Andrey Sánchez Duarte, Director Financiero Contable de la Caja Costarricense del Seguro Social, sostiene que hay un sobreprecio no razonable de un 33% en los contratos que se pretendieron hacer con varias cooperativas de salud para administración de decenas de Ebáis de la CCSS y que están bajo investigación en el conocido Caso Barrenador.
El funcionario afirmó que se dan diferentes causas para reconocer el sobreprecio, según se manifiesta en el informe oficial de la institución que se encuentra en el Sistema de Compras Públicas del Estado, el Sicop.
Afirmó que en el estudio de razonabilidad hay elementos varios y diferentes que no encajan para el aumento en los precios, con respecto a los precios anteriores que se pagaban a esas mismas cooperativas o entidades que previamente administraban esos centros de salud.
“Al final y después de toda la valoración y los ajustes derivados de lo que está debidamente justificado con los elementos nuevos, hay un 33% del monto, de ese monto incremental, que no se logra determinar como razonable y ahí es donde se genera la excesividad, por diferentes casuísticas que quedan constando en el informe que está en Sicop”, aseveró el compareciente.
El diputado oficialista Daniel Vargas quiso desacreditar el criterio técnico planteado por el funcionario de la CCSS con un documento propio, elaborado en su despacho, donde según él se demuestra con una supuesta proyección que la institución se ahorraría a lo largo de los años cerca de nueve mil millones de colones. Sin embargo, la tabla que el diputado y sus asesores elaboran no coincide claramente con lo elaborado por los especialistas de la Caja.
“¿Qué hace suponer que un despacho legislativo tiene más conocimiento y experiencia para hacer un cálculo de costos profesional superior a los funcionarios técnicos de esa institución?”, cuestionó la diputada Rocío Alfaro después de la exposición de Vargas.
El Director Financiero Contable de la CCSS afirmó que ellos no hicieron una proyección porque se ajustaron a “lo que dice la ley”, que es hacer un estudio de razonabilidad de precios, que se realiza por el período de la compra, que en este año es por diez años.
La legisladora Paulina Ramírez cuestionó que los diputados de Gobierno siguen usando como supuesta prueba un informe previo, no oficial, que no está en el Sicop y fue desacreditado por los peritos de la Fiscalía y los jueces competentes.
Ramírez afirmó también que según los cálculos del Departamento Financiero de la CCSS la deuda del Estado con esa institución llega casi a los 4 billones de colones, es decir, 4 mil millones de colones y se incrementa 55 mil millones cada mes, sin que el actual Gobierno mueva un dedo para pagar aunque sea una parte de esa deuda.
Funcionario amenazado por el chavismo
Por otra parte, Andrey Sánchez habría sido amenazado en los últimos días, según consta en las declaraciones de dos diputadas de la comisión legislativa que investiga la situación de la CCSS por el Caso Barrenador.
Sánchez no se quiso referir a ese asunto ni otros relacionados con el caso, porque él es testigo principal sobre lo sucedido con el sobreprecio que denuncia la Fiscalía en la contratación que ejecutó la junta directiva de la Caja al mando la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, hoy suspendida de su puesto en esa institución, pero nombrada por el presidente Rodrigo Chaves como ministra de Planificación para protegerla ante la denuncia legal que enfrenta.
El nombramiento se dio después de que el Tribunal de Hacienda rechazó las apelaciones que realizó Esquivel para retomar su puesto como presidenta ejecutiva de la CCSS.