Redacción | El Frente Amplio, por medio de la diputada Sofía Guillén, presentó un proyecto de ley destinado a restaurar el derecho a la huelga y reforzar la defensa de los derechos laborales, gravemente afectados por la Ley N.º 9808, conocida como Ley Anti-Huelgas, aprobada en 2020 durante la administración de Carlos Alvarado.

Esta iniciativa representa un esfuerzo decidido por restablecer un equilibrio democrático y proteger el derecho a la protesta social en un contexto donde las políticas autoritarias amenazan las libertades públicas.

La ley anterior, conocida como “anti huelgas” restringió las huelgas en los servicios esenciales, por el abuso en que incurrieron principalmente educadores y funcionarios del sistema de salud costarricense durante las administraciones anteriores.

Los sindicatos de educadores, en particular, realizaron huelgas donde abandonaron a los estudiantes casi todo un año y provocaron un rezago escolar -sumado a la pandemia- cuyas consecuencias se ven hoy en la crisis de la educación pública del país.

La propuesta, titulada “Ley para la Restitución del Derecho a la Huelga y a la Protesta, por la Defensa de la Libertad, la Democracia y los Derechos Laborales en Costa Rica”, se tramita bajo el expediente legislativo [número por asignar] y plantea reformas a diversos artículos del Código de Trabajo (69, 349, 371, 373, 376, 377, 378, 379, 385, 661, 663, 664, 666, 667, 668 y 707), así como derogaciones y adiciones clave para desmontar los efectos represivos de la legislación vigente.

“Esa ley impulsada con afán revanchista por el gobierno de Carlos Alvarado se creó en aras de la venganza y del castigo contra la protesta social que se opuso a la Reforma Fiscal y a la Ley Marco de Empleo Público, olvidando que el contrapeso al autoritarismo del futuro es la democracia de las calles”, sentenció la diputada Guillén.

Desde el Frente Amplio se sostiene que el sistema democrático requiere de contrapesos sociales que puedan manifestarse libremente, algo que actualmente se ve obstaculizado, especialmente bajo un gobierno que califican de derecha, populista y autoritario como el de Rodrigo Chaves.

Puntos claves del proyecto:

• Notificación electrónica para patronos, como contrapartida a la obligación ya impuesta a los trabajadores.
• Legalización de la huelga intermitente en servicios públicos esenciales, con esquemas de atención mínima.
• Eliminación de conceptos restrictivos como “servicios de importancia trascendental” o “estratégicos”.
• Reestructuración de procesos de apelación y arbitraje, otorgando mayor equidad procesal.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia. Lejos de oponerse a los servicios públicos, la huelga es un mecanismo legítimo de protesta que permite exigir condiciones justas y denunciar políticas regresivas”, concluyó la legisladora.

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Con participación de Radio Zurquí.