Archivos judiciales: la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves el proyecto de ley 25.619, Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales, y el texto pasa ahora al plenario. Los diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional dijeron que las fracciones llegaron a un acuerdo sobre un texto que corrigió el proyecto original.
El Frente Amplio explicó que la propuesta fijaba un plazo de 15 años para las certificaciones de condenas con fines laborales, lo que afectaba el acceso al empleo de quienes ya habían cumplido su pena. Por esa razón, el texto establece ahora proporcionalidad: las penas bajas se cancelan en un plazo corto, mientras que los delitos graves, como femicidio, homicidio calificado, terrorismo y crimen organizado, se mantienen disponibles por 15 años y los delitos sexuales, hasta por 50 años.
Sin embargo, cada diputado destacó un aspecto distinto. El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, y la diputada Sigrid Segura resaltaron la protección del empleo de jóvenes y mujeres en condición de vulnerabilidad. El liberacionista Eder Hernández afirmó, en cambio, que “no habrá borrón y cuenta nueva” para quienes cometan delitos graves o sexuales.
Archivos judiciales: la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves 5 de noviembre el proyecto de ley 25.619, Ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales, y el texto pasa ahora al plenario. Diputados del Frente Amplio y de Liberación Nacional coincidieron en que las fracciones llegaron a un acuerdo sobre un mismo texto, después de corregir puntos que, según el Frente Amplio, afectaban el acceso al empleo de personas que ya habían cumplido su condena.
Lo que dijo el Frente Amplio
La diputada Sigrid Segura explicó que el Frente Amplio había advertido sobre el efecto del proyecto en las personas jóvenes y en las mujeres, especialmente madres jefas de hogar. Afirmó que esas preocupaciones se incorporaron al texto.
“Hemos venido evidenciando nuestras preocupaciones en materia de la afectación que tendría para las personas jóvenes, que en este momento son carne de cañón para el crimen organizado y el narcotráfico, y para las mujeres, especialmente madres, jefas de hogar. Esas preocupaciones fueron exitosamente incorporadas en el proyecto, en el texto, y bueno, gracias también a la vocación de diálogo que hemos tenido entre las distintas fracciones, hoy logramos avanzar con ese texto.”
El jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, dijo que su partido comparte el objetivo del proyecto, que es que jueces, fiscales e investigadores tengan acceso a los antecedentes penales de las personas investigadas.
“Efectivamente, el proyecto plantea un objetivo que compartimos, que es que la información de los antecedentes penales de las personas esté disponible para jueces, fiscales e investigadores, que las autoridades judiciales puedan saber cuáles son los antecedentes de alguien que está siendo investigado y que eso no se cancele abruptamente.”
Sin embargo, Villalta recordó que el texto original tenía un problema que el Frente Amplio había advertido.
“Pero también tenía un problema que habíamos advertido, y era que ponía un plazo de 15 años para las certificaciones de condenas con fines laborales. Esto afectaba el acceso al empleo de las personas que ya habían cumplido su condena.”
Los nuevos plazos
Según Villalta, la negociación entre las fracciones permitió modificar ese punto y establecer proporcionalidad. Las penas bajas, una vez cumplidas, se cancelan en un plazo corto, mientras que los delitos graves mantienen la información disponible por 15 años. Para los delitos sexuales se agregó un plazo de hasta 50 años.
“En el diálogo y en la negociación se logró un acuerdo de todas las fracciones para modificar esto, estableciendo proporcionalidad como está ahora. Es decir, si alguien cometió un delito, ya cumplió la pena, con una pena baja, que el asiento de la información para la hoja de delincuencia se cancele en un plazo corto. Y que si son delitos graves como femicidio, homicidio calificado, terrorismo, crimen organizado, entonces sí que se mantenga la información disponible por 15 años. Además, se le agregó un plazo más largo de hasta 50 años cuando son delitos sexuales, buscando proteger especialmente a las personas menores de edad.”
Villalta concluyó que el resultado es un texto más equilibrado, que mantiene el objetivo del proyecto sin limitar el acceso al empleo de personas en condición de vulnerabilidad. También expresó el deseo de que otros proyectos de seguridad se negocien de la misma manera.
“Ojalá que otros proyectos de la gente de seguridad podamos negociarlos también así, con diálogo entre todas las fracciones.”
Lo que dijo Liberación Nacional
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Eder Hernández también habló del acuerdo. Afirmó que todas las fracciones corrigieron y aprobaron el proyecto, y destacó los plazos para delitos graves y sexuales.
“Las diputaciones de todas las fracciones hoy de manera conjunta corregimos y aprobamos el proyecto de ley 25.619, ley para la seguridad nacional, registral y de archivos judiciales. Tenemos ahora un texto más sólido que aumentará para efectos de hoja de delincuencia a 15 años las personas que cometan delitos graves y aumentará hasta 50 años para aquellos que cometan delitos sexuales. Para ellos no habrá borrón y cuenta nueva.”
Hernández cerró con una referencia a su postura sobre la seguridad.
“Este diputado tendrá mano dura contra asesinos, violadores, sicarios, feminicidas, terroristas. Le dimos un gran paso de madurez a la política y de firmeza contra la inseguridad y el crimen organizado.”
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