Como se sospechaba, la nueva ley que interpuso el Poder Ejecutivo para eliminar pensión a expresidentes, tiene un error básico para que la Sala IV la declare inconstitucional.
Como lo han advertido varios especialistas, el principio básico de los derechos adquiridos no fue considerado para elaborar la propuesta que impulsó Laura Fernández con altavoz el miércoles pasado. La ley sigue una norma repetida en las iniciativas legales del Gobierno: están mal hechas por razones constitucionales.

“¡Ni copiar saben! ¿Lo harán mal a propósito o solo para poder decir que lo intentaron?”, se cuestiona la agrupación política.
Varios abogados, desde el principio, alertaron que no se pueden eliminar pensiones ya aplicadas, porque se trata de eliminar derechos adquiridos, un principio muy básico del derecho. Sin embargo, la presidenta Fernández salió al paso con este nuevo proyecto, a pesar de que ya existe uno en la corriente legislativa que fue creado e impulsado por el Frente Amplio.
Según el criterio de esta agrupación política, el proyecto de ellos -el pasado 28 de enero de este año- tiene un truco: una norma aceptada por Costa Rica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “para no tocar derechos ya adquiridos”.
El Frente Amplio ha publicado en sus redes una imagen donde indican que el proyecto de Gobierno es “marca patito”, porque se trata de una mala copia y, principalmente, una copia creada para fracasar.
En los últimos meses, en redes sociales y el debate legislativo, se ha venido planteando que el Gobierno elabora proyectos mal a propósito, para luego culpar a la Sala Constitucional, así como a los demás actores. La alternativa es que los profesionales en derecho que asesoran al Ejecutivo están cavilando en la ignorancia e incapacidad.



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