El Frente Amplio presentó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una denuncia para que se investigue si el Partido Pueblo Soberano (PPSO) puede cobrar al Estado el alquiler de un vehículo de lujo asignado a su presidenta, la diputada Mayuli Ortega Guzmán. Según la denuncia, el partido envía desde marzo una factura mensual de ₡1,2 millones, unos US$2.645, con la pretensión de que se le reembolse con fondos públicos.
La denuncia se apoya en lo que Ortega dijo en el Plenario: que el Comité Ejecutivo Superior de su partido le asignó un vehículo “de uso discrecional” por su extensa jornada de trabajo, y que lo usa también para trasladarse a la Asamblea. Ortega afirmó que esos gastos son reconocidos y redimibles si cumplen los requisitos. Para el Frente Amplio, “uso discrecional” sugiere una disponibilidad que no se limita a lo estrictamente partidario.
La denuncia cita los artículos 89, 91, 92 y 93 del Código Electoral, que excluyen los gastos personales de dirigentes, y pide al TSE verificar si el PPSO demostró que el uso es propio de la actividad partidaria. El secretario general del FA, Jonathan Acuña, dijo que, aunque fuera legal, es “inmoral y contrario a la austeridad republicana”.
La denuncia
El Frente Amplio presentó ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una denuncia, fechada el 29 de octubre, en la que pide investigar si el Partido Pueblo Soberano (PPSO) puede cobrar al Estado el alquiler de un vehículo de lujo asignado a su presidenta, la diputada Mayuli Ortega Guzmán, para su “uso discrecional”. La firman la presidenta del partido, Patricia Mora Castellanos; el secretario general, Jonathan Acuña Soto, y la tesorera, Kattia González Hernández, y se presentó al amparo del artículo 13 del Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos.
Según los presuntos hechos que recoge la denuncia, desde marzo el PPSO envía al TSE una factura mensual de ₡1,2 millones, unos US$2.645, por el alquiler del vehículo que usa Ortega, con la pretensión de que el Estado se la reembolse con fondos públicos. La denuncia se envió con copia a la magistrada presidenta del TSE, Eugenia María Zamora Chavarría, y al director general del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Héctor Fernández Masís.
Lo que dijo Mayuli Ortega
La denuncia reproduce lo que la diputada afirmó en el Plenario, según consta en actas. Ortega dijo que el PPSO renta dos vehículos y que esos gastos son reconocidos y redimibles si cumplen los requisitos.
“El Partido Pueblo Soberano renta dos vehículos para el desarrollo de sus actividades diarias. Estos gastos son reconocidos y redimibles conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, siempre que cumplan los requisitos, como lo estamos haciendo, esta es una posibilidad que tienen todas las agrupaciones políticas.”
Ortega justificó la asignación del vehículo por su jornada de trabajo.
“Como presidente del Partido Pueblo Soberano, mantengo una agenda de trabajo sumamente exigente. Mi jornada comienza muy temprano en la sede del partido, posteriormente, me traslado a la Asamblea Legislativa, donde cumplo mis funciones como diputada de la República desde las nueve de la mañana hasta que finaliza la jornada parlamentaria. Después regreso a la sede del partido, donde muchas veces continúo trabajando hasta cerca de la medianoche, igual que todos los fines de semana. Precisamente para atender estas responsabilidades, el Comité Ejecutivo Superior del Partido Pueblo Soberano me asignó un vehículo de uso discrecional mediante acuerdo del Comité Ejecutivo Superior, Acuerdo X, que consta en las actas del libro del CES.”
La clave de la denuncia según el FA
Para el Frente Amplio, esa declaración es clave. Sostiene que Ortega no dijo que el vehículo se alquile para giras o reuniones propias del partido, sino que es de uso discrecional y que lo usa también para trasladarse a su labor como diputada, lo que, según la denuncia, “sugiere una disponibilidad que no se limitaría a desplazamientos estrictamente partidarios”.
La denuncia recuerda que, según el artículo 89 del Código Electoral, la contribución estatal a los partidos solo puede usarse para gastos de los procesos electorales y para capacitación y organización política, en períodos electorales y no electorales. Los artículos 91, 92 y 93 detallan los gastos justificables y, afirma la denuncia, dejan fuera los gastos personales de dirigentes, los ajenos a los fines del partido y los que no puedan documentarse.
El Frente Amplio pide al TSE tres cosas: revisar si el gasto es justificable y financiable con recursos públicos; verificar si el PPSO ha demostrado de forma fehaciente, como exige el artículo 42 del Reglamento, que el vehículo se usa solo para actividades del partido; y determinar si hay alguna anomalía en las liquidaciones del PPSO, en este caso o en otros alquileres de vehículos.
El secretario general, Jonathan Acuña Soto, añadió una valoración política.
“Aún si resultara legal, usar recursos del pueblo para pagar un carro de lujo a una diputada y presidenta de partido para que lo use a discreción es inmoral y contrario a la austeridad republicana que defendemos. Pero más allá de nuestra posición, las propias declaraciones de la señora Ortega abren preguntas que el Tribunal Supremo de Elecciones debe responder.”
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