Terminó por convertirse en el gran montaje del caso UPAD, un caso de supuesto espionaje y corrupción que nunca estuvo ni de cerca de semejantes etiquetas, según toda la investigación y revisión de evidencias que fueron tomadas de Casa Presidencial, hasta el momento, luego de que fuera allanada el 28 de febrero de 2020, por primera vez en la historia.

Tras la revisión de más de 91.000 archivos contenidos en 19 teléfonos de personas implicadas en el caso, incluido el expresidente Carlos Alvarado, no se encontró prueba de delito alguno. Así lo confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ante consulta de Teletica.

El caso fue montado desde el periódico digital CRHoy y luego fue replicado por otros medios, ante un decreto ejecutivo erróneo que creaba la Unidad Política de Análisis de Datos (UPAD), con el propósito de reunir y analizar datos para mejorar la toma de decisiones en el uso de los recursos del estado. Esta es una oficina común en gobiernos de primer mundo, pero en Costa Rica alteró a la prensa y algunos políticos.

Exdiputados evangélicos de Nueva República -como Jonathan Prendas y su asesor, luego diputado, David Segura-, empezaron a realizar acusaciones de “espionaje”, sin ningún sustento ni pruebas, que se dispersaron por redes sociales hasta causar daño a la imagen del expresidente Alvarado Quesada.

“Después de tantos años, y luego de tan amplia y exhaustiva investigación, no han encontrado prueba alguna de delito. La razón es muy sencilla: no se puede encontrar lo que no existe. Siempre hemos señalado que don Carlos no cometió ningún delito. Lo que ha sucedido con esa revisión reafirma lo que hemos dicho desde el inicio, y es lo que sucede cuando se investiga a quien es inocente”, señalaron los representantes legales de Alvarado a Teletica.

Todavía falta la evidencia electrónica que está en 40 dispositivos de almacenamiento masivo (USB), así como los respaldos de 19 computadoras y cuatro discos duros. Este trabajo lo realizará la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Si esas evidencias no arrojan prueba alguna, el caso UPAD quedará como un fraude mediático y un montaje político y un bulo judicial como ninguno conocido en la historia, por un hecho simple como lo fue crear una dependencia en Casa Presidencial para el análisis de datos colectivos de los ciudadanos, en el ejercicio de la toma de decisiones para hacer los recursos más eficientes, según el criterio de quienes desde el principio han considerado ese caso como una ópera bufa sin precedentes.