Más que cualquier hueco fiscal, la Contraloría General de la República encontró que la situación financiera reportada por el Gobierno es engañosa y no es confiable, lo que podría presentar un panorama falso de la realidad económica que se enfrenta.
La Contraloría realizó una auditoría de los estados financieros consolidados del Gobierno para el año 2024 y detectó serias irregularidades que rayan en los inaudito, como el hecho de que “la información presentada es poco confiable, no cumple razonablemente con la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público y presenta fallas”.
Esos errores, que pueden ser intencionales o negligencia, impiden “tener una visión completa y confiable de la situación financiera del Gobierno, comprometiendo la rendición de cuentas y la toma de decisiones informada”.
El dictamen de la Contraloría se realizó a partir de los estados “de situación financiera, rendimiento, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, así como las notas contables del Gobierno”.
En concreto, el estudio encontró errores con diferencias significativas en la información registrada por el Gobierno con respecto a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. (FODESAF).
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Es decir, lo que presenta el Gobierno es diferente a los datos de las instituciones o programas, lo que podría hacer sospechar de una manipulación para presentar datos positivos de la gestión pública que son en realidad falsos.
En el caso de la CCSS “se identificó una diferencia de ₡3.244.747 millones entre las cuentas por cobrar y deudas que registra la institución en relación al registro del Poder Ejecutivo”, reza la auditoría.
En el caso del FODESAF presenta una diferencia de ₡1.029.677 millones menos.
Muy grave también resultan ser los errores y omisiones en la “cuenta de bienes concesionados y no concesionados, valorada en ₡17.411.152 millones”, donde se encontró que no se han registrado al menos 3.554 terrenos de centros educativos, así como al menos 23 carreteras no registradas para un monto de ¢979.027 millones correspondientes a carreteras de la Red Vial Nacional no actualizados desde 2015.
“Un total de ₡5.798.061 millones de transacciones y saldos entre entidades que no fueron eliminados correctamente, generando inconsistencias y hasta posibles doble contabilizaciones“, agrega un comunicado de la Contraloría.
Todo eso aunado que “los estados financieros consolidados no declaran el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, y no se presentó el Estado de Situación Financiera de Apertura”.