En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente de la República Carlos Alvarado hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que aprueben a la prontitud posible el proyecto 21.366, conocido como “de empleo público”.
A través de redes sociales, el mandatario solicitó al Legislativo que den trámite ágil al proyecto de Ley de Empleo Público, ya que dicha reforma sería clave para ‘reducir el gasto público en lo venidero y hacer frente al faltante fiscal profundizado por la pandemia’.
La reforma al Empleo Público es necesaria para poner orden en el gasto público. pic.twitter.com/h3WTaBJeKo
— Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) January 18, 2021
Dicho proyecto pretende la eliminación de pluses salariales y remuneraciones del Estado, implementando un sistema de salario global para actuales y futuros funcionarios públicos.
Adicionalmente, se suspenderían los aumentos salariales, pluses o nuevas contrataciones a través del mecanismo de convención colectiva.
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Según Alvarado, con la aprobación del proyecto, ‘se introduce mayor justicia e igualdad salarial entre servidores públicos que desempeñan funciones similares».
‘Debemos dar este necesario paso en el camino de la reforma del Estado y la búsqueda de la eficiencia pública por el beneficio de Costa Rica’
La solicitud del mandatario se da en un contexto de efervescencia social: con sindicatos y movimientos sociales que repudian el proyecto y la presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que avance este proyecto, a cambio de 1750 millones de dólares que sacarían al país de un default económico.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte aseguró a PulsoCR que Costa Rica debe avanzar en ‘proyectos estratégicos’ como el de empleo público y en la negociación con el FMI para ‘tener condiciones favorables y que el país pueda tener un proceso de estabilización de sus finanzas’ .
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), con la implementación de la reforma al empleo público, el país se estaría ahorrando anualmente un 1,1% del producto interno bruto (PIB).
Entretanto, en las calles, distintas organizaciones sociales han manifestado su desacuerdo hacia el proyecto de ley, ya que ‘castiga a la clase trabajadora’ además que ‘violenta los derechos sociolaborales’.
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