Así lo declaró la Sala Constitucional, al acoger favorablemente por mayoría un recurso de hábeas corpus: la detención fue injustificada e irrazonable, determinó el órgano constitucional.

La detención se realizó precisamente en una manifestación contra la violencia policial el pasado 9 de setiembre en las afueras de la Asamblea Legislativa, lo que evidencia que la Policía suele actuar con violencia en las manifestaciones públicas.

Resolución constitucional

La Sala afirmó que su resolución se basó en los hechos probados mediante las pruebas que aportaron las partes.

En concreto, la detención de la persona tutelada se consideró injustificada e irrazonable porque “se observó que ella estaba dentro de un grupo de personas que incluía tanto a manifestantes como policías. Se estableció que otros policías empujaron a ese grupo, ocasionando que otras personas, incluyendo a una oficial de policía, cayeran al suelo“.

En esa prueba, según el Constitucional, “las autoridades del Ministerio de Seguridad justificaron la aprehensión de la persona tutelada porque, según alegaron, se había aprovechado de una situación de superioridad numérica para patear a una oficial de policía que se encontraba en el suelo. Empero, los videos analizados por la Sala evidenciaron que la amparada también había caído al suelo y en ningún momento había pateado a alguna oficial de policía”.

En este video se pueden ver parte de los hechos acaecidos ese día:

Según los hechos que narra el tribunal, en un momento de la protesta “hubo disconformidad generalizada de los manifestantes por la aprehensión de uno de ellos e, incluso, obstrucción de la labor de la unidad policial encargada en ese momento. Cuando el conflicto más bien mermaba, pues la persona
aprehendida ya había sido retirada del lugar, llegó la Fuerza Pública y empezó a empujar a varios manifestantes para que retrocedieran, lo que desencadenó la situación de violencia”.

Diputadas y otros manifestantes agredidos

En esa manifestación la diputada Priscilla Vindas del Frente Amplio fue agredida y puso una denuncia judicial ante el OIJ por la agresión de la Fuerza Pública.

Varios medios reportaron que policías de la Fuerza Pública perdieron el control y atacaron a los manifestantes de varias formas y eso generó un cuadro de violencia entre los manifestantes y la policía.

La marcha fue convocada por varias organizaciones feministas, entre otras, que protestan por lo sucedido por una supuesta agresión sexual que vivió una mujer en Alajuela.

“La Fracción del Frente Amplio condena la violencia policial con la que hoy efectivos de la Fuerza Pública arrestaron a cuatro manifestantes (dos mujeres, una persona no binaria y un hombre), durante la marcha contra la violencia policial, realizada esta mañana, convocada por la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria, colectivos y organizaciones”, comunicó la agrupación política.

El Estado es condenado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Como es bastante usual, la magistrada Anamarie Garro Vargas se separó de la resolución mayoritaria y declaró sin lugar el recurso “en atención a algunos aspectos probatorios”.

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