La Contraloría General de la República determinó que el proyecto de presupuesto 2027 subestima el gasto real del Estado en al menos ¢493.946 millones, lo que a su juicio incumple el principio constitucional de universalidad e integridad presupuestaria: la regla que obliga a que el presupuesto refleje todos los ingresos y todos los gastos reales de la Administración.