Un total de 192 instituciones deben cotizaciones a la Junta de Pensiones del Magisterio, afectando a más de 2.400 trabajadores. Jupema y el MEP se contradicen sobre quién debe fiscalizar.

LaRegioncr.com* | El incumplimiento de las obligaciones laborales en el sector educativo privado ha prendido las alarmas en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que reveló que 192 centros educativos privados mantienen deudas por ¢5.688 millones en cotizaciones obrero-patronales.

Según la entidad, esta situación representa un “perjuicio directo” para 2.457 trabajadores que podrían ver comprometidos sus derechos futuros en materia de pensión y seguridad social.

MEP alega limitaciones legales

Desde el Ministerio de Educación Pública (MEP), la directora de Educación Privada, Yoselin Sánchez, indicó que el margen de acción de la institución es limitado, ya que la verificación y el cobro de las cargas sociales no forman parte de sus competencias.

“Conforme al principio de legalidad, dichas funciones corresponden exclusivamente a Jupema (…). El MEP se enfoca en la supervisión educativa y en la colaboración interinstitucional, sin invadir competencias ajenas”, afirmó Sánchez.

La funcionaria reconoció que el incumplimiento de las cotizaciones afecta los derechos de los trabajadores y pone en riesgo la sostenibilidad del régimen de pensiones, aunque insistió en que la ley no faculta al ministerio para intervenir directamente en estos casos.

Jupema contradice al Ministerio

 Carlos Arias, presidente ejecutivo de Jupema, tiene una lectura muy distinta. En declaraciones a Diario Extra, sostuvo que la normativa vigente sí establece responsabilidades claras para el MEP, particularmente en el seguimiento del pago de cargas sociales en los centros privados.

“Me extraña mucho esta postura. Incluso estuvimos en una reunión con el ministro, donde se asumieron compromisos sobre este tema”, aseguró Arias.

El jerarca recordó que la reforma más reciente a la Ley de Jupema amplió sus facultades de supervisión, pero aclaró que el otorgamiento de permisos de funcionamiento y la verificación de que los colegios y escuelas se mantengan al día son competencias exclusivas del MEP.

“El MEP revisa que estén al día cuando se da el permiso, pero no le da seguimiento después. Esa es una responsabilidad absoluta del Ministerio, no de Jupema”, enfatizó.

Los vacíos de control y coordinación

Aunque el MEP asegura mantener coordinación activa con Jupema, las acciones concretas parecen limitadas a trámites administrativos y campañas informativas. Entre ellas, destacan la solicitud de constancias obrero-patronales para determinados procesos y el intercambio de información institucional.

Sin embargo, la falta de mecanismos de control sostenido deja en evidencia un vacío que perjudica a cientos de docentes y administrativos del sector privado, quienes enfrentan el riesgo de perder años de cotización sin respaldo efectivo de ninguna de las dos entidades.

La controversia entre Jupema y el MEP abre un debate urgente sobre la supervisión del sistema educativo privado, en un contexto donde los derechos laborales y la sostenibilidad de los fondos de pensión deberían ser prioridad.

*En alianza informativa con Laregioncr.