A puertas cerradas negociaron Tratado Transpacífico y ahora lo van a firmar sin tomar en cuenta la amplia oposición de varios productores del sector agropecuario que se verán severamente afectados, como los ganaderos y caficultores. La queja no es jugando y puede traer una revuelta social muy seria al país.

Diputados cuestionan la opacidad y secretismo

La diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció con esa frase que las condiciones de adhesión de Costa Rica al Tratado Transpacífico fueron negociadas sin que los principales sectores productivos conocieran el contenido acordado.

Murillo solicitó formalmente a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, el texto del acuerdo y la invitó a un foro público en la Asamblea Legislativa. La funcionaria no ha respondido.

Según el comunicado de la diputada, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) respondió mediante el oficio DM-COR-CAE-0625-2026, del 10 de setiembre, que el protocolo con las condiciones negociadas está en revisión legal y se prevé firmarlo en noviembre. Es decir, el texto solo se conocería una vez firmado por la presidenta y enviado después a la Asamblea Legislativa.

“Estamos hablando de un acuerdo al que Costa Rica se estaría adhiriendo, no de una negociación que estemos realizando desde cero. Por eso considero fundamental conocer las condiciones que ya fueron negociadas antes de la firma y discutirlas con transparencia; no estoy de acuerdo del secretismo con el cual el gobierno ha manejado este tratado”, señaló Murillo.

La diputada afirma que representantes de los sectores lechero, ganadero, agrícola y pesquero le han manifestado que no participaron en las negociaciones y desconocen las condiciones acordadas.

Este sábado, el Frente Amplio se sumó a los cuestionamientos. Sus diputados por Alajuela, Edgardo Araya y Sigrid Segura, se reunieron en Zarcero con productores lecheros que expresaron sus preocupaciones sobre el acuerdo. El partido llamó a proteger la producción nacional para que la alimentación del país no dependa de terceros ni favorezca a los intermediarios.

Murillo señaló además que el PLN analiza si la aprobación legislativa del tratado requerirá mayoría simple o los 38 votos calificados, y reiteró que su fracción no se opone a los tratados comerciales, sino a que se negocien condiciones desfavorables sin consultar a los sectores afectados.

Sectores afectados en pie de guerra

Esas preocupaciones se expusieron en el foro “Tratado Transpacífico: retos y oportunidades para Costa Rica”, realizado el 17 de setiembre en la Asamblea Legislativa, con la propia Murillo junto a representantes de Corfoga, la Cámara de Productores de Leche y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), además de otros diputados y diputadas.

En ese mismo foro, Abel Chaves, vicepresidente de la CNAA, cuestionó que la adhesión no equivale a negociar un nuevo tratado, sino a incorporarse a reglas ya establecidas por los países miembros.

“Oportunidades que presenta el tratado realmente para el sector agropecuario: ninguna, cero. Tenemos un país que todavía no está preparado para entrar a disputar estos mercados. Costa Rica necesita una reestructuración total”, manifestó Chaves.

Ivannia Quesada, presidenta de la Cámara de Productores de Leche, comparó las condiciones con las de Nueva Zelanda, que produce 21 mil millones de litros de leche al año frente a los 1.200 millones de Costa Rica.

“Si firmamos el acuerdo transpacífico, incorporaríamos los lácteos de manera innecesaria porque ya firmamos tratados donde quedaron fuera. Es un despropósito compararnos con Australia, con Nueva Zelanda. Somos países y economías totalmente distintas“, comentó Quesada.

Por su parte, Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga, insistió en excluir los productos cárnicos del tratado, argumentando que Costa Rica sacrifica cerca de 400 mil cabezas de ganado al año frente a los 8,5 millones de Australia.

“Costa Rica entra de último, nos tocaba beber agua sucia. Todos los demás se defendieron y excluyeron sus intereses. En este tratado se tiene que negociar todo, no hay exclusiones”, señaló Obando.

El Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) también se opone al proceso. Su director ejecutivo advirtió que el país perdería la regla de origen que garantiza que el café sea cultivado en territorio costarricense, y que el sector quedaría expuesto a competencia desleal frente a productores como Vietnam. La Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) planteó una posición similar respecto al arroz.

A esas voces se suman la Universidad de Costa Rica, que pidió frenar el proceso por riesgos que calificó de “devastadores” para el agro, y la Iglesia católica, que en mayo llamó a suspenderlo y proteger a los productores nacionales.

Incluso en redes sociales ya se dan manifestaciones libres en contra, como la de Alejandro, hijo de ganadero que se hizo viral en redes al publicar este video para comprometer, también, a los jóvenes en la lucha por la producción nacional:

Solamente las cámaras de comercio, que incluyen a los importadores y comercializadores de productos en el mercado nacional, además de las empresas de zonas francas que pertenecen a capitales extranjeros, han celebrado la conclusión de las negociaciones, al considerar que abre acceso a un mercado de cerca de 600 millones de consumidores y reduce la dependencia de Costa Rica de mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, no mencionan las disparidades obvias con mercados enormes y es claro que solamente velan por sus intereses comerciales, es decir de compra y venta de lo producido por otros.