Tres organizaciones culturales —Movimiento Transparencia, Fundación ACUA y Fundación Interartes— propusieron crear una Comisión Superior de Premios Nacionales (Cosuprena), de funcionamiento autónomo, para sacarle al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) el control exclusivo sobre el otorgamiento de los Premios Nacionales de Cultura y Arte.
La propuesta llega mientras el Ministerio tramita una reforma a la Ley 9211 que, según estas organizaciones, “no alcanza los cambios debidos” pese a meses de consultas. Según los artistas y creadores de las artes y la cultura, muy ajenos con el manejo que realiza el ministro de Cultura actual, Jorge Rodríguez Vives, la propuesta del ministerio se equivoca por el fondo. Critican la opacidad y actitud del ministro Rodríguez.
El reclamo central es que el MCJ actúa hoy como “juez y parte” del proceso. Fundación ACUA y Fundación Interartes lo plantearon así en el documento que enviaron a la Asamblea Legislativa: “ningún ministro puede ser experto en todos los campos” y, con la reforma propuesta, “el ministro no tendrá un comité de expertos externos, con enfoques interdisciplinarios, que no sean los que provienen de sus subalternos”.
Las organizaciones también objetan que la ley siga llamando “incentivo” a estos reconocimientos. Proponen que se lea, en cambio, “reconocimiento a la excelencia”, porque los Premios Nacionales son, en su criterio, “premios a la excelencia y maestría en el campo premiado, sin importar la edad del postulante”.
El detonante más reciente de la controversia son las denuncias de Movimiento Transparencia sobre el jurado que falló los Premios Aquileo J. Echeverría. El grupo documentó que la novela Donde nadie, del profesor universitario Carlos Villalobos, participó con dos ediciones —una en España (2023) y otra en Costa Rica (2024)— “catalogadas ambas como primera edición”.
También señaló vínculos entre jurados y autores premiados: “se han descubierto vínculos estrechos entre varios jurados y autores premiados […] estos vínculos han puesto en evidencia una falta de objetividad que afecta la integridad del proceso”. Según la denuncia, la editorial que publicó la obra de uno de los premiados “no cumple con los requisitos legales mínimos para ser considerada una editorial formal” y aparece disuelta por ley en el registro.
Las organizaciones coinciden además en rechazar una norma específica de la propuesta ministerial: que la persona ganadora de un Premio Nacional integre automáticamente el jurado del año siguiente.
Movimiento Transparencia lo calificó de riesgoso para la independencia del proceso: “consideramos que ese mecanismo puede fortalecer círculos de reciprocidad y posibles conflictos de interés, precisamente donde la reforma debería procurar mayores garantías de independencia”. Fundación ACUA e Interartes coincidieron: “una persona ganadora no necesariamente cumple con los requisitos indispensables para la conformación de un jurado”.
Pese a haber participado en espacios de diálogo con el MCJ —donde, según Transparencia, se les informó que algunas de sus observaciones serían acogidas, como la inclusión de la literatura infantil en los Aquileo y una declaración jurada de autoría—, las tres organizaciones denunciaron que nunca recibieron el texto sustitutivo actualizado antes de que avanzara en la Asamblea.
El 25 de setiembre solicitaron por escrito ese borrador al despacho del ministro Jorge Rodríguez Vives. “Sería saludable que el texto actualizado sea conocido públicamente antes de que la reforma continúe avanzando en su trámite legislativo”, plantearon en su comunicado conjunto del 28 de setiembre.
Premios Nacionales de Cultura
El trámite de la reforma, paso a paso
El MCJ, por su parte, describe la reforma como un esfuerzo por “modernizar y hacer más inclusivo el sistema de reconocimientos culturales en Costa Rica” y “ampliar las categorías, integrar nuevas disciplinas y establecer mecanismos de evaluación más claros, justos y representativos de la diversidad artística y cultural del país”.
El Ministerio abrió una nueva consulta pública sobre el proyecto, que contempla jurados de cinco miembros —uno del MCJ, uno de las universidades públicas vía CONARE y tres ganadores anteriores de cada categoría— y la creación de cuatro premios nuevos, entre ellos uno de música popular y otro de gastronomía, que no tienen objeción.
Sin embargo, permanece una de las críticas más fuertes realizadas a esos premios: su endogamia. Históricamente estos premios han sido endogámicos y hasta corruptos (por tráfico de influencias), es decir, amigos premiando amigos o jurados premiando a los cercanos por relaciones o afinidades ideológicas, institucionales (UCR, UNA, etc.), familiares y hasta de clase. Muchas propuestas terminan siendo excluidas por no estar entre los grupos con afinidades, pero además genera constantes conflictos entre diferentes grupos de interés.
Los representantes del MCJ normalmente coinciden con las universidades, con algunas excepciones, mientras que los ganadores serán jurados para premiar otras obras que coincidan con sus afinidades y cercanías en esos planos: ideológicos, institucionales, generacionales, familiares o incluso de clase.
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