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Mayoría de diputados avalan proyecto para unir elecciones presidenciales y cantonales

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Unir elecciones presidenciales y cantonales cada 4 años es la iniciativa que tiene el apoyo de casi todas las bancadas en el Congreso.

En la Comisión de Reformas Electorales se dictaminó afirmativamente el expediente 23.229, “Ley para Unificar las Elecciones Nacional y Municipales”, una iniciativa del diputado Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana.

La iniciativa fue avalada con el voto de Fabricio Alvarado de Nueva República, Gilberto Campos del Liberal Progresista, Paola Nájera del oficialismo, Alejandro Pacheco del PUSC y las liberacionistas Rosaura Méndez y Monserrat Ruiz.

Golpe duro a los partidos regionales

El proyecto recibió 6 votos favorables, incluso el de la oficialista Paola Nájera y ninguno en contra. Sin embargo, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, estuvo ausente a la hora de votar. Según reportaron de prensa de esa agrupación política, el legislador tuvo que salir un momento y no le dio tiempo de regresar para el voto.

Sin embargo, el Frente Amplio mantiene con este proyecto “una negativa provisional mientras el partido ya asume una postura definitiva”. Según se comunicó a consulta de Culturacr.net, “preocupan temas de financiamiento para partidos cantonales”.

Según el diputado Antonio Ortega, el proyecto será consultado a las bases del partido y preocupan problemas de constitucionalidad, entre otros temas asociados que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha anotado en su informe:

El proyecto enfrenta una crítica muy fuerte a la que la mayoría de partidos están haciendo caso omiso: esta reforma legal es un duro golpe a los partidos políticos cantonales y provinciales, los que han logrado escalar en apoyos precisamente gracias a las elecciones separadas.

Según esas agrupaciones políticas, que han ganado una notable cantidad de alcaldías en las recientes elecciones municipales, esta iniciativa es la confabulación de los partidos tradicionales para cercenar la competencia con las fuerzas vivas regionales que tienen mejor arraigo con las personas de cada comunidad y no logran financiamientos millonarios como sí sucede con los partidos nacionales.

Se entiende que la gente, en muchos casos, vota parejo en todas las papeletas, de manera que así los partidos grandes logran más apoyo cantonal.

Pacheco defiende su proyecto

Según el despacho del diputado Pacheco, “uno de los principales factores para avanzar con este proyecto corresponde al nivel de abstencionismo que existe en la actualidad, principalmente en las elecciones municipales”.

“Con el nivel de abstencionismo que vimos este 4 de febrero del 68%, y el alto costo, que podría superar los ¢10.700 millones de colones, me parece que el país no está para darse el lujo de realizar elecciones cada 2 años”, comentó Alejandro Pacheco, diputado proponente.

Por otra parte, el legislador defiende que “la carga de trabajo se reduce principalmente para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero también para los partidos políticos y líderes comunales, así como los costarricenses en general votantes, que al unificar esfuerzos reducen la cadena de trabajo de cada 2 años. Lo mismos ocurre en el sentido económico, donde los gastos en los procesos electorales se verían minimizados”.

“Asimismo, se abre la posibilidad a la participación ciudadana, ya que amplia el plazo disponible para realizar referéndums. Actualmente este derecho se ve limitado ya que 6 meses antes y después de cada proceso electoral no es posible la realización del mismo”, agrega el comunicado.

“Nuestro compromiso es que mediante moción 137 estaremos presentando un transitorio para que inicie a regir a partir del 2028, y las autoridades del régimen municipal permanecerán en su cargo por un periodo de seis años, asimismo, se pondrá en igualdad de condiciones de financiamiento a todos los partidos políticos participantes ya sean nacionales, provinciales o cantonales, y esperamos que pronto sea ley de la república”, finalizó Pacheco. No obstante, Pacheco no explica cómo se realizará esa igualdad en el financiamiento.

El consenso, por lo pronto, está claro:

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