La Defensoría de los Habitantes pidió replantear los dos proyectos de ley que buscan devolver el saldo del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a las personas pensionadas, y en su lugar propuso un mecanismo de acceso parcial y voluntario que conserve una “reserva pensionaria protegida” para evitar que la pensión complementaria se agote.

Los dos proyectos en trámite plantean devoluciones más amplias. El expediente 24.972, de Frente Amplio, propone entregar el saldo total del ROP en un plazo de dos años a las personas pensionadas entre 2021 y 2029. El expediente 24.984, de Progreso Social, permite el retiro total en un máximo de seis meses a quienes tengan una tasa de reemplazo superior al 52,5%, o un retiro acelerado mediante un plan programado de entre dos y quince años.

Ambos proyectos ya fueron dictaminados en comisión y esperan turno para primer debate en el Plenario, pero el Gobierno no los incluyó entre las prioridades de las próximas sesiones extraordinarias, enfocadas en otros temas como la subasta del oro de Crucitas y la reforma judicial. La diputada Diana Murillo, del PLN, ha pedido que estos proyectos “puedan ser discutidos de manera responsable, técnica y transparente”.

La propuesta técnica de la Defensoría, en cambio, no fija un porcentaje de retiro: plantea que cada operadora de pensiones calcule primero el capital necesario para sostener una pensión complementaria de “suficiencia y duración prudentes” para cada persona, y que solo el excedente sobre esa reserva quede disponible para retiro, bajo parámetros técnicos de la SUPEN. También pide reglas diferenciadas según edad, estado de salud, discapacidad y otros factores, con tratamiento especial para personas con enfermedad grave o terminal.

La institución recuerda además que el ROP es un régimen de capitalización individual, no colectiva: cada persona tiene su propia cuenta y saldo, aunque las operadoras inviertan los activos de forma agregada.

El planteamiento llega pocos días después de que el Tribunal Supremo de Elecciones rechazara, por estar prohibido constitucionalmente someter a referéndum temas de pensiones, la solicitud de recolección de firmas impulsada por el abogado Alex Solís Fallas y la ANEP para una devolución total del ROP a unas 90.000 personas ya pensionadas.