Posibles vicios de constitucionalidad y otros incumplimientos detectaron varias entidades estatales en una ley denominada “Alivio de costos para establecimientos comerciales” y que busca eliminar el cobro por derechos de autor a los comercios que utilizan la música en sus negocios.
La ley es impulsada por los diputados Eli Feinzaig y Leslye Bojorges, quienes han hecho varias defensas de la ley, pero no contaban con pronunciamientos de varias instituciones del Estado que perciben la ley negativamente y advierten, además de las eventuales inconstitucionalidades, el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.
En concreto, la Procuraduría General de la República, Ministerio de Economía, Industria y Comercio -MEIC-, el Ministerio de Comercio Exterior -COMEX- y el Ministerio de Cultura y Juventud .MCJ-alertan vicios por inconstitucionalidad en la propuesta de ley.
La iniciativa Feinziag-Bojorges propone una modificación de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley N.° 6683) para eliminar el pago en beneficio de los músicos a los establecimientos comerciales.
La Procuraduría sostiene que el proyecto presenta “aparentes problemas constitucionalidad (sic), tal y como hemos referido en esta opinión jurídica (PGR-OJ 072-2024, del 10 de junio de 2024)”.
El MEIC afirma en una resolución que “no observa que el proyecto sea viable en términos jurídicos, o que su posible modificación beneficie de forma sustancial las actividades económicas de los emprendedores y de las pymes, dentro de las cuales también se enmarcan actores productivos como el sector artístico, musical, y de autoría”.
El MCJ afirma que las exenciones buscadas “propician un debilitamiento al esfuerzo creativo y producción de los artistas;…Aunado a lo anterior, se podría incurrir en incumplimiento de tratados internacionales que regulan estas materias, lo que implica un importante riesgo político para nuestro país”.
“En virtud de las posibles inconsistencias identificadas con instrumentos comerciales internacionales, este Ministerio sugiere no continuar con la promoción del presente proyecto de ley. (DM-COR-CAE-0248-2024, del 22 de abril de 2024)”, agrega por su parte COMEX.
“El proyecto, además de inconstitucional, se sustenta en argumentos que dan muestra del desconocimiento que se tiene en cuanto al funcionamiento de la industria de la música y de lo que es la gestión de los derechos de autor y conexos, así como del rol que debe cumplir el Estado en cuanto a su tutela, dado que estamos hablando de un derecho humano”, agregan mediante un comunicado la Asociación de Compositores y Autores Musicales -ACAM- y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica -AIE-.
Culturacr.net solicitó al diputado Eli Feinzaig un conversatorio para el programa Entre Líneas sobre esta ley, pero después de unos 6 días no tenemos respuesta de los encargados de comunicación del PLP, después de un nuevo recordatorio. Los representantes de ACAM y la AIE por su parte declinaron la propuesta de un debate contra uno de los diputados proponentes.
Según las entidades ellas son las encargadas de gestionar “el derecho de comunicación pública, que es el que se ejerce mediante el licenciamiento y el cobro respectivo a todo establecimiento comercial que utiliza música como parte de su actividad, ya sea de manera accesoria, necesaria o indispensable. Estos recursos económicos son distribuidos entre las y los artistas por su trabajo en la creación, interpretación o producción de obras musicales y fonogramas”.
Las entidades afirman que la música contribuye en las ventas de un comercio en un 17%, porque generan mayor atracción de públicos consumidores.