión los inventarios durante varios meses y generaron discrepancias financieras relevantes”, amplía la Defensoría.
Y como si lo anterior fuera poca cosa, “la crisis obligó a contratar plazas temporales por más de CRC 1.300 millones para hacer manualmente tareas que el sistema debía automatizar”, una pérdida enorme para la institución.
Según el estudio de la Defensoría, “la Dirección del Plan de Innovación tenía la responsabilidad del programa, pero durante la crisis afirmó que su papel era solo de acompañamiento técnico2.
La investigación de la Defensoría incluyó el análisis exhaustivo de reportes técnicos de las Gerencias Financiera, de Logística y Médica de la CCSS, la Coordinación Nacional de Servicios Farmacéuticos y la Auditoría Interna, así como el descargo formal de la Dirección del Plan de Innovación y un análisis comparativo con buenas prácticas internacionales de organismos como el Banco Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.
Recomendaciones ante el horror administrativo
Esta Defensoría emitió cuatro recomendaciones formales dirigidas a la Junta Directiva de la CCSS, “orientadas a esclarecer las responsabilidades derivadas de la implementación del ERP-SAP, valorar de manera integral sus efectos sobre la gestión institucional, la continuidad de los servicios y el clima laboral, y establecer salvaguardas obligatorias para futuras implementaciones tecnológicas críticas”.
“Para la Defensoría, una institución como la CCSS no puede permitirse implementar sistemas críticos sin las garantías técnicas mínimas. Los hechos documentados en este informe no son incidencias aisladas, son el resultado de decisiones que ignoraron advertencias reiteradas. La Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones”, concluye el comunicado de la institución.
Para este caso la Defensoría de los Habitantes inició una investigación formal a solicitud de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA).
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es la institución que constituye el primer pilar de la salud pública y la seguridad social costarricense.