Los criterios técnicos que explican el porqué fueron rechazados los proyectos del presidente Chaves sobre el tema de seguridad en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, fueron aportados esta tarde por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista.

El diputado Campos Cruz es representante del PLP en comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y mostró en el plenario una contundente molestia contra las manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves en la presentación de lo que denominó la “política nacional de seguridad”.

Chaves despotricó contra los diputados y desplazó las culpas en el tema, además de renunciar a gobernar en el tema proponiendo proyectos de ley en las sesiones extraordinarios, cuando es potestad y deber del Ejecutivo de convocar.

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Campos cuestionó sus afirmaciones y dijo que aportaría los elementos técnicos, que no pueden ser explicados en 5 minutos de un discurso en el plenario legislativo. Mediante un comunicado, hoy el legislador envió un estudio pormenorizado de los proyectos que Chaves Robles quería en estas sesiones extraordinarias y del porqué fueron rechazados.

Como consecuencia de la renuncia del presidente Chaves a proponer sus propias iniciativas y encarar las soluciones viables al tema de seguridad, los diputados de esa comisión legislativa recibieron hoy una nueva convocatoria del Poder Ejecutivo, donde incluyen proyectos avanzados en sesiones ordinarias que son de preferencia de los diputados por su construcción y viabilidad.

“La Comisión no va a escatimar esfuerzos para aprovechar cada minuto de las actuales sesiones ordinarias para avanzar en la agenda de propuestas de ley que verdaderamente aportarán soluciones al problema de inseguridad” que atormenta a la población por las acciones de la delincuencia organizada”, subrayó Campos.

La anterior convocatoria del Gobierno, “además de ser insuficiente, no solventaba la compleja situación de inseguridad, que se refleja en el incremento exponencial de la cantidad de homicidios dolosos con respecto al 2022”, expresó el congresista liberal.

Además, Campos lamentó la desconvocatoria del expediente No. 23.690, el único de los proyectos que planteó el Poder Ejecutivo que se pudo corregir para hacerlo calzar en el orden jurídico del país y afirmó que “existe fuerte sustento técnico y legal para rechazar el resto de los expedientes que puso a despacho el Gobierno al inicio de las sesiones ordinarias, algunos con inconstitucionalidades y roces con otras leyes que los hacían insalvables”.

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Rechazados los proyectos del presidente Chaves: ojo los criterios técnicos

La oficina del diputado Campos explicó así los errores de los proyectos enviados por Casa Presidencial y que ya fueron desconvocados:

► 23692 Ley para restaurar la seguridad ciudadana y contener a los delincuentes que representar un peligro para la sociedad.

Es derecho penal de autor, esto quiere decir que es absolutamente subjetivo al dejar sujeta a interpretación la definición de quién es peligroso para la sociedad, cuando lo idóneo es que la Ley no deje espacio a interpretaciones.

Persona imputada respondería no por un acto delictivo específico, sino por su comportamiento general en sociedad.

No define bien quién es un peligro para la sociedad.

Convierte el instituto de la prisión preventiva, que es una medida cautelar grave, en la norma y no en la excepción, violando la presunción de inocencia.

► 23688 Ley del Sistema Penitenciario Nacional

Las disposiciones del proyecto que afectan los derechos humanos de los privados de libertad se encuentran desarrolladas a nivel reglamentario.

Proyecto no permite que dichas disposiciones se ajusten al necesario requisito de encontrarse dispuestas en un desarrollo normativo a nivel legislativo.

No contiene medidas claras de ejecución de la pena, como las que ha propuesto la Sala III de la Corte Suprema de Justicia para llenar las carencias que tiene la legislación actualmente, específicamente, el Código Penal.

► 23689 Reforma a Ley de Armas y Explosivos.

Endurece la regulación solo contra aquellas personas que tienen licencia de portación de armas legales y viola el principio de presunción de inocencia al impedirles a los elevados a juicio tener un permiso de portación de armas.

No contiene ninguna reforma contra la portación y tenencia de armas ilegales, como los fusiles de guerra automáticos, no contempla ninguna reforma a los artículos 89, 90 y 91, además del 25 de la Ley de Armas y Explosivos, que definen las penas y cuáles son armas ilegales.

Dichas reformas, además, son innecesarias pues ya hay penas en la Ley de Armas y Explosivos contra la tenencia y portación de armas ilegales.

► 23691 Ley para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad violenta y la delincuencia organizada

Comete el yerro de confundir delincuencia organizada con criminalidad organizada, causando un problema de conexidad.

Proyecto no armoniza con la tipificación dispuesta en otros cuerpos legales sobre delincuencia organizada, provocando problemas de interpretación de las actividades delictivas de un grupo de personas.

Utiliza conceptos jurídicamente indeterminados, ambiguos y que obligarían a los jueces a interpretar quién es un menor que representa un peligro para la sociedad.

Existe el riesgo de tratar a menores como adultos, ignorando su desarrollo neurológico y maduración distintos.

El término “peligro” no está definido, contradiciendo el principio de presunción de inocencia.

Duplicar plazos de detención provisional va en contra de los esfuerzos por juzgar a los menores lo más rápido posible.

► 23690 Ley para la Modernización de la Intervención de las Comunicaciones

Es el único proyecto de la lista que presentó el Poder Ejecutivo que se podía arreglar.

La oposición fue la que tuvo que asumir la tarea, específicamente el despacho del diputado Horacio Alvarado, que preparó un texto sustitutivo que subsanó muchos de los errores originales que contenía el proyecto, que ya está en el Plenario listo para su votación final.

El texto original cometía errores graves, como dejar por fuera al director del OIJ, y a los jueces, de la potestad de solicitar la intervención de las comunicaciones en caso de sospecha de delitos graves.

En su texto original enviado por el Poder Ejecutivo permitía a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) realizar intervenciones telefónicas.

Normativa obliga al Ejecutivo a garantizar seguridad a la población

El diputado Campos Cruz también destacó que la Constitución Política (artículo 129); la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública (artículo 2); la Ley General de Policía (artículo 1), y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligan al Poder Ejecutivo a garantizar la protección de los derechos humanos frente a la grave amenaza que representa la violencia con la que actúan las bandas de crimen organizado.
“El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, fue elegido en elecciones libres y democráticas para gobernar. En esa tesitura es que no entendemos que el mandatario tira la bola a las y los señores diputados la responsabilidad de tomar las riendas de las acciones contra la inseguridad. Es un tema de legalidad que el señor presidente no puede evadir, como lo ha hecho.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José, tiene jurisprudencia contundente que le da a la seguridad ciudadana el estatus de derecho humano que conmina a los Estados miembros a instrumentar una política de Estado realista, efectiva y eficaz para garantizar ese derecho humano. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 es clara en que la dignidad de la persona también se garantiza defendiendo el derecho de cada miembro de la sociedad a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
“Esperamos que el presidente de la República también cumpla con su juramento de respetar las leyes de la República, empezando por la Constitución Política que, en su artículo 139, inciso 3), le impone el deber exclusivo de ejercer el mando supremo de la fuerza pública”, agregó el legislador.