La Sala Constitucional dio trámite este jueves a un recurso de amparo contra la Asamblea Legislativa por la demora en nombrar a los magistrados suplentes de ese mismo tribunal constitucional, luego de que la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobara una moción para pedirle a la Corte Plena una nueva nómina de candidatos.
El recurso, presentado por Giovanni Delgado Castro (expediente 26-021074-0007-CO), señala que el Congreso tiene pendiente nombrar a nueve magistrados suplentes de la Sala IV y definir la ratificación o sustitución de seis magistrados propietarios de la Corte Suprema. La moción del PPSO, aprobada con 29 votos, cuestiona la lista ya remitida por la Corte Plena.

El recurrente argumenta que la decisión oficialista carece de sustento técnico. “La moción presentada por Pueblo Soberano carece de un fundamento técnico razonable”, señala el recurso, que además la califica de una actuación “ultra vires”, es decir, fuera de las competencias que la Constitución le otorga al Congreso.
El escrito también cuestiona las motivaciones de la fracción oficialista. “El actuar de la fracción de Pueblo Soberano busca dañar nuestro Estado de derecho”, sostiene el recurrente, al calificar la moción como una interferencia indirecta en la independencia judicial.
El recurso cita además al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, quien denunció que el proceso de selección de la nómina “se caracterizó por su rigor, transparencia y estricto apego a criterios técnicos y jurídicos”. Castillo advirtió que existen 87 expedientes con inhibitorias pendientes por la falta de magistrados suplentes.
Nombramientos pendientes en la Corte Suprema
El recurso de amparo admitido por la Sala Constitucional, en cifras
Entre las medidas cautelares solicitadas, el recurrente pide a la Sala ordenar a la Asamblea “continuar de manera ininterrumpida el procedimiento de votación… hasta su conclusión efectiva”, en un plazo no mayor a 30 días naturales.
La Sala designó como instructora a la magistrada Anamari Garro Vargas y le dio tres días hábiles a la Asamblea para rendir su informe.

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