«La suprema ley de la república debe ser la protección de sus habitantes. En el momento en que las reglas de la burocracia se vuelven más rígidas que la urgencia de salvar una vida, la administración del Estado pierde su sentido humano y se transforma en un obstáculo para la supervivencia común».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.* Una ambulancia que no sale, un comité que cierra y un recurso público que no llega oportunamente pueden parecer decisiones puramente administrativas. Hasta que alguien necesita el auxilio de emergencia y descubre que la ayuda ya no está donde debería.

Hay preguntas que un gobierno no puede responder únicamente con cifras macroeconómicas, tecnicismos presupuestarios o discursos sobre la austeridad. Una de ellas es directa: ¿qué sucede cuando la falta de recursos empieza a comprometer la capacidad material de salvar vidas?

El reciente vídeo de Sergio Ortiz Pérez en Sentido Crítico, pone el dedo en una herida abierta que no debería dejar indiferente a nadie en nuestro país. La crisis financiera de la Benemérita Cruz Roja Costarricense ya está teniendo consecuencias concretas e irreversibles sobre su capacidad operativa en las comunidades.

Dos comités auxiliares de la provincia de Heredia —San Pablo y San Rafael— cerraron definitivamente sus puertas. Catorce personas, entre socorristas profesionales y choferes técnicos, fueron despedidas de sus puestos.

Las ambulancias de estas localidades quedaron bajo la disposición directa de la sede regional y el escaso personal restante fue trasladado a Heredia central. Mientras tanto, las comunidades vecinas deben asumir ahora una mayor carga de atención de incidentes, estirando al límite sus capacidades.

Las consecuencias en la vida real

¿Qué significa este retroceso logístico en la vida real de los ciudadanos? Significa que una ambulancia puede estar considerablemente más lejos cuando alguien sufra un infarto en su hogar. Significa que un accidente en carretera puede ocurrir mientras el recurso de emergencia se desplaza lentamente desde otra comunidad lejana.

Significa que un socorrista debe cubrir un territorio mucho mayor con el mismo desgaste físico. Significa, en última instancia, que unos minutos adicionales en carretera pueden convertirse en la diferencia irreparable entre la vida y la muerte.

Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿estamos ante una simple dificultad financiera o ante un abandono institucional de los servicios de socorro? Lo más revelador del escenario actual es que la institución habría llegado al extremo de tener que escoger entre reparar una instalación eléctrica dañada, dar mantenimiento mecánico a una ambulancia, comprar uniformes mínimos o pagar los salarios de su personal.

Cuando una organización dedicada a atender emergencias humanas tiene que elegir entre mantener un vehículo operativo y pagar sus obligaciones patronales básicas, algo más profundo que la simple contabilidad está fallando en el Estado.

El dinero público y la asfixia administrativa

Entonces llegamos al debate sobre el dinero público. Según las denuncias divulgadas públicamente, el Estado costarricense mantiene un saldo millonario como pendiente de giro hacia la benemérita institución. Aunque las autoridades insistan en que una parte de esos recursos fue trasladada recientemente, el dato modifica la fotografía financiera pero no elimina las interrogantes de fondo.

¿Cuándo fueron efectivamente girados esos recursos económicos? ¿Por qué fue necesario llegar a una situación extrema de cierres y despidos para que se produjera el giro? ¿Qué otros recursos destinados por ley permanecen todavía retenidos en las arcas de Hacienda?

La discusión, por tanto, no debería reducirse a afirmar con complacencia que el dinero llegó finalmente. También debe examinarse la oportunidad del giro, qué obligaciones urgentes permitió cubrir y cuánto tiempo estuvo la Cruz Roja enfrentando la asfixia operativa a causa de su ausencia. En materia de emergencias médicas, el tiempo no es un concepto contable; el tiempo es un recurso biológico vital.

A esta problemática se suma otra dimensión que acaba de adquirir una especial y preocupante relevancia: la capacidad jurídica de la Cruz Roja para utilizar oportunamente los fondos públicos que recibe. El pasado 21 de septiembre, la Asamblea Legislativa rechazó en segundo debate y archivó definitivamente el proyecto de ley 24.215 que pretendía flexibilizar las contrataciones de la institución.

La propuesta mantenía la estricta fiscalización de la Contraloría General de la República, pero buscaba exceptuar a la Cruz Roja de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratación Pública cuando utilizara fondos estatales, dotándola de mayor agilidad ante las tragedias cotidianas.

El proyecto de reforma fue sepultado por 28 votos en contra del bloque oficialista, frente a 23 diputados de oposición que votaron a favor. Entre los argumentos esgrimidos para rechazar la iniciativa estuvo la supuesta necesidad de modificar el texto y la consideración de que su alcance no debía ser exclusivo para esta entidad.

La consecuencia concreta es que esta vía de alivio procedimental ha quedado anulada. Esto plantea una interrogante que merece una respuesta pública clara: si la Cruz Roja arrastra dificultades operativas que ya provocaron el cierre de dos comités, ¿qué alternativa inmediata propone el Gobierno para garantizar que la institución pueda ejecutar de manera eficiente los recursos que se le asignan?

Transferir dinero en el papel es una cosa; que esos recursos puedan convertirse rápidamente en ambulancias rodando, mantenimiento mecánico, combustible, equipos de reanimación y personal disponible es otra muy distinta.

Responsabilidad legislativa y neutralidad humanitaria

También existe una evidente responsabilidad en el ámbito legislativo. Se han planteado iniciativas orientadas a darle mayor estabilidad financiera de largo plazo a la benemérita, entre ellas el expediente 25.417, que busca destinar a la Cruz Roja un 0,5% adicional de las primas de seguros comerciales.

Sin embargo, las reformas del futuro no resuelven las emergencias del presente. Una ambulancia que no puede salir hoy a la calle no puede ser reemplazada en la realidad por una promesa de financiamiento legislativo para el mañana. Por eso, el debate nacional debe trascender la coyuntura y cuestionar qué lugar ocupa realmente el socorrismo dentro del sistema nacional de atención de emergencias.

No se trata de convertir a la Cruz Roja en una dependencia burocrática más del aparato estatal, ni mucho menos de eliminar los controles anticorrupción sobre el uso de los fondos públicos. Se trata de encontrar un mecanismo legal que permita conjugar dos obligaciones que nunca deberían ser contradictorias: fiscalizar cada colón público y garantizar que ese colón llegue a tiempo a donde se necesita para salvar una vida.

Una cosa es fiscalizar con rigurosidad; otra, muy distinta, es obstaculizar la operación de socorro. Es inaceptable permitir que una institución esencial llegue al límite de clausurar comités locales porque las reglas administrativas bloquean su funcionamiento.

La Cruz Roja posee una característica fundamental que debería impedir que este asunto sea reducido a una mezquina confrontación partidaria: la institución nunca pregunta por quién votó la persona que necesita auxilio en una camilla. No distingue entre oficiales y opositores, ricos y pobres, ni entre quienes pueden pagar un servicio privado y quienes dependen exclusivamente de la solidaridad social. Atiende porque esa es su razón de ser.

Por eso, defender a la Cruz Roja no significa defender ni atacar a un gobierno de turno. Significa exigir que una organización crítica para la seguridad y la vida de los habitantes disponga de los recursos que legal y presupuestariamente le corresponden. Exigir que existan mecanismos adecuados para utilizarlos con oportunidad, transparencia y eficiencia.

Tampoco podemos sentarnos a esperar a que aparezca una nueva catástrofe para reaccionar. Hoy fueron dos comités en Heredia. Mañana podrían ser otros en zonas rurales aún más distantes. Y cada cierre significa menos capacidad de respuesta, mayores distancias de traslado y una presión insoportable sobre las unidades que permanecen activas.

No podemos esperar a que una tragedia nacional nos obligue a descubrir que ahorrar en la capacidad de respuesta humanitaria también tiene un costo de sangre.

La Cruz Roja ha estado presente durante generaciones cuando los costarricenses más la necesitan. Ha acudido a accidentes, inundaciones, incendios, emergencias médicas y todo tipo de situaciones críticas. Sus socorristas llegan precisamente porque están allí cuando otros todavía se encuentran en camino. Ahora es la sociedad civil la que debe preguntarse qué está dispuesta a permitir que ocurra con sus rescatistas.

Porque una ambulancia detenida no es solamente un vehículo que no circula. Un comité cerrado no es solamente una puerta de madera que deja de abrirse. Un puesto de socorrista eliminado no es solamente una plaza vacía en una planilla estatal. Son minutos. Y cuando un ser humano se encuentra suspendido entre la vida y la muerte, los minutos no son dinero. Los minutos son vida.

*Profesor catedrático jubilado UCR y UNED. Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
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