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Estadounidenses causan gentrificación en México y Costa Rica: Protestas van en aumento

Estadounidenses causan gentrificación en México y Costa Rica: Protestas van en aumento
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Estadounidenses causan gentrificación en ciudades turísticas de México DF, como Codesa y Roma, con protestas que incluso ya causan destrozos en comercios de la zona.

En un momento de malas relaciones entre México y EE.UU. por los aranceles que Donald Trump impone y sus acciones xenofóbicas, los extranjeros han tenido que enfrentar desprecio también en México DF.

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Después de la pandemia, la gentrificación llegó para quedarse y expresiones como “vuelve a tu pinche país, gringo” o “nuestra identidad no es un negocio” ahora son comunes en México, sin contar con lo que sucede en las costas y otros lugares de México que ya han sido ocupados por extranjeros.

En Costa Rica la realidad no es muy distinta a la de México, sino peor, cuando hermosos y paradisiacos terrenos en las costas del Pacífico, principalmente, se convierten en espacio para el negocio inmobiliario y las bienes raíces, donde vivazos se hacen millonarios a costa de propietarios que venden barato. Luego los extranjeros y hoteles se apoderan de playas y no permiten, pese a la ley, el acceso a costarricenses, lo que ha venido provocando protestas individuales y pasivas, pero que vienen enervando la paciencia de los costarricenses.

En este artículo de Culturacr.net, se relata la historia de doña Ana, una vecina que puso su casa en alquiler y explicó que “la alquilé para ganarme 1000 dólares por mes”; antes de eso, ella solo tenía 180 mil colones para sobrevivir. Ahora vivirá con su hija. Esta vive en las afueras de la ciudad, con el dinero que le dará su madre Silvia, la hija, ajustará para vivir mejor, ya que no le está alcanzando el dinero; así como ellas, muchos dejan de vivir en sus ciudades, pueblos costeros, para que vengan a vivir nuevos residentes que encarecen todos los servicios, la alimentación, incluso, el champú, este proceso ya lo vivió París, lugar donde no viven parisienses, sino japoneses, y grandes ricos de otras nacionalidades.

El ingeniero Rogis Bermúdez comentaba en el Semanario Universidad: “Esta situación hace que se desarrollen grandes proyectos inmobiliarios y centros comerciales o de negocios muy exclusivos, con grandes afectaciones a quienes han habitado esos espacios y vulnerando su arraigo”. Esto se está viviendo en Ciudad de México y otras ciudades de América Latina”.

En efecto, en México DF, los destrozos fueron evidentes, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que rechaza la “xenofobia implícita” en las manifestaciones. Luego afirmó que se necesita vivienda social y que el problema debe atenderse para evitar la segregación social y el encarecimiento del costo de la vida en esos lugares, un mensaje un poco confuso.

AJ Cárdenas, en su artículo se cuestiona lo mismo que Sheinbaum: ¿Qué tan racistas somos, además, de xenofóbicos, y de excluyentes para proponer una iniciativa nacionalista, con leyes de protección fuertes para evitar ser nosotros los desplazados a otros lugares?

En Costa Rica, al Gobierno nada le interesa el tema, menos que impulsa desarrollos de ese tipo que además afectan el ambiente, como sucedió con el tema en Portalón, en el Pacífico sur, cerca del Parque Nacional Manuel Antonio -donde hubo un enorme descuido ambiental que parece adrede-, pero que además está sucediendo en toda la costa del Pacífico sur de Costa Rica en los últimos años. La violación de la ley ambiental y otras leyes de construcción es común en estos desarrollos, por la premura del negocio fácil y muy rentable.

En Costa Rica, el fenómeno empezó claramente en los golfos de Santa Elena y Papagayo, en Guanacaste, donde grandes hoteles se apoderaron de fincas frente al mar y cerraron el acceso a las playas para el público en general. El Complejo Papagayo, como los desarrollos en Condovac, más hacia el sur, han recibido denuncias por ese tipo de actos ilegales, pero no son los únicos.

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También sucedió en el Pacífico central con el famoso caso de Punta Leona, cuando incluso en estos días el alcalde de Garabito tuvo que dar un ultimátum a los propietarios de ese desarrollo inmobiliario para garantizar el acceso a la playa para todas las personas.

No en todos los casos, pero sí en la mayoría, se trata de extranjeros que se apoderan y quieren tener derecho absoluto sobre incluso bienes demaniales que pertenecen al estado y son de todos los costarricenses, como los 50 metros de “zona público costera” de acceso público y libre acceso. “Es un espacio protegido por ley, concebido como espacio común, de libre acceso y uso colectivo. Su función es social, ambiental y cultural”, explica la Universidad de Costa Rica.

Vamos al grano, programa.

En las redes abundan videos de quienes quieren hacer uso de ese espacio y son intimidados por servicios de seguridad de hoteles o incluso por estadounidenses agresivos que amenazan con violencia. Además, hay negocios como restaurantes costosos justo frente a la playa, que no respetan la zona pública y no permiten que las personas usen esos espacios.

Producto de esa gentrificación, en los últimos años Costa Rica subió al top de los países con más población millonaria residiendo, una situación que genera un aumento en el consumo, pero no necesariamente en la inversión en el país para su crecimiento.

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Los ticos que venden o alquilan terminan viviendo en peores condiciones e incluso pasan a ser empleados y empleadas de los extranjeros.

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