La subdeclaración de renta, quienes declaran menos renta de la obtenida, no tuvo ni una sola revisión masiva del Ministerio de Hacienda entre enero de 2023 y marzo de 2026, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR) de hoy 15 de octubre de 2026.
La propia Hacienda calcula que ahí hay un presunto incumplimiento de ₡1,22 billones (un billón es un millón de millones), cerca de dos tercios de los ₡1,8 billones que suman los seis riesgos que analizó la Contraloría. Son montos presuntos, no plata que ya se confirmó perdida.
Hacienda detectó 214.852 contribuyentes con una renta declarada baja frente a lo que es normal en su sector económico. Había 17.468 casos para revisar y no se tocó ninguno, ni para revisar, mucho menos para intervenir o aplicar la legislación respectiva. El asunto parece que está a la libre, según la revisión que hizo Culturacr.net, con asistencia de IA, del informe completo del órgano contralor.
Una revisión masiva es un control cruzado rápido: Hacienda cruza datos que ya tiene, como las facturas electrónicas, y avisa o propone correcciones, sin tener que hacer una auditoría completa, que lleva más tiempo y más gente.
¿Por qué no se hicieron? Porque en 2023 Hacienda movió al personal que hacía esas revisiones a cobrar deudas. Desde junio de 2023 no se abrieron nuevas propuestas de corrección y las que estaban a medias se suspendieron. Ese personal siguió en cobro hasta octubre de 2025.
Los números revelan la consecuencia de esa inoperancia: los casos atendidos pasaron de 1.767 en 2023 a 2 en 2025. A marzo de 2026 hubo un repunte a 193 casos, pero solo de avisos. En total, de 781.576 casos con posibles incumplimientos en los seis riesgos, Hacienda planificó revisar 23.578: un 3%.
Pero el asunto es doblemente negativo: cuando sí se revisó, se recuperó poco. En los controles que buscan cobrar diferencias, entre ₡1,9 y ₡4,7 de cada ₡100 estimados, según la revisión del informe de la Contraloría. Y solo uno de cada cuatro contribuyentes que no había declarado presentó su declaración después de que Hacienda le avisó.
El plazo normal para cerrar una propuesta de corrección es de 67 días hábiles. La mitad central de los casos de renta en cero tardó entre 63 y 294 días hábiles, y la de retenciones no declaradas, entre 56 y 191. Algunos llegaron a 600. Mientras más pasa el tiempo, más riesgo hay de que prescriba el derecho del Estado a cobrar.
En los gastos improcedentes, como las facturas falsas, Hacienda revisó el 100 % de los 251 casos que priorizó. Y reclasificó a 793 contribuyentes que no cumplían los requisitos para estar en el régimen simplificado.
Lo que está en juego es grande: el impuesto sobre los ingresos y utilidades aporta ₡38 de cada ₡100 que recauda el Estado en impuestos. La parte que pagan empresas y profesionales por cuenta propia bajó de 2,9 % a 2,3 % del PIB entre 2022 y 2025.
Por esa razón no extraña que la recaudación de impuestos haya sido pésima en los últimos 4 años y la situación fiscal del país vuelva a empeorar, con más deuda que de nuevo ronda el 60% del PIB.
La Contraloría ordenó al director general de Tributación, Miguel Ángel Solís Sánchez, un plan de acción, indicadores para medir resultados y plazos, y un plan para capacitar al personal. El plan debe estar listo a más tardar el 1 de febrero de 2027 y los últimos informes de avance se entregan en 2028.
“Las acciones de control extensivo ejecutadas por el Ministerio de Hacienda en el período de 2023-2026 no han sido eficaces para promover el cumplimiento tributario del Impuesto Sobre los Ingresos y Utilidades, lo cual se evidencia en debilidades en cobertura, oportunidad y efectividad de dichas acciones”, concluye la CGR.
La Contraloría pide “controles extensivos eficaces, amplios y oportunos que generen sensación de riesgo en los obligados tributarios, desestimule la evasión, fomente el cumplimiento voluntario y asegure el financiamiento de los bienes y servicios públicos que requiere el país”.
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