• El fenómeno de los tránsfugas del PLN hacia el oficialismo, documentado por medios nacionales y medido por encuestas, ya alcanza a al menos 19 gobiernos locales, pero podrían ser más oportunistas y tránsfugas políticos, algunos cuestionados y con denuncias, que estén movilizándose.

Los liberacionistas, llamados folclóricamente “pericos” son considerados por los seguidores chavistas como sus enemigos políticos, sin embargo, cada vez que una figura de ese partido renuncia, aunque tenga cuestionamientos serios, es bien recibida en las aguas chavistas. La verificación es amplia y cada mes trae casos nuevos.

El caso más reciente: Vásquez de Coronado

El primer vicealcalde de Vásquez de Coronado, Óscar Delgado Araya, mantiene un litigio abierto contra la alcaldesa Yamileth Quesada Zúñiga, ambos electos en la papeleta del PLN para el período 2024-2028.

Según consta en la resolución n.° 2144-M-SE-2026 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Delgado solicitó en diciembre de 2024 la cancelación de la credencial de Quesada, alegando que la alcaldesa se había ausentado de sus labores de forma injustificada entre el 2 y el 12 de diciembre de ese año. El Tribunal rechazó la solicitud, tras determinar que la ausencia respondió a un quebranto de salud debidamente comunicado y que, pese a ello, Quesada continuó firmando acciones de personal, nóminas y otros trámites durante esos días.

Recientemente se ha señalado a Delgado como parte del patrón de figuras liberacionistas que, tras llegar al poder con el PLN, terminan obstaculizando la gestión de sus propios compañeros de papeleta, y lo vincula con un eventual acercamiento a Pueblo Soberano.

San Carlos, el caso más sonado

A diferencia de Coronado, el cambio de bandera del alcalde de San Carlos, Juan Diego González, sí quedó completamente documentado. A finales de noviembre de 2025 anunció su renuncia al PLN y, días después, en un acto de Pueblo Soberano celebrado en el propio cantón, dio su respaldo público a la candidata Laura Fernández: “Con Laura iniciamos a trabajar un proyecto sobre un tema que es de suma importancia para el cantón de San Carlos: el tema de Crucitas […] la vamos a hacer presidente de la República”, dijo ante las cámaras.

El candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos, denunció que semanas antes el propio González le había pedido no hacer una gira por el cantón porque el Gobierno amenazaba con recortarle presupuesto si aparecía junto a él. González negó esa versión en público, calificándola de “absoluta mentira”.

Su salida es además la segunda vez que rompe con su candidato presidencial: primero le retiró el apoyo a Ramos por diferencias sobre el proyecto minero de Crucitas, y semanas después formalizó su renuncia al partido para sumarse a la campaña oficialista, dejando atrás incluso a su propia vicealcaldesa y compañera de papeleta, Diana Murillo, quien continuó en el PLN y llegó a la Asamblea Legislativa por ese partido.

Una fuga que ya suma 19 gobiernos locales

El caso de San Carlos se inscribe en una tendencia nacional documentada con detalle: ya son 19 los alcaldes que han decidido romper con las agrupaciones que los llevaron al poder para alinearse con el proyecto impulsado por el presidente Rodrigo Chaves, cifra que La Nación advierte sigue en aumento.

De esas deserciones, los partidos con más salidas son Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), con cuatro alcaldes cada uno. El golpe se suma al que el PLN ya había sufrido en las urnas: en las elecciones municipales de febrero de 2024, la agrupación verdiblanca bajó de 43 a 29 alcaldías, incluida la pérdida del gobierno local de San José, que dominó por casi tres décadas.

Una cronología con nombres y fechas

La secuencia de renuncias registradas entre marzo y agosto de 2025: el alcalde de Bagaces, Alonso González Madrigal, dejó el Liberal Progresista el 10 de marzo; la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, renunció a Unidos Podemos el 26 de marzo; el alcalde de Atenas, Máximo Chaves Ovares, dejó el PPSD el 9 de abril; la alcaldesa de San Ramón, María Jiménez Corrales, salió del PUSC el 22 de mayo; la alcaldesa de Carrillo, Diana Méndez Masís, dejó el PPSD el 11 de junio; el alcalde de Coto Brus, Rafael Navarro Umaña, renunció al PUSC el 23 de junio; el alcalde de Acosta, Nelson Umaña Quirós, dejó el PLN el 11 de julio; el de Turrubares, Martín Vargas Calderón, se apartó de Unidos Podemos el 1.° de agosto; el de Monteverde, Yeudy Ramírez Brenes, renunció al PRSC el 5 de agosto, y la alcaldesa de Guácimo, Beatriz Mora Valverde, dejó Justicia Social Costarricense el 6 de agosto.

A esa lista se suman, específicamente del PLN, la alcaldesa de Buenos Aires, Margoth Mora (la primera en anunciar su adhesión, en agosto de 2024), el alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez Araya (agosto de 2025), y el ya mencionado alcalde de San Carlos, Juan Diego González (noviembre-diciembre de 2025).

Diputados que también se pasan del PLN al oficialismo por conveniencia

Hoy, incluso, se sospecha que diputados como Mangell Mc Clean o Eder Hernández, del PLN, podrían tener acercamientos con el oficialismo, pero ambos han negado esa situación de manera reiterada.

No se puede olvidar que el PLN tiene 3 diputados tránsfugas: Yorleny León, que ha sido ministra del IMAS, así como Gilbert Jiménez y Carolina Delgado, de la legislatura anteriores, quienes incluso votaron para darle inmunidad a Chaves ante litigios inminentes por presunta corrupción. Delgado recibió a cambio un puesto como presidenta ejecutiva del INAMU. Jiménez, en cambio, solo tuvo una postulación fallida y no ha recibido nada más.

Eventual bipartidismo

La fuga de oportunistas del PLN y del PUSC permite hablar hoy de un eventual bipartidismo en Costa Rica entre dos fuerzas, una que impulsa un proyecto de populismo autoritario, al que se adhieren algunos por el éxito de sus discursos de ultra derecha que incriminan a los actores políticos del pasado.

Además, el fenómeno no es solamente del PLN y también acumula una gran cantidad de políticos comunales de cambian de partido político como cambian de ropa interior, como ya vimos en la línea de tiempo anterior.

Lo que dice la ciudadanía

El fenómeno no pasa inadvertido para la opinión pública. Según la más reciente medición del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, un 58,4% de la gente rechaza el transfuguismo político de los alcaldes, mientras que un 41,6% está de acuerdo, y casi dos tercios de la ciudadanía (63,7%) considera que una persona electa debería perder el puesto si cambia de partido durante su gestión.

El estudio, realizado entre 1.003 personas mayores de 18 años, describe el fenómeno como “especialmente sensible” para la opinión pública, en un patrón que ya era conocido a escala legislativa y que ahora se repite en los gobiernos locales.

Algunas personas creen que el chavismo atrae oportunistas, porque ofrece una oportunidad de escalar fácilmente a cambio de caudal político en las comunidades.

Las voces del PLN

Miguel Guillén, secretario general del PLN, ha reaccionado en varias ocasiones a estas salidas. Sobre el caso del entonces alcalde de Acosta, afirmó que el edil no estaba traicionando a Liberación Nacional, sino a su comunidad, al señalar que el país no necesita más figuras que cambian de camiseta según el aplauso del momento.

Meses después, ante la salida del alcalde de Río Cuarto, calificó de incoherente que el chavismo ataque semana a semana a los liberacionistas mientras dedica su esfuerzo diario a atraer a esos mismos dirigentes hacia sus filas, y pidió que se transparenten las negociaciones detrás de cada salida.

La lectura de los politólogos

Durante varios años, también, denuncias de corrupción política que les quitan apoyos partidarios, lleva a algunos oportunistas a buscar nuevos taxis electorales. El politólogo Gustavo Adolfo Araya, por ejemplo, cuestionó en un artículo publicado en Culturacr.net que esos tránsfugas de un partido a otro signifiquen un cambio real y más bien ponen en la palestra más de lo mismo.

Para el politólogo Rotsay Rosales, coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la UCR, el fenómeno revela una fragilidad estructural de los partidos costarricenses: “Renunciar de un partido y pasarse a otro es la cosa más sencilla en este país, porque no hay ninguna consecuencia”, advirtió, para quien esta situación configura un desafío para el sistema democrático.

El politólogo Daniel Calvo, citado por El Financiero, coincide en que la motivación de fondo suele ser más estratégica que ideológica: “Más allá de una decisión ideológica, la renuncia al partido que los llevó a gobernar su cantón tiene mayor relación con un interés personalista y estratégico”, señaló, en momentos en que el chavismo busca consolidar una estructura territorial que no logró construir en las urnas municipales de 2024.

Un cuestionamiento distinto en Goicoechea

No todos los señalamientos contra figuras del PLN responden a un cambio de bandera. En Goicoechea, la vicealcaldesa Irene Campos Jiménez, reelecta para el período 2024-2028, es investigada por la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José por un presunto delito de tráfico de influencias.

La denuncia, presentada por el propio Comité Político Cantonal del PLN en Goicoechea, señala que Campos habría solicitado a una exsecretaria municipal que recibiera transferencias bancarias a su nombre por montos entre ¢90.000 y ¢250.000, provenientes de un contratista que prestaba servicios a la municipalidad, para luego retirarlas en efectivo. “Ella pertenece a nuestro partido, pero considero que cometió una falta grave. Por eso recurrí a los tribunales”, declaró Gerardo Chavarría, presidente de ese comité cantonal.

El caso, a diferencia de los anteriores, no está vinculado -por el momento- a un acercamiento documentado con el oficialismo, sino que ilustra otro tipo de cuestionamiento —de índole penal— que también erosiona la confianza en dirigentes electos con el PLN.

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