La oposición acusó este lunes 9 de noviembre al oficialismo de Pueblo Soberano de desacatar a la Sala Constitucional, porque el plenario abrió la discusión del segundo debate del presupuesto 2027. Horas antes, la Sala había ordenado a la Asamblea “abstenerse de dar segundo debate” a ese proyecto antes del 29 de noviembre.
Para diputadas y diputados del PUSC, el PLN, Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, debatir es parte del segundo debate, y por eso discutir el proyecto viola la orden. Además, lo calificaron como un ataque a la democracia y a la independencia de poderes.
El oficialismo respondió que la medida cautelar solo prohíbe votar. “La consulta lo único que interrumpe es la votación”, sostuvo el diputado José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano. La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, mantuvo la discusión.
La medida cautelar la firmó Fernando Cruz Castro, presidente a. i. de la Sala Constitucional, a pedido de la Corte Suprema de Justicia. Según la Corte, cuatro normas de ejecución presupuestaria bloquean recursos del Poder Judicial y deben revisarse antes de que el presupuesto se convierta en ley.
Pese a esa orden, el proyecto siguió en la agenda del plenario. Por esa razón, la discusión de la tarde no giró sobre el presupuesto, sino sobre una pregunta de fondo: ¿qué significa “dar segundo debate”?
El debate sobre el debate
Para la oposición, la respuesta es clara. “¿Qué significa dar segundo debate? No significa votar, significa discutir. Un debate es una deliberación, es una discusión”, afirmó la diputada Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana.
En la misma línea, la diputada Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, se apoyó en el Reglamento Legislativo. “Según el artículo 149 del reglamento de esta misma Asamblea Legislativa, hay muchísima claridad de que ese segundo debate incluye la discusión y la votación”, explicó.
Además, Dobles leyó la resolución como una orden amplia. “Si la sala hubiera querido solamente detener la votación, lo hubiera hablado con esa claridad. La sala lo que dice es que no se puede dar el segundo debate”, señaló.
Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), coincidió en que discutir y votar son inseparables. “Iniciar la discusión es iniciar el segundo debate, porque son dos actos que van de la mano. Por economía procesal no tiene ningún sentido iniciar una discusión por un proyecto que no se puede votar”, dijo.
Gordienko y Sigrid Segura, del Frente Amplio, plantearon además un problema práctico: el texto podría cambiar. “¿Qué vamos a discutir si no sabemos al final cómo va a quedar ese expediente? ¿Qué tal si la sala lo declara inconstitucional?”, preguntó Gordienko. Segura, por su parte, advirtió que todavía no está claro “cuál va a ser el debido debate”, porque la Sala “todavía no se ha podido referir”.
El oficialismo sostuvo lo contrario. Villalobos, abogado y exdiputado, calificó la posición de la oposición como una “argucia absolutamente violatoria del reglamento” y citó tres normas.
“El artículo 100 de la ley de jurisdicción constitucional es muy claro. La consulta no interrumpe ningún trámite salvo la votación”, afirmó. Luego recordó el artículo 143, inciso 6, del Reglamento Legislativo: “La consulta admitida y notificada interrumpirá la votación del proyecto en segundo debate”.
Además, invocó el segundo párrafo del artículo 98 de esa misma ley. “El proyecto se votará aunque no se haya recibido el criterio de la sala. No dice, el proyecto continuará con la discusión”, argumentó.
Villalobos también leyó los considerandos de la resolución. Según él, la petición de la Corte se refiere tres veces a la votación, y por eso “lo que se pidió es que no se vote en segundo debate”. Como cierre, recordó que, cuando la Asamblea tenía tres debates, “el segundo debate no se debatía, el segundo debate se votaba”.
Un ataque a la democracia, según la oposición
Más allá del pleito jurídico, la oposición elevó el tono. Gordienko acusó a Pueblo Soberano de mostrar “una vez más” su “absoluto desprecio por la autoridad de la Sala Constitucional y por el orden constitucional y legal de Costa Rica”.
Dobles advirtió que desatender la medida cautelar sería “un precedente grave y dañino para nuestra democracia y ciertamente una mancha para este plenario”. “Estamos obligados a obedecer a la Sala Constitucional. Si el plenario legislativo empieza a desobedecer nuestra Constitución y nuestra Sala Constitucional, ¿a dónde nos lleva y qué nos queda?”, preguntó.
Vianey Mora, del Frente Amplio, habló de un patrón. “Es otro acto de hostilidad al órgano que lleva el control constitucional de nuestro país. Y no podemos permitirlo”, afirmó.
Segura fue la más dura. Dijo que hablaba “bajo protesta” y que “en este momento se está desacatando una orden de la sala”. Además, preguntó quién respondería por ese desacato: “¿Lo va a responder usted, señora presidenta?”.
Luego cuestionó la urgencia del oficialismo. “Aquí Pueblo Soberano tiene una urgencia, al parecer, por aprobar un presupuesto inconstitucional. ¿Cuál es la prisa de cometer delitos?”, preguntó.
“Aquí estamos a las puertas del rompimiento del orden constitucional. No es la primera vez que se intenta eso”, sostuvo Segura. Según la diputada, el presupuesto busca que la Asamblea y el Poder Judicial “hagan lo que el gobierno dice”, lo que a su juicio es “una intromisión en todos los poderes de la República”.
También recordó el juramento de los diputados. “¿Acaso ustedes aquí no juraron el 1 de mayo junto con todas las compañeras y compañeros diputados que íbamos a obedecer y a respetar la constitución política?”, cuestionó.
Por su parte, Ramírez celebró la decisión de la Sala. “Nos da mucha satisfacción que aquí se está respetando la institucionalidad y que este país tiene pesos y contrapesos que impiden que se viole la constitución política”, dijo. Según el liberacionista, el Gobierno “decidió no escuchar las advertencias” que su fracción hizo desde la Comisión de Hacendarios.
El PLN, además, presentó su propia consulta a la Sala y pidió otra medida cautelar. La diputada Diana Murillo explicó que las normas cuestionadas dan a la Comisión de Ingreso y Gasto Público el poder de aprobar la liberación de cerca de ¢30.000 millones del Poder Judicial e incluso de verificar sus plazas.
Mientras tanto, la votación final sigue en suspenso. Si la Sala no se pronuncia antes, la Asamblea tendrá solo el 29 y el 30 de noviembre para aprobar el presupuesto 2027 dentro del plazo que fija la Constitución.
Una resolución esperada
También la diputada Abril Gordienko, el diputado Nogui Acosta y de nuevo Álvaro Ramírez expresaron su criterio sobre la resolución de la Sala:
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