Por Gustavo A. Araya* | Ningún político, presidente o funcionario público que se apegue a la ley puede llegar a una comunidad del país a canjear proyectos a cambio de que se retiren procesos judiciales. Ninguno. Eso no es propio de una democracia. Si así fuera, quien estuviera de turno (cualquier presidencia, magistratura o diputación) haría un uso arbitrario de los fondos públicos.
La Constitución, como la democracia que tenemos, no le otorga ese poder a nadie. Lo niega precisamente para impedir que los recursos de todas las personas se usen para favorecer a unos sectores, castigar a otros o administrarse como si fueran propios.
Lo que sucedió en Turrúcares es muy grave y va más allá del problema de la basura. Va más allá, incluso, de que un ministro pusiera a otros ministros y jerarcas a ofrecer obras públicas para despejarle el camino a una empresa privada.
Esto no puede terminar en Turrúcares. Un ministro ofreció recursos que no administra, a cambio de que una municipalidad abandonara un proceso judicial que estorba a una empresa privada. Y lo hizo en el mismo mes en que la Fiscalía investiga una compra a dedo ligada a financistas de la campaña oficialista.
Eso no se resuelve con declaraciones. Corresponde a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética Pública y a la Contraloría revisarlo, antes de que el silencio también se vuelva costumbre.
¿Estamos frente a un ministro con más poder que cualquier presidente? ¿Cómo obtuvo ese poder?
El 4 de noviembre, en el Liceo de Turrúcares, el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, ofreció a una comunidad cerca de ₡6.000 millones en obras. Ofreció las rutas 721 y 136, puentes, un colegio técnico, un CEN-CINAI y centros para personas adultas mayores. La condición era que la Municipalidad de Alajuela retirara su proceso judicial contra el relleno sanitario de la empresa EBI.
“Esta es una oferta que se vence pronto”, advirtió. “Nosotros no vamos a mandar plata si la municipalidad no hace lo que tiene que hacer.” Y remató con una frase en primera persona. “Yo estoy dispuesto a firmar con esta pluma el acuerdo.” ¿Y eso? ¿Quién lo nombró negociador y propietario plenipotenciario de los recursos públicos?
Mientras tanto, la copresidenta estaba en Europa. El presidente en ejercicio, Francisco Gamboa, no estaba ahí. Quien negoció, fijó el plazo y ofreció la firma fue un ministro. Ese poder se lo dio la presidenta, que lo nombró ministro de la Presidencia y de Hacienda al mismo tiempo. Controla la agenda del gobierno y la caja del Estado.
Entonces hay que preguntarlo. ¿El ministro de la Presidencia y de Hacienda tiene potestad para negociar obras con los cantones? ¿Tiene más poder que la copresidenta? ¿Puede decidir qué comunidad tiene escuela, colegio, puente, carretera o CEN-CINAI? ¿Está el presupuesto del país a su disposición? ¿Puede comprometer recursos públicos a cambio de que un gobierno local renuncie a un juicio? ¿No existe para eso una planificación de la plata de todas y todos los costarricenses?
La ley responde que no. El presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa y no existe gasto sin contenido presupuestario. Cada obra pertenece a una institución distinta, con sus propias partidas y sus propios procedimientos. Las carreteras son del MOPT, el colegio del MEP, el CEN-CINAI del Ministerio de Salud y los centros para personas adultas mayores del Conapam. Ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley le permite. Si lo hace, el acto es nulo y puede constituir delito. La Constitución protege la autonomía municipal y el derecho de acceso a la justicia. Y obliga al Estado a tratar por igual a todas las comunidades.
Además, la municipalidad sí hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo en 2014, en 2016, en 2019 y en 2022, con cuatro decisiones formales contra el relleno. Y el 3 de noviembre certificó que no existe un solo permiso ni un solo trámite pendiente. Lo que el ministro pedía no era cumplir la ley. Era deshacer doce años de decisiones de la autoridad competente en favor de una empresa privada.
Ningún político, presidente o funcionario público que se apegue a la ley puede llegar a una comunidad del país a canjear proyectos a cambio de que se retiren procesos judiciales. Ninguno. Eso no es propio de una democracia. Si así fuera, quien estuviera de turno (cualquier presidencia, magistratura o diputación) haría un uso arbitrario de los fondos públicos. La Constitución no le otorga ese poder a nadie. Lo niega precisamente para impedir que los recursos de todas las personas se usen para favorecer a unos sectores, castigar a otros o administrarse como si fueran propios.
Lo de Turrúcares no salió de la nada. En agosto de 2022, durante el gobierno de Chaves Robles, las municipalidades denunciaron que de los seis desembolsos anuales para caminos cantonales solo habían llegado dos. En 2024, el presupuesto les asignó ₡12.000 millones menos de lo que la ley les reconoce. En enero de 2025, muchas municipalidades se quedaron sin la transferencia de diciembre “sin recibir ningún tipo de argumentación”. Un decreto firmado por Chaves Robles les trasladó 3.071 kilómetros de vías sin los recursos para atenderlas. Y hoy el TEC en Limón espera ₡492,9 millones aprobados que Hacienda no ha girado. ¿Quién le dio a un ministro el poder de decidir cuándo paga y cuándo no?
Un funcionario que ofrece recursos que no administra, a cambio de que otra autoridad abandone un proceso judicial en beneficio de una empresa privada, podría estar incurriendo en conductas que la ley penal y la ley administrativa sancionan. Podría estar atentando contra la autonomía municipal mediante el chantaje a una comunidad. Corresponde a la Fiscalía determinar si hubo abuso de autoridad o coacción. Corresponde a la Procuraduría determinar si hubo desviación de poder. Pero alguien tiene que pedirlo, y pronto, antes de que el 2 de diciembre la oferta “se venza”.
Lo grave es que Chaves sí decide cuándo le llega la plata a las municipalidades. ¿Es eso lo que se quiere para 2028? ¿Se quieren municipalidades sometidas a los desplantes de un ministro? Su gobierno ya atrasó y recortó los recursos que la ley les asigna para caminos. Y en Turrúcares anunció que a Alajuela podría no llegarle si no hacía lo que él pedía. Para una comunidad, eso es lo mismo que negarle lo que le corresponde. La plata no es de él. Es del pueblo, que la paga con sus impuestos. Él no administra una finca de su propiedad. Es un funcionario al servicio de quienes le pagan su salario y, mañana, su pensión de expresidente.
Esto no puede terminar en Turrúcares. Un ministro ofreció recursos que no administra, en el mismo mes en que la Fiscalía investiga una compra a dedo ligada a financistas de la campaña oficialista. Eso no se resuelve con declaraciones. Corresponde a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética Pública y a la Contraloría revisarlo, antes de que el silencio también se vuelva costumbre.
*Politólogo, especialista en comunicación política.
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