Europa Press | El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha determinado este miércoles que el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, debe brindar declaraciones sobre la operación policial que tenía como objetivo a una de las principales organizaciones criminales del país y que ha dejado más de un centenar de muertos.
Para ello, De Moraes ha programado para el próximo lunes, 3 de noviembre, una audiencia que se celebrará en Río de Janeiro y en la que se discutirá la operación, el nivel de fuerza utilizada, el número de agentes involucrados, el balance oficial de víctimas, entre otros detalles, según recoge Agencia Brasil.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha mostrado “profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas” de la ciudad brasileña.
Según su portavoz, Stéphane Dujarric, el jefe de Naciones Unidas ha “subrayado que el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales”, por lo que ha instado a las autoridades a que inicien una “inmediata” investigación.
La Defensoría Pública de Río de Janeiro ha confirmado durante la jornada que al menos 132 personas han fallecido como consecuencia de la operación policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemao, en la que ha sido la redada más letal de la historia del estado. Sin embargo, la Policía ha cifrado en 119 los muertos (cuatro de ellos agentes) y en 113 las detenciones.
ONU pide una “reforma integral” de los métodos policiales
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha reclamado una “reforma integral y eficaz” de los métodos de la Policía brasileña tras el cruento operativo de este martes contra la organización criminal Comando Vermelho en dos barrios de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, que ha dejado ya más de 130 muertos.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha señalado que si bien es consciente de los desafíos de lidiar con este tipo de organizaciones, las numerosas muertes –“que afectan de manera desproporcionada a personas negras”– suscita preguntas sobre cómo se llevan a cabo esas operaciones.
“Durante décadas, la alta letalidad asociada a la labor policial en Brasil se ha normalizado (…) Brasil necesita acabar con el ciclo de brutalidad extrema y garantizar que las operaciones de seguridad pública estén en sintonía con los patrones internacionales sobre el uso de la fuerza”, ha señalado en un comunicado.
Turk ha explicado que esa reforma pasa por una estrategia basada en el respeto de los Derechos Humanos. “Cualquier uso de la fuerza potencialmente letal deber estar en línea con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, apunta el alto comisionado.
“La fuerza letal solo ha ser utilizada cuando sea estrictamente necesaria para proteger vidas o evitar daños graves”, ha incidido el funcionario de Naciones Unidas, quien también ha apuntado hacia la necesidad de las autoridades brasileñas de abordar el “racismo sistémico” que sufren en el país las personas negras.
Según cifras de Naciones Unidas, las muertes de personas negras a manos de la Policía en Brasil “no solo generalizadas, sino que también se cometen de manera sistemática” y estima que unas 5.000 mueren cada año por la violencia policial, principalmente jóvenes negros que viven en áreas empobrecidas.
“Las reformas son urgentes y necesarias para evitar que se repita. Estas violaciones no pueden quedar impunes”, ha subrayado Turk.