Los hechos más significativos de las últimas horas en este Infobreves, marcado por las celebraciones de Independencia y el conflicto político que enfrenta Costa Rica en la lucha por la democracia ante la deriva autoritaria del Gobierno. La represión y restricciones a las libertades imperaron en Cartago.

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Independencia 2026: choque entre Diego Miranda y Laura Fernández, faroleadas y tropiezos en Cartago

→ El alcalde de San José, Diego Miranda, volvió a emplazar a la presidenta Laura Fernández durante el acto oficial del 15 de setiembre en el Parque Nacional.

“La insto a que revise a quiénes reclutan algunos de sus ministros y quiénes son lacayos que operan entre las sombras para provocar disputas innecesarias. Es como la parábola del trigo y la cizaña: uno decide de quién se rodea y con esos que lo rodean se siembra el trigo o la cizaña”, dijo Miranda, tras pedir a la mandataria “dejar de vernos el ombligo” y trabajar en conjunto.

Fernández calificó el discurso de Miranda como “lleno de desconocimiento” y evitó responder directamente a los señalamientos sobre los “lacayos” en su gobierno. “La Patria le pertenece al pueblo que ya no se conforma con monumentos inertes ni con vivir de las glorias del pasado”, respondió la presidenta, quien también insistió en que el país vive su “mejor momento” económico y democrático, una afirmación que contrasta con el dato de la Cepal, que en agosto proyectó para Costa Rica el penúltimo crecimiento del PIB en Centroamérica para 2026.

→ La tarde y noche del 14 de setiembre, el parque Morazán de San José reunió a miles de personas en todo el país, en una “faroleada” con consignas contra el gobierno, entre ellas “fuera Chaves”, “fuera Laura” y “páguele a la Caja”.

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez asistió con un farol en forma de antorcha y defendió la independencia del Poder Judicial: “si esta no existe, ningún derecho humano tiene garantía alguna”.

→ En Cartago, la Fuerza Pública impidió el ingreso a la Plaza Mayor de varios asistentes a la “Faroleada por la Democracia”, entre ellos el sindicalista Denis Solís, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Videos difundidos ese día muestran que los oficiales filtraban el acceso según los mensajes que llevaban los manifestantes en carteles y faroles, mientras personas trasladadas en autobús desde otras provincias y un grupo en condición de calle recibieron trato distinto para ingresar al acto oficial.

“Por órdenes superiores no dejaban entrar personas con faroles ni carteles con mensajes”, relató uno de los afectados, quien agregó que “ese comportamiento nunca había sucedido en Cartago para esta fiesta patria”. El Ministerio de Seguridad Pública no respondió a las consultas de Grupo Extra sobre el hecho.

→ El ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, se acercó a un grupo de manifestantes en la Plaza Mayor de Cartago y respondió con burlas a quienes lo cuestionaban. Cuando un manifestante le advirtió “nos vemos cuando ya no tenga inmunidad”, Chaves replicó cantando “lero lero calzón de cuero, ese chiquillo llora por su ternero” y le hizo gestos con las manos. La diputada Claudia Dobles calificó el incidente: “Costa Rica no se merece esas faltas de respeto”.

→ La más reciente medición de CBGlobal, correspondiente a setiembre, ubicó la valoración de Laura Fernández en un saldo positivo de apenas 4,7 puntos porcentuales (49,7% contra 45%), la tercera caída consecutiva desde julio, cuando tenía 55,5% de aprobación positiva.

Poder Judicial: Fernández rebaja el recorte condicionado, el PLN denuncia presiones y la Corte nombra nuevo subdirector del OIJ

→ La presidenta Laura Fernández redujo de ¢27.000 millones a ¢11.000 millones —cerca de un 2% del presupuesto judicial— el monto que su gobierno condiciona a auditorías y avales antes de liberarlo al Poder Judicial para 2027. La entrega de esos fondos quedará sujeta a un proceso de tres etapas: auditorías de confianza a la infraestructura judicial, certificación de la Contraloría sobre las recomendaciones de esas auditorías, y una autorización legislativa ligada a indicadores de gestión como la mora judicial y la efectividad de la persecución penal.

“No puede ser que los jerarcas del Poder Judicial mientan diciendo que este gobierno es el responsable de que el OIJ no pueda seguir”, dijo Fernández.

La diputada Abril Gordienko (PUSC) calificó el esquema condicionado como una trampa diseñada para amarrar la capacidad de operación del Poder Judicial mediante restricciones de recursos. El anuncio se dio un día después de que la Sala Constitucional desmintiera con cifras oficiales las declaraciones de la propia presidenta sobre el costo del alquiler del edificio Impala, sede de esa Sala.

→ El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, confirmó que existen presiones para captar diputados de su bancada con miras a intervenir en el Poder Judicial, en medio de la polémica que frenó una sesión completa del plenario por presuntos ofrecimientos indebidos a un legislador verdiblanco antes de la reelección de la magistrada Julia Varela.

“Aquí presiones existen. Evidentemente hay un deseo de Rodrigo Chaves, en particular, de capturar el Poder Judicial. Lo ha dicho con todas las palabras y que va a buscar a diputados de Liberación Nacional”, declaró Ramírez, quien remarcó que toda la bancada liberacionista votó a favor de Varela. “Esta es una fracción que no se vende”, afirmó.

→ La Corte Plena nombró en propiedad, por voto unánime de los 20 magistrados, a Michael Soto Rojas como nuevo subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 27 candidatos que participaron en el concurso.

Caso Obaldía: el PPSO enfrenta un trato desigual entre sus dos diputados señalados

→ El Partido Pueblo Soberano (PPSO) abrió un proceso disciplinario contra el diputado Fernando Obaldía, denunciado por dos funcionarias por presunto acoso predatorio y por una tercera por acoso laboral, pero no ha hecho lo mismo con el diputado José Miguel Villalobos, señalado hace casi un mes por una diputada del Frente Amplio por presunta violencia política contra las mujeres. A diferencia del caso Obaldía, el proceso contra Villalobos sí requiere aprobación del plenario, donde el PPSO tiene mayoría.

→ Una de las denunciantes de Obaldía relató que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, la llamó en mayo pasado, después de que ella le contara al jefe de fracción, Nogui Acosta, sobre el presunto acoso. “Me dijo que pensara si no quería seguir en la Asamblea, me pasa para un ministerio”, relató la asesora, lo que indicaría que tanto el PPSO como Chaves conocían de al menos uno de los señalamientos desde ese mes, meses antes de que se presentaran las denuncias formales en setiembre.

Limón: un data center sobre humedales y un hospital con 96 correcciones pendientes

→ El proyecto Quantum AI Free Zone Campus, promovido por la empresa Quantum Development Inc. en una finca de casi 40,5 hectáreas en Limón centro, se levantaría sobre un terreno con tres humedales registrados por el Sinac, bosque maduro, cercanía al río Limoncito y una reserva del acuífero Limón-Moín, según registros del Instituto Geográfico Nacional revisados por La Nación. La Setena advirtió desde 2020 que cualquier obra debía condicionarse a un pronunciamiento técnico del Sinac sobre los humedales, uno de los cuales no fue evaluado en el criterio que la empresa presentó en 2021.

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita, no respondió las consultas sobre si verificó esas alertas antes de anunciar el proyecto en redes sociales. Quantum Development quedó además excluida del régimen de zona franca en mayo de este año por decisión de Comex.

→ La Contraloría General de la República ordenó ajustar 96 puntos del cartel de licitación para construir y equipar el nuevo Hospital de Limón, tras resolver 464 objeciones presentadas contra el pliego de condiciones. El proyecto, además, no cuenta todavía con viabilidad ambiental definitiva, un punto que la propia Contraloría pidió analizar a la Administración.

Servicios públicos: cortes en Heredia, huelga en la CCSS y cierre de comités de Cruz Roja

→ La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) suspenderá la luz para 18.720 personas en San Isidro y el agua para 4.376 personas en San Rafael el jueves 17 de setiembre, por trabajos de mantenimiento programados.

→ El sindicato Sinaes Afines convocó a una huelga este jueves en la CCSS, de 6 a.m. a 6 p.m., por atrasos de hasta dos meses y medio en el pago completo de salarios a funcionarios.

“Tenemos compañeros que están renunciando a la Caja porque no tienen cómo subsistir”, dijo el secretario del sindicato, Lenin Hernández.

→ La Cruz Roja Costarricense cerró sus comités de San Pablo y San Rafael de Heredia por un déficit que en 2025 rondó los ¢1.400 millones, y trasladó esa cobertura a los comités de Santo Domingo y San Isidro. La diputada Ángela Aguilar (PLN) reclamó que el Gobierno gire ¢3.300 millones pendientes para la institución: “la Cruz Roja salva vidas”, dijo.

Seguridad: los muelles, según expertos, son “puerta abierta” para el crimen organizado

→ El criminólogo Rodrigo Campos advirtió que los muelles costarricenses combinan actividades públicas, privadas, lícitas e ilícitas que los vuelven vulnerables a la infiltración del crimen organizado, en particular por el conocimiento privilegiado que tienen los trabajadores portuarios sobre cámaras, horarios y rutas. Entre 2020 y 2026, la Policía de Control de Drogas detuvo a 33 funcionarios directos e indirectos de APM Terminals, con picos de 12 casos en 2021 y nueve en lo que va de 2026.

El exviceministro de Seguridad Walter Navarro pidió reforzar las pruebas de confianza —antidoping, polígrafo y declaraciones de bienes— para el personal con acceso a información sensible en puertos y fronteras.

Asamblea Legislativa: paridad de género en la Corte y un exdiputado que votó por Chaves llega al Banco Popular

→ El diputado Salvador Padilla presentó una reforma constitucional para exigir paridad entre hombres y mujeres en la conformación de la Corte Suprema de Justicia, tanto en magistraturas propietarias como suplentes, con aplicación progresiva conforme se den vacantes. El proyecto se fundamenta en el artículo 33 de la Constitución y en precedentes de la Sala Constitucional sobre medidas afirmativas.

→ David Segura Gamboa, exdiputado de Nueva República que votó en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves, fue contratado por el Banco Popular como asesor de asuntos legislativos, con un salario bruto mensual de ¢2,2 millones, según reportó ElPeriodicocr.com.