La situación de las culturas indígenas costarricenses transita desde un olvido histórico hasta el más reciente envalentonamiento para recuperar las tierras que les fueron hurtadas mediante ventas fraudulentas en las décadas anteriores.

El vox pópuli es que ellos son los habitantes originales y los verdaderos dueños de estos territorios, pero que el saqueo por parte de culturas invasoras -los españoles, ingleses y estadounidenses, principalmente- los han ido desplazando hacia las montañas, mientras se les denigra y se les olvida.

Y es cierto, durante siglos los indígenas nativos han tenido que desplazarse a las montañas y los pueblos que tienen roce con los “blancos” o no indígenas son absorbidos culturalmente. Sus territorios protegidos por ley fueron luego adquiridos por no indígenas mediante registros corruptos e ilegales, grandes fincas fueron cambiadas por caballos o unos cuantos colones en medio de una borrachera, con la confabulación de algún abogado corrupto. Y entonces tenían que migrar más hacia la montaña.

Pero a principios de este siglo, los indígenas empezaron a adquirir conciencia de que ya no podían ser olvidados y que tienen derechos irrenunciables. Las universidades públicas y organizaciones no gubernamentales, así como de las Naciones Unidas, empezaron a capacitarlos para adquirir certeza de sus derechos.

Y los gobiernos, lentamente y con reticencias racistas de muchos de sus funcionarios, empezaron a mirar hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, ya existía una organización denominada Comisión Nacional de Asuntos Indígenas -CONAI- que enfrentaba serias acusaciones de corrupción y era el espacio donde se podían identificar las divisiones que enfrentaban las mismas comunidades, entre familias y grupos de indígenas, así como entre indígenas y otros indígenas mezclados con no indígenas.

La corrupción de la CONAI se daba principalmente en el aprovechamiento de unos en detrimento de otros, pero los gobierno no intervenían de manera decisiva. El desprestigio de la institución fundada en 1973 se daba incluso al nivel de cómo había aceptado la venta irregular de extensos terrenos que estaba dentro de los territorios protegidos.

La Ley Indígena de diciembre de 1977 decretó que los territorios indígenas no podían ser traspasados mediante la venta. La Sala Constitución, en una reciente resolución, dejó claro que cualquier compra posterior a esa fecha se hizo de mala fe, porque nadie puede implorar desconocimiento de la ley. Por tanto, es nula.

Así las cosas, en las décadas de los ochentas, noventas del siglo pasado e incluso a principios de este siglo, fueron compradas fincas que no podían ser adquiridas de ninguna manera, brincándose la Ley Indígena y, por ello, dejando ver la mala fe y la ilegalidad de los compradores. Los indígenas no se dieron cuenta, hasta que recibieron asesoría externa, principalmente de las universidades, pero fue con los gobiernos de Laura Chinchilla y, principalmente, de Luis Guillermo Solís, que se habló de solucionar un complejo problema.

Durante la década pasada, se empezaron a analizar esfuerzos, mediante consultas legales y consultas a las comunidades, de manera que se empezó a hablar de la posibilidad de recuperar las tierras desde el estado. Y se empezaron a valorar las posibilidades de hacerlo y cómo hacerlo desde finales de la administración Solís Rivera.

Una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los indígenas en sus luchas por recuperar los territorios, pero aún así los conflictos fueron azuzados por cabezas calientes y propietarios de los terrenos mal habidos. El Gobierno falló en garantizar la protección de los indígenas, a pesar de desplazar operativos constantes en las fincas que fueron tomadas por grupos de indígenas.

Dos indígenas recuperadores de tierras fueron asesinados, el bribrí Sergio Ortiz en su casa mediante un homicidio planeado que no pudo ser resuelto por las autoridades de investigación judicial -OIJ-. La investigación se dio por concluida y el delito quedó impune.

Después el bröran Jehry Rivera fue baleado frente a varios testigos en una disputa por un territorio en Térraba. El no indígena que lo mató incluso se jactó de ello frente a autoridades del Gobierno actual, pero luego fue liberado por las autoridades judiciales, al anular una condena de 22 años de cárcel por el asesinato, mediante una serie de artilugios legales que rebuscaron errores en la pesquisa y presentación de la prueba, aunque había una testigo que vio el asesinato y así lo testificó. Lo más grave es que la misma mujer que dio el testimonio fue amenazada por Juan Varela Rojas, el imputado por este asesinato.

El Instituto de Desarrollo Rural -INDER- empezó un ambicioso plan durante el Gobierno Alvarado Quesada, después de un proceso de medición y topografía de las fincas reclamadas por los grupos indígenas, para comprar las fincas y devolverlas. Después de identificar el problema y hacer los registros respectivos, en el año 2021 el INDER logró un presupuesto para el año 2022 empezar con la adquisición de la fincas por un valor de 3.200 millones de colones.

Desde el 2021 se presupuestó para su aplicación en el año 2022 el monto de ¢3.200 millones para el Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas (RTI), donde por primera vez fueron destinados fondos para la recuperación de tierras para las comunidades originarias, como lo indica la misma institución en este comunicado de marzo de 2022.

Lamentablemente, el presidente actual, Rodrigo Chaves, afirmó que este era el único gobierno que había destino dinero para la recuperación de tierras, algo que evidentemente es una mentira.

El año pasado se dio el primer caso de la compra de una propiedad por parte del estado y su devolución a los indígenas en Conte Burica. En ese acto el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, afirmó que el mérito es de este Gobierno, aunque es claramente un proceso de muchos años. En esta oportunidad el finquero actuó de buena fe y la vendió, pero fue expuesto en un evento público donde se realizó la firma. Si los propietarios no actúan de buena fe, entonces deber ser expropiados y el proceso se hace aún más largo.

Otros procesos vienen en camino, pero las tierras por recuperar, en todas las 24 comunidades indígenas son muchas. Además de las disputas en territorios de Buenos Aires -bröran, boruca, bribri y cabécar-, también hay disputas en China Kichá en Pérez Zeledón y en comunidades Ngäbe de la zona sur. Hoy también se habla de terreno en la margen caribeña de la Cordillera de Talamanca, así como en las comunidades Maleku, al norte del país.

Las culturas indígenas siguen en su lucha por revalorizar quiénes son y cuáles derechos les asisten, así como explotar y dar a conocer su arte y sus tradiciones culturales. Hay tradiciones ancestrales que hoy tienen más realce en el país e incluso fuera de las fronteras, como el Juego de los diablitos y las máscaras borucas, la “Jala de la piedra” en Amubri de cultura bribri, la balsería Ngäbe y otras tradiciones.

Aunque queda mucho por resaltar, mejorar y recuperar, lo cierto es que en los últimos 10 años las culturas indígenas de nuestro país han logrado avanzar en temas importantes. Ayer se celebró el Día de la Persona Indígena Costarricense y siempre es importante, además de conmemorar, también de hacer la reflexión respectiva.