Un estudio de la Contraloría General de la República básicamente indica que el Estado está quebrando a la CCSS por la multimillonaria deuda que tiene con esta institución y no quiere pagar el Gobierno actual.

El reporte del órgano contralor indica que para el periodo 2020-2023, los saldos que no se han cobrado o se han dejado de pagar, crecieron 106,6%, alcanzando un monto de ¢3,6 billones a finales de 2023, que en perspectiva, equivale a un 7,3% del PIB, aproximadamente, y casi un 30% del Presupuesto Nacional para ese año, lo cual afecta las finanzas institucionales y por ende su sostenibilidad.

El estudio establece varias conclusiones que son dramáticas para lo que sucede en la relación entre el Estado y la institución que brinda salud y seguridad social al país.

Según la auditoría sobre el tema, “la CCSS incumple con todos los aspectos significativos del proceso de cobro de las obligaciones del Estado y su gobernanza, en los términos establecidos en los criterios de la presente auditoría -sic-“.

Es decir, la Caja no está activando los mecanismo para hacer un cobro al gobierno de turno, como correspondería, desde el simple hecho de que la CCSS “no implementa el cobro judicial para todos los casos (únicamente se tiene un caso en proceso de cobro judicial iniciado en el 2023, que representa un 2.03% del total facturado en ese año). Tampoco remite facturas de los montos que debe cobrar mensualmente al Estado por el “Traspaso del primer nivel de atención” y únicamente lo suma al registro de la deuda acumulada por este concepto”.

La Contraloría encontró que “la CCSS cobró el 44% de las obligaciones facturadas al Estado en el  período 2020-2023 lo que significa que dejó de cobrar ¢1,62 billones del total del monto facturado (¢2,89 billones) en ese período, lo cual ha generado que el remanente se acumule en el tiempo y genere intereses moratorios (¢323.557,66 millones en ese periodo) -sic-“. 

Y como si fuera poco, “existen conceptos por los cuales la CCSS no ha recibido recursos sobre las facturas emitidas en el periodo 2020-2023; entre ellos sobresale el caso por el concepto de “Asegurados por Cuenta del Estado”, sobre el cual la CCSS no ha recuperado los recursos facturados desde 2020 y cuyo monto asciende a ¢437.430,33 millones“. 

Si no aplica el cobro judicial, pues menos “el cobro administrativo en su totalidad de acuerdo con el procedimiento aplicable; no emite y notifica avisos de cobro, no eleva a los altos niveles los casos a cobro para valorar acuerdos de pago y omite la conformación del expediente; únicamente emite facturas y certifica las deudas como insumo del informe de deuda dirigido al Ministerio de Hacienda, que es remitido mensualmente a esa instancia”. 

“El análisis consideró la revisión de las acciones ejecutadas por la CCSS desde el momento donde se factura la obligación, hasta la recepción de los recursos, en rubros que afectan tanto el Seguro de Salud como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, explica la institución contralora.

Usted puede revisar el informe completo aquí.