La discriminación racial contra los niños y niñas, así como sus costumbres, es asunto común en la educación, bajo el amparo de reglamentos conservadores y normas poco precisas.

Hace unos meses el Ministerio de Educación volvió sobre un reglamento que prohíbe una gran cantidad de expresiones personales, como el pintarse las uñas, usar aretes o pendientes, entre otros; un claro retroceso a la década de los años ochenta del siglo pasado. Se confunde claramente la línea entre lo que es tradición o cultura y lo que no lo es para las autoridades conservadoras.

Una estudiante de 8 años fue apartada de un acto cívico en el Colegio La Asunción, en San Isidro del General, Pérez Zeledón, por usar un vestido tradicional afrocaribeño con tirantes, confeccionado por su abuela. El hecho ocurrió el martes 1° de setiembre, durante la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense en ese centro educativo privado subvencionado por el Estado.

Según la denuncia presentada por la diputada oficialista Esmeralda Britton González ante el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Defensoría de los Habitantes y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), las autoridades del colegio habían indicado previamente a las familias que los estudiantes podían asistir con vestimenta alusiva a la fecha, sin comunicar ningún tipo de restricción.

La niña fue retirada del evento frente a sus compañeros por la docente a cargo, bajo el argumento de que el vestido tenía tirantes. Fue ubicada en un lugar de aislamiento donde el resto del grupo podía verla llorar, según el oficio de la legisladora. La institución contactó luego a la abuela para que la recogiera.

Al llegar, la abuela cuestionó a la docente por el trato diferenciado, señalando que a las estudiantes del nivel materno sí se les permitió participar con blusas sin tirantes o “strapless” sin objeción alguna. Ante ese reclamo, la docente procedió a retirar también a otras niñas que vestían trajes tradicionales similares, y en el proceso se llegó a romper o dañar el vestuario de algunas de ellas, indica la denuncia.

La Defensoría de los Habitantes confirmó que abrió una investigación de oficio a partir de una denuncia que circuló en redes sociales sobre el caso. Como parte de esa gestión, solicitó al MEP que informe sobre las acciones que adoptará para “intervenir, reparar y restituir la situación denunciada”, y que indique si la Dirección de Educación Privada pidió un informe al centro educativo.

La Defensoría pidió además que el Ministerio precise si el nuevo Reglamento de Centros Docentes Privados, actualmente en elaboración, contempla sanciones por actos de discriminación, y cuál es la fecha prevista para su aprobación.

En su oficio a las tres instituciones, la diputada Britton citó el artículo 1 de la Constitución Política, que declara a Costa Rica una república multiétnica y pluricultural, y el artículo 33, que prohíbe cualquier forma de discriminación contraria a la dignidad humana. Señaló también la Convención Interamericana contra el Racismo de la OEA y el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos tribales.

La legisladora invocó asimismo la Ley N.° 9526, que declara agosto como el Mes Histórico de la Afrodescendencia y el 31 de agosto como fecha de celebración nacional obligatoria. Britton solicitó a las tres entidades que se dé trámite al caso “con toda celeridad” y que se cumplan los plazos de ley.

Es curioso que sea la diputada del partido de Gobierno la que tenga que invocar precisamente contra normas que generan discriminación, como sucede con las normas retrógradas de los últimos meses en el MEP.