Un Tribunal ordena destruir poblado conocido como Las Chorreras, luego de comprobarse que las edificaciones se encuentran en Refugio Nacional Corredor Fronterizo Norte.
Según la Fiscalía Adjunta de San Carlos y la Fiscalía Agrario Ambiental, ayer se emitió una orden judicial como medida cautelar para restaurar el área silvestre protegida, que está ubicada en ese poblado de Cutris de San Carlos.
Una triste historia
Esta orden implica demoler más de 70 estructuras que invaden el lugar, en su mayoría viviendas e incluso edificaciones del estado. En el lugar existe una escuela adscrita al Ministerio de Educación Pública. Incluso la Sala Constitucional ordenó al MEP reabrir la escuela, que había sido cerrada por el Gobierno.
Las familias que habitan el lugar aducen que tienen derechos adquiridos, porque incluso hay inversión estatal en el lugar, como carreteras abiertas por el estado, tendido eléctrico, acueducto, una escuela y otras construcciones. En varias ocasiones han protestado frente a los juzgados, pero la ley es contundente al respecto.
Sin embargo, “a raíz de dicha medida cautelar, los ocupantes ilegales cuentan con el plazo de dos meses para demoler y retirar los escombros de las obras invasora. Además, la Municipalidad de San Carlos, en asocio del SINAC-ACHAN, tendrá que ejecutar la orden en coordinación con la Fuerza Pública para asegurar el orden y cumplimiento efectivo de la disposición judicial”, informó hoy el Ministerio Público.
El poblado no solamente tiene al Gobierno Chaves Robles en su contra, porque los acusan de ser un pueblo de paso y abastecimiento para los coligalleros ilegales que saquean Crucitas de Cutris de San Carlos, sino que la Fiscalía debe aplicar la ley también.
Las razones legales de la Fiscalía y el Gobierno
La Fiscalía plantea que la franja fronteriza es área silvestre protegida y, a su vez, es bien de dominio público desde 1888. “Su condición jurídica impide que se pueda titular en manos privadas, sin importar el negocio jurídico o el tiempo que se transcurra desde su invasión inicial”, argumenta la Fiscalía.
“La gestión de este tipo de medidas cautelares muestran el compromiso del Ministerio Público en la protección efectiva y pronta de los bienes jurídicos ambientales, así como los derechos de la colectividad”, añade la entidad.
“La ejecución de la restitución podría tener un impacto positivo en la lucha contra la minería ilegal en Crucitas, pueblo aledaño al de Chorreras. Si bien la investigación no corresponde a un delito de minería ilegal, este tipo de asentamientos da facilidades a los mineros ilegales para obtener equipo, albergue, alimentación y transporte, lo que incentiva la minería ilegal y finalmente se convierte en un eslabón del fenómeno criminal”, señaló la Fiscalía Ambiental.
La resolución del Juzgado Penal de San Carlos corresponde a las diligencias de la causa 25-000857-0306-PE, en la que se investiga el presunto delito de invasión de área de conservación. De momento, el caso se tramita contra ignorado, es decir, no hay persona imputada individualizadas.