El presupuesto 2024 para educación es aún más bajo que el del año anterior y se se ubica con el porcentaje más bajo de los últimos 17 años en Costa Rica, según la diputada liberacionista Sonia Rojas.

Rojas manifestó su “preocupación sobre la baja asignación presupuestaria para el sector educación”, más aún un día después de que el Programa Estado de la Nación publicara su informe sobre el Estado de la Educación, donde se revelan serios, muy serios, problemas nunca antes vistos en el país.

Según el Estado de la Educación, el presupuesto para la educación costarricense de este 2023 fue el más bajo en 9 años, pero si la diputada Rojas tiene razón ese dato sería “superado” para el 2024, donde de nuevo la educación es sacrificada por el Gobierno sin que la ministra Ana Katharina Müller o las jerarquías del Ministerio de Educación defiendan ese recurso fundamental.

La legisladora afirma que el Gobierno sigue sacrificando el rubro de educación como no sucedía desde hace mucho tiempo y el llamado apagón educativo se sigue profundizando en los últimos dos años.

Hoy el Ministerio de Hacienda presentó el presupuesto ordinario para el año 2024 con un aumento del 3% y empezará su análisis en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso. En total será de ¢12.635.552 millones si es aprobado en su totalidad por parte del Poder Ejecutivo.

Estado de la Educación es simplemente lamentable

El informe del Programa Estado de la Nación (PEN) afirma que “el debilitamiento en la inversión es una de las tendencias más graves, porque mejorar la calidad del sistema educativo depende tanto de la garantía de los recursos necesarios para superar los rezagos históricos que arrastra el país como de la atención de los desafíos generados por la pandemia”.

“Respecto al Producto Interno Bruto (PIB), el presupuesto asignado para educación en 2023 ha sido el más bajo de los últimos nueve años, lo cual impacta fuertemente en las políticas que buscan la permanencia de poblaciones vulnerables en el sistema educativo, por ejemplo, mediante incentivos como becas, transporte o el servicio de comedor”, comenta Dagoberto Murillo, investigador del PEN.

Según datos obtenidos de la Contraloría General de la República, que aporta el informe, “el monto otorgado al sector educativo este año es de aproximadamente 2.780 millones de colones (6% del PIB), lo cual significa un decrecimiento del 1,2% con respecto al presupuesto inicial del 2022 y un incumplimiento constitucional de invertir el 8% del PIB en educación”.

“En términos reales, la inversión social en educación por habitante cayó un 6,4% en el período 2017-2021. Esto ha impactado los programas de equidad que promueven el acceso y permanencia de la población estudiantil en condición de pobreza en el sistema educativo”, devela el estudio.

“En el 2015, el país invirtió 181 mil millones de colones en programas de equidad; en 2019, alcanzó su punto más alto, 268 mil millones; y, actualmente, el monto estimado es de 197 mil millones. Es decir, en cuatro años estos programas habrían perdido cerca de una cuarta parte de su poder adquisitivo”, puntualiza Murillo.

“Incrementar el acceso y apoyar la permanencia y la graduación de la población en la educación superior requiere de inversión pública suficiente y sostenida, especialmente considerando el apoyo que requiere la población más vulnerable, la cobertura en regiones y la ampliación de la oferta en STEM para cerrar tanto las brechas de género como las que existen con respecto al promedio de los países de la OCDE”, .

Mientras se realizan estos cuestionamientos concretos con datos, la ministra de Educación Ana Katharina Müller salió al paso desestimando esta importante investigación en su novena edición con falacias ad hóminem, es decir, atacando al PEN, sin siquiera leer con atención el informe para buscar soluciones. Pareciera más una respuesta para redes sociales y troles que la de una profesional de la educación en un alto cargo.