Gobernar en democracia – Voz Propia

Sinergia por la democracia: Grupos de diversa índole convocan a manifestación el jueves en la Plaza de la Democracia para respaldar al Poder Judicial, OIJ y Fiscalía
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Por Omar Jiménez Camareno. En democracia gobernar es dirigir, no es mandar.

Gobernar en democracia no es  imponer, es saber negociar con transparencia y absoluto respeto a las discrepancias.

En democracia un buen gobierno debe tener la capacidad de dialogar, de concertar, de construir acuerdos para resolver los principales problemas  y alcanzar el desarrollo del país, respetando los derechos y las diferencias que existen entre los diferentes sectores de la sociedad civil y los diferentes actores políticos.

En un sistema democrático las autoridades políticas deben someterse siempre  al derecho.

El artículo 11 de nuestra Constitución Política establece el principio de sujeción del ejercicio de la gestión pública al ordenamiento jurídico (principio de legalidad).

“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…”

En el mismo sentido el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública señala:

“La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.”

En democracia, el poder está dividido para evitar la concentración del poder en manos de una sola persona y de esa forma impedir que el gobernante actúe de forma autoritaria y se convierta en un dictador.

En nuestro país el poder político se divide en tres poderes:

El poder legislativo que es el encargado de aprobar las leyes y de ejercer, en nombre de la ciudadanía, el control político sobre la labor del ejecutivo.

El poder ejecutivo que es el encargado de ejecutar las leyes y de realizar la
labor administrativa en la gestión pública.

El judicial que se encarga de aplicar las leyes a la ciudadanía y ejercer el
control judicial sobre las actuaciones de los otros dos poderes políticos.

De manera que, si bien es cierto que existe división de poderes, es importante
tener claro que esa división de poderes no implica una separación absoluta que impide que un poder pueda tener injerencia sobre la labor de los otros.

Veamos:

1- En nuestro país, la aprobación de las leyes le corresponde a la Asamblea Legislativa, sin embargo, el presidente de la República tiene la potestad de vetar una ley aprobada por los legisladores. Así mismo, durante las sesiones extraordinarias del Congreso, el Ejecutivo tiene la iniciativa de proponer leyes y los diputados solo pueden discutir y aprobar o rechazar los proyectos que le envíe para su conocimiento el Poder Ejecutivo.

Ahora bien, y aunque resulte casi ilógico tener que explicarlo, los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo al Congreso deben de cumplir con los requisitos constitucionales y técnicos que el propio ordenamiento jurídico requiere, de lo contrario los diputados no pueden aprobarlos y eso no implica que estén
impidiendo gobernar.

Es evidente que no es correcto culpar a los diputados por no aprobar proyectos de ley  que les envía el Ejecutivo cuando estos proyectos no cumplen con los requisitos constitucionales y técnicos mínimos.

Es claro, es elemental que es responsabilidad del ejecutivo enviar a la Asamblea Legislativa proyectos bien hechos.

2- La administración de la gestión pública le corresponde al Poder Ejecutivo, pero esta gestión debe ser realizada en estricto apego a la ley y al correcto uso de los recursos públicos.

Esto significa que si bien la labor de administración le corresponde al Ejecutivo, el Presidente de la República y su equipo, están sometidos al control político que ejercen los diputados.

3- A su vez, los diputados y el ejecutivo están sometidos al control judicial.

Por una parte las leyes que aprueben los diputados deben cumplir con las normas constitucionales y corresponde a la Sala Constitucional ejercer ese control

Por otra parte, los actos del ejecutivo también están sometidos al control
judicial, ya que deben limitarse a lo que la Constitución y las leyes le
permitan realizar.

En democracia, ni la Constitución, ni las leyes impiden gobernar, al contrario, el gobernante debe tener la capacidad de realizar su labor de forma honesta, transparente, eficaz y eficiente cumpliendo estrictamente el ordenamiento jurídico.

En democracia, la Asamblea Legislativa no es un obstáculo que no deja gobernar, al contrario, el presidente de la República y su equipo, deben tener la capacidad
política de trabajar en conjunto con la sociedad civil y los legisladores, los oficialistas y los de oposición, para lograr acuerdos, cuando esto no se logra es una muestra de incapacidad del gobernante

En democracia el Poder Judicial no es un impedimento para legislar ni para gobernar.  Las leyes que se aprueben deben cumplir con las normas constitucionales y el gobierno debe ajustar su accionar a las leyes y a la Constitución.

En democracia el control político que ejercen el Poder Legislativo, el control jurídico que ejerce el poder judicial y el control administrativo que ejerce la Contraloría General de la República, no son un obstáculo para gobernar, lo que debe de impedir el control es el autoritarismo y el uso indebido de los recursos públicos.

En lugar de debilitar a los órganos de control debemos de fortalecer mecanismos de control ciudadano y mayor participación de la ciudadanía en la adopción de las políticas públicas.

El Estado Costarricense y nuestras instituciones públicas, requieren de profundos cambios para modernizarse, debemos lograr que las instituciones actuen con mayor rapidez, sobre todo debemos construir un Estado al servicio de la ciudadanía.

Pero esas transformaciones a nuestro Estado y a nuestras instituciones públicas debemos realizarlas en democracia, esto es con participación de la ciudadanía, con respeto absoluto a los distintos sectores sociales y políticos y en estricto apego a nuestro ordenamiento jurídico.

No sé trata de debilitar nuestra institucionalidad democrática, ni de imponer un modelo autoritario, al contrario, se trata de fortalecer nuestra democracia para ponerla al servicio del interés colectivo.

Este artículo de opinión representa solamente el criterio y pensamiento de quien lo firma. El autor asume cualquier responsabilidad social o legal de lo expresado. Culturacr.net no se hace responsable por consecuencias generadas a partir de esta opinión. Si desea publicar en este medio, contáctenos según estos datos.

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