La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones al CONAPDIS, la CCSS, el INS, el INA y el Consejo Presidencial Social, porque la falta de intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) dificulta la atención de personas sordas en servicios de salud y otras instituciones públicas.
Según el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA 2025) del CONAPDIS, de 69 instituciones públicas evaluadas solo el 15,94 % contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59 % tenía personal capacitado de forma permanente. La CCSS reconoció que no dispone de intérpretes certificados, situación que su Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad advierte como un riesgo para la calidad y seguridad de la atención.
La Defensoría recomendó al CONAPDIS emitir una circular vinculante que establezca que el apoyo en LESCO no es una prestación discrecional; a la CCSS, diseñar un modelo que garantice intérpretes en todos los servicios de salud; al INS y al INA, asegurar presupuesto permanente y ampliar la formación y certificación. La defensora Angie Cruickshank dijo que la accesibilidad no puede depender de que las personas sordas lleven su propio intérprete.
Un informe tras dos quejas
La falta de acceso oportuno a intérpretes profesionales de Lengua de Señas Costarricense (LESCO) dificulta la atención de personas sordas en servicios de salud y otras instituciones públicas. Ante esa situación, la Defensoría de los Habitantes emitió este viernes 30 de octubre un informe final con recomendaciones al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad (CONAPDIS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Consejo Presidencial Social.
El caso se originó en la queja de un habitante, quien denunció que en 2024 el CONAPDIS dejó de brindar interpretación por videollamada por falta de presupuesto, y que instituciones como el INS exigían a los pacientes sordos llevar su propio intérprete a las citas médicas. En marzo de 2025 se sumó una segunda denuncia sobre el Área de Salud de Coronado, de la CCSS, donde, según lo denunciado, una queja ante la Contraloría de Servicios quedó sin respuesta ni medidas correctivas durante meses.
Los datos del IGEDA 2025
Según el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA 2025) del CONAPDIS, de 69 instituciones públicas evaluadas solo el 15,94 % contrató intérpretes certificados de LESCO y apenas el 11,59 % contaba con personal capacitado de forma permanente. Para la Defensoría, esos datos evidencian una brecha importante frente a las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado.
Avances y barreras
La investigación constató que el INS implementó en 2024 un contrato de interpretación especializada que permitió brindar 36 atenciones a personas sordas durante 2025, 15 virtuales y 21 presenciales, y capacitó a 30 funcionarios en LESCO. El INA consolidó un Estándar de Cualificación de Interpretación de LESCO y recomienda exigir el título de Técnico 3 en Interpretación LESCO-Español en toda contratación pública.
El CONAPDIS mantiene tres licitaciones activas de interpretación. La CCSS, por su parte, reconoció que, aunque cuenta con personal con niveles básicos de LESCO (del I al VI), no dispone de intérpretes certificados, una situación que su Comisión Institucional de Accesibilidad y Discapacidad (CIAD) advierte como un riesgo para la calidad y seguridad de la atención.
Las recomendaciones
Al INS, la Defensoría le recomendó garantizar presupuesto permanente para la interpretación en LESCO y exigir el título oficial de Técnico 3 en las contrataciones. Al INA, fortalecer con recursos fijos el subproceso de certificación por competencias y ampliar las convocatorias para formar más intérpretes.
Al CONAPDIS le recomendó emitir una circular vinculante para todo el Estado que establezca que el apoyo comunicacional en LESCO no es una prestación discrecional, fortalecer el IGEDA y emplazar a las instituciones con resultados más bajos.
A la CCSS (Presidencia Ejecutiva, Gerencia Médica, CIAD, Área de Salud de Coronado y Región Central Sur) le recomendó diseñar un modelo institucional que garantice intérpretes profesionales en todos los servicios de salud, evaluar soluciones de interpretación remota y dar seguimiento permanente al cumplimiento de la Circular GM-14110-2025. Al Consejo Presidencial Social le solicitó dar seguimiento a los compromisos interinstitucionales de agosto de 2025, incluido el fortalecimiento de la coordinación con las organizaciones de personas sordas.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, planteó el sentido de las recomendaciones.
“La accesibilidad no puede depender de que las personas usuarias sordas lleven sus propios intérpretes para recibir atención del Estado. Las recomendaciones de la Defensoría buscan fortalecer servicios públicos accesibles, oportunos y respetuosos de sus derechos.”
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