Las obras de restauración del Teatro Nacional empezaron a ejecutarse sin la autorización del órgano técnico patrimonial competente, con evidente negligencia de parte de la administración, por lo que no pueden continuarse, según ha ordenado la Sala Constitucional.

La Sala logró confirmar que las labores comenzaron el 15 de octubre de 2025, “sin que los protocolos de intervención hubieran sido aprobados por la Dirección de Patrimonio Cultural, la cual apenas los recibió el 8 de diciembre de 2025”, informó el máximo tribunal.

Según la resolución de un recurso de amparo, “durante su ejecución se dañaron elementos históricos del inmueble”, en concreto una puerta gigante que debió ser protegida pero, de acuerdo con un denunciante, fueron transportadas en un jeep sin protección alguna.

La denuncia se hizo públicas días atrás mediante fotografías, por lo que se interpuso el recurso de amparo ante la evidente negligencia con que habían estado operando.

El ciudadano que recurrió estos trabajos indicó que “se realizaron sin apego a los principios técnicos que rigen la conservación del patrimonio histórico. Señaló que el inmueble, inaugurado en 1897, requería intervenciones bajo criterios de conservación, mínima afectación y reversibilidad”.

“Asimismo, se ocasionaron daños irreversibles a los muros decorativos perimetrales, ya que se usaron herramientas inadecuadas para cortar las juntas de las piedras deteriorando el tejido simbólico y ampliando las separaciones de las estructuras. Además, se utilizaron acabados y tratamientos en algunas de las puertas del recinto que les provocaron daños irreparables, por ejemplo, utilizando pinturas del todo inadecuadas en maderas antiguas con cualidades históricas únicas”, informa la Sala.

Añade el tribunal que declara parcialmente el recurso de amparo “dada la falta de coordinación, deber de cuidado y fiscalización en la obras de restauración aludidas, de lo que derivaron daños irreversibles a las estructuras del Teatro Nacional, que ha sido declarado monumento nacional y símbolo nacional del patrimonio histórico arquitectónico y libertad cultural de los costarricenses, lo que significa que tiene un valor artístico, histórico y cultural único que debe ser protegido eficazmente a la luz del artículo 89 de la Constitución Política”.

El ministro Jorge Rodríguez Vives, quien nombró al actual director del Teatro Nacional, Guillermo Madriz, deberá ordenar la realización de un procedimiento administrativo para determinar quiénes fueron los responsables de estas anomalías y durante un mes los trabajos deben suspederse, hasta que se definan “los criterios y protocolos para las labores de conservación y restauración del Teatro Nacional” con claridad y sean aprobados por la entidad responsable.