OPINIÓN. Este asunto no se trata del presidente Carlos Alvarado, ni mucho menos de la supuesta investigación por la UPAD, este asunto es una afrenta a la Constitución Política de Costa Rica, algo mucho más grave.
Hay personas en este país para quienes todo es una carita de sonrisa (burla) en Facebook, porque poco comprenden de lo delicado que resulta ser para un país y su sistema político y social, una violación in fraganti e impune como la que están acuerpando en la Asamblea Legislativa para este miércoles 10 de febrero.
La orquestación de este asunto tiene otra motivación: el afán electorero en un año pre-electoral. Cualquiera sabe, lo acepte o no, que se trata de un montaje o espectáculo para interpelar al presidente y atacarlo con todo las armas posibles en medio de la amplia cobertura mediática que habrá.
Sin embargo, no se trata de defender al presidente Alvarado frente a los diputados en el Congreso, él podrá hacerlo solo bastante bien, se trata de una afrenta a nuestra Carta Magna. Porque, incluso, el presidente aceptó estar presente y para muchos analistas este montaje podría ser beneficioso incluso para el mandatario, al desnudar mediáticamente las verdaderas intenciones detrás del asunto.
Se trata de que están flagrantemente pasando por encima de principios constitucionales que son fundamentales para la conformación política de esta nación, como la independencia y la autonomía de poderes, además de que la decisión de interpelar al presidente en el plenario -ante todos los diputados- no lo permite la Constitución. La autonomía de poderes es vital para que un sistema democrático funcione bien y no genere conflictos más graves entre las diferentes fuerzas políticas.
Por otra parte, como bien lo aclaró el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el Congreso se está extralimitando en sus potestades constitucionales para interpelar veladamente a un presidente, lo que afectaría directamente la voluntad del Constituyente, cuando definió un sistema semi-presidencialista para el país.
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¿ALGO MÁS?
Finalmente, este procedimiento excede la lógica parlamentaria y posiciona al Congreso en un papel que no le corresponde desde la legalidad.
En la Ley de Jurisdicción Constitucional dice que…
“Una vez requerida legalmente su intervención, la Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento”.
Según entiendo, la Sala Constitucional no puede emitir una sentencia sobre un tema por voluntad propia, es decir, requiere una acción de inconstitucionalidad o un recurso de amparo. Si el presidente no tiene interés en pedir un amparo o bien nadie presenta una acción de inconstitucionalidad, la Sala no podrá ejercer su poder constitucional.
El jueves pasado consulté al periodista de la Sala Constitucional, Alonso Matablanco, si es posible que este tribunal constitucional emitiera un criterio al respecto, pero no he tenido respuesta.
La preocupación es grande para los demócratas y constitucionalistas serios de este país, porque se está sentando un precedente inconveniente y con una inusitada violencia legislativa (que no se olvide a Silvia Hernández amenazando furibunda con usar a la misma policía para llevar al presidente al plenario, aunque eso no sea posible).
Cuando un país pasa del poder de la legalidad y del respeto a amenazas de un poder de facto y agresor, estamos ante un portillo peligroso para la paz social y el resguardo de la institucionalidad que favorece el equilibrio democrático de una república. Se trata de abrir espacios de violencia política entre los poderes del Estado y, además, que marca un precedente que permitirá a futuros parlamentos hacer lo mismo, de manera que en lugar de realizar su función natural y lógica que es legislar, convierta al Congreso en un órgano que se dedicaría a perseguir al presidente en ejercicio por cualquier tema. Es decir, en una cámara de control presidencial para la politiquería electoral y el bochorno improductivo que ya hemos visto en algunos comportamientos de nuestra Asamblea.
Tengamos claro que estamos de frente a un juicio político velado para este miércoles, aunque la Constitución no permite que eso suceda. Y eso sucederá porque el presidente quiere presentarse y explicar su punto de vista sobre el tema de la Upad, pero nunca porque esté obligado a respetar esta resolución del Congreso.
Y todos sabemos que al presidente no le harán preguntas sobre el caso UPAD, se dedicarán a acusarlo y culparlo reiteradamente de cuanta cosa pueda salir de la imaginación revanchista de algunos opositores coléricos que ya conocemos bien.
Permitir que el presidente Alvarado vaya a comparecer es algo que los costarricenses no podemos permitir dentro del marco del Estado Social de Derecho, que no debemos tolerar de una camarilla de diputados que más bien quieren ser jueces antes que legisladores, trabajo para el que no fueron elegidos por los costarricenses.
Pero si la Sala Constitucional no actúa o no puede actuar como parece ser su deber natural, para el que fue creada, pues entonces estaremos viendo el miércoles otro lamentable circo de nuestra centenaria democracia, uno que no estaba previsto en el libreto constitucional.
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