Ejecutivo apostará por renta global, incremento de IVA y gravar transacciones bancarias

El Poder Ejecutivo analiza cinco proyectos de ley para enderezar el rumbo económico del país y apostaría por renta global, la venta de créditos de Conape y el gravamen a transacciones bancarias.

En una reunión sostenida con las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, la ministra de la Presidencia, Geanina Dinarte, y la titular de Planificación, Pilar Garrido, anunciaron que el Poder Ejecutivo estaría presentando cinco proyectos de ley para “estabilidad macroeconómica del país”.

Uno de las iniciativas sería la implementación de renta global en los impuestos.

La renta global (unificación de la riqueza y de la renta cedular de imposición-que actualmente rige) permitiría alcanzar al Gobierno, un 0,12% y un 0,24% del Producto Interno Bruto (PIB); Esto, a pesar que, en los acuerdos de las mesas multisectoriales, se estimó que dicha renta podría ser un 0,10%.

Adicionalmente, se propone aumentar el impuesto al valor agregado en un punto porcentual (pasando de 13 a 14%) y aplicando tasas diferenciadas, como 1% de la canasta básica y  2% de las medicinas. El aumento solo se aplicaría en los casos en que se cobra la tasa general.La idea es recaudar un monto anual equivalente al 0,4% del producto interno bruto (PIB).Por otra parte, el Ejecutivo pretende que, en un corto plazo, se graven las transacciones bancarias con el fin de generar ingresos equivalentes a un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) actual. Cabe destacar que en la primera propuesta de presentación del Gobierno ante el FMI, se buscaba gravar las transacciones con un 0,3%  incluidos el retiro de los de cajeros automáticos.

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Más propuestas: 

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo impulsa crear un tributo de 0,5% a casas de lujo con valor superior a los millones —sustituiría al actual—, que permitiría recaudar hasta 0,17% del PIB.

Con ello, se busca cobrar el tributo a las viviendas cuyo valor supere los ¢200 millones y además, cambiar la ley actual que grava las viviendas que superan los ¢133 millones.

Otra de las propuestas es impulsar una iniciativa para que las pensiones superiores al salario base de un oficinista 1 del Poder Judicial (C450.200) con cargo al presupuesto nacional no aumenten mientras la deuda pública no sea inferior al 60% del PIB.

De acuerdo con el proyecto, “esto no afectaría a las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)” y además, se permitiría “contener otro de los disparadores del gasto público y ampliar el alcance de la regla fiscal.”

Por otra parte, se contempla  la venta de la cartera de crédito de CONAPE.