El Poder Judicial refuerza seguridad de sus oficinas en Batán, con más miembros de seguridad y soporte psicológico a funcionarios.
No solamente el presidente Rodrigo Chaves ataca al Poder Judicial y las leyes de Costa Rica, también el crimen organizado ha realizado varios ataques a oficinas judiciales, principalmente en la provincia de Limón, concretamente en Batán de Limón.
Según el reporte policial, el pasado 31 de diciembre las instalaciones de Batán fueron atacadas mediante disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, “lo que motivó la adopción inmediata de medidas de seguridad y la implementación de acciones para fortalecer la protección de la sede judicial, como parte de la lucha contra el crimen organizado en la región”, según detalla el Poder Judicial.
Por esa razón la presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Damaris Vargas Vázquez, junto con las integrantes del Consejo Superior, Siria Carmona Castro y Ana Isabel Orozco Álvarez, y el representante Gary Bonilla Garro, visitaron este viernes las oficinas judiciales de Batán.
“Durante la visita, se reunieron con el personal judicial para escuchar sus inquietudes ante la creciente ola de violencia que afecta a la comunidad. En el encuentro también participaron representantes operativos de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Seguridad del Poder Judicial, quienes trabajan de forma coordinada para que las mejoras de seguridad en la infraestructura se concreten en el corto plazo”, informó el tercer poder de la República.
Las autoridades del Poder Judicial reafirmaron su “”compromiso de garantizar el acceso a la justicia en condiciones seguras”, razón por la que aumentarán la seguridad para que esas instalaciones no sean vulnerables a actos de violencia “y reafirmando la cercanía de la institución con la ciudadanía a través de acciones rápidas y efectivas”.
“Desde inicios de 2024, el Poder Judicial ha implementado medidas preventivas y correctivas, como la capacitación del personal, la mejora de la infraestructura y una significativa inversión en seguridad, con el fin de fortalecer la protección tanto del funcionariado como de las personas usuarias”, comunicó la institución.
Las unidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantienen operativos en la zona con el propósito de desarticular bandas criminales y frenar la actividad delictiva que afecta a la comunidad. No obstante, este organismo necesita más oficiales -según lo han manifestado reiteradamente- y el Gobierno Chaves Robles ha manifestado a principios de enero que no girará un monto que el Poder Legislativo ordenó para dar mayor respaldo al OIJ contra la delincuencia organizada.
El Ministerio de Hacienda confirmó recientemente que no hará el traslado de ese dinero que el Gobierno había recortado al presupuesto del Poder Judicial en los últimos presupuestos. El PLN aseveró que no firmará ningún proyecto del Gobierno hasta que no se giren esos dineros y el presidente Rodrigo Chaves se burló y acusó la medida como una obstrucción a su labor.
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