En un intento por bajar la temperatura a críticas por los recortes al Poder Judicial, la presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este domingo por la noche una revisión a la baja en la tijera presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027.

La disminución solicitada a la Corte ya no será de ¢27 mil millones, como pretendía inicialmente Rodrigo Chaves, sino de ¢11 mil millones; un ajuste que equivale a un 2% del presupuesto de ese poder de la República.

Eso sí, el viraje en los números no vino acompañado de un tono conciliador. Durante su mensaje en cadena nacional, la mandataria aprovechó el anuncio para contratacar las severas advertencias emitidas por los jerarcas judiciales sobre el eventual colapso de las operaciones de investigación criminal.

Fernández rechazó enfáticamente que el ajuste fiscal ponga en jaque las labores del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y acusó a la cúpula judicial de utilizar al Poder Ejecutivo como chivo expiatorio de fallas estructurales históricas.

“No puede ser que los jerarcas del Poder Judicial mientan diciendo que este gobierno es el responsable de que el OIJ no pueda seguir a los delincuentes ni trabajar en ninguna otra cosa a partir de diciembre de este año por los recortes que ni siquiera se han aplicado todavía. Estos problemas que llevan años son mi culpa. A mí no me utilizarán como excusa de sus errores”, aseveró la gobernante.

Sin embargo, los diputados de oposición desconocen en qué rubros se harías los recortes y ven la medida como algo positiva, pero con desconfianza máxima, primero por la falta de información y, segundo, porque las condiciones básicamente vuelven a amarrar el dinero, aparte de que cuestionan la legalidad de esas condiciones.

La diputada Abril Gordienko, del PUSC, fue enfática que la declaración de Fernández en cadena es una trampa, porque se trata de amarrarle las manos al Poder Judicial, como siempre ha sido la intención, de manera que no pueda operar bien por ausencia de recursos en su lucha contra el crimen organizado:

El diputado Eder Hernández, del PLN, dudó sobre cuáles partidas son las que se ven afectadas:

La diputada Diana Murillo, de esa misma agrupación, planteó que la iniciativa de la presidenta Fernández tiene problemas de legalidad y se debe rectificar:

El diputado Antonio Trejos coincidió que el recorte no solo es insuficiente, sino que las condiciones que exige el Poder Ejecutivo no están dentro del marco de la Ley costarricense:

Condiciones

Bajo la premisa de un «gobierno gerencial», la mandataria advirtió que la liberación de los recursos no será automática ni discrecional, sino que se dará por tractos tras el cumplimiento estricto de tres pasos:

1. Auditoría de fideicomisos: La revisión de las cuentas auditadas del fideicomiso de infraestructura judicial (administrado en el BCR) por parte de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
2. Certificación de la Contraloría: Un informe de la Contraloría General de la República que certifique el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría sobre las obras ejecutadas mediante dicho fideicomiso.
3. Autorización legislativa por desempeño: La aprobación explícita del plenario legislativo y la Comisión de Ingreso y Gasto para autorizar al Ministerio de Hacienda a desembolsar los fondos, condicionada a la evaluación de indicadores como mora judicial, impunidad y efectividad procesal de la Fiscalía.

Cuestionamientos al gasto y condicionamiento de fondos

En su alocución, la presidenta garantizó que los recursos clave para la operatividad de los cuerpos policiales —como equipamiento, armas y chalecos antibalas— no se verán comprometidos. Acto seguido, enfiló sus baterías hacia la eficiencia del gasto interno en la Corte y cuestionó directamente contrataciones inmobiliarias de alto costo.

Como ejemplo de lo que catalogó como inconsistencias presupuestarias, Fernández citó el alquiler de la sede de la Sala Constitucional, cuyo monto mensual pasó de $102.000 en 2017 a $122.000 a partir de 2024, señalando además que únicamente el 20% del personal de ese despacho utiliza las instalaciones de manera presencial.

Bajo este argumento, la mandataria condicionó la transferencia futura de recursos a un esquema de fiscalización gerencial y rendición de cuentas en tres etapas antes de liberar cada tracto financiero.

El movimiento en las cifras del Poder Judicial se enmarca en un plan de contención de gasto público con el que Zapote busca hacer frente a la caída en la recaudación fiscal y al peso del servicio de la deuda nacional, contemplando una reducción general de ¢393 mil millones en el presupuesto global del Gobierno Central para el 2027.

*Con información de EP, en alianza informativa.