El Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) exigieron por separado, en un lapso de días, explicaciones al Gobierno y al Partido Pueblo Soberano (PPSO) sobre la posible recopilación de datos personales y políticos de opositores.

El PLN dirigió su reclamo directamente al PPSO y a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS). En un comunicado firmado por el secretario general liberacionista, Miguel Guillén, el partido preguntó: “¿Han elaborado, poseen o han tenido acceso a listas, perfiles o bases de datos de militantes, dirigentes, simpatizantes o personas vinculadas al Partido Liberación Nacional? ¿Han recopilado, cruzado, clasificado o compartido información personal en función de su afiliación, simpatía o posición política?”.

Todo nace de las siguientes declaraciones de González:

El PLN recordó que la legislación costarricense reconoce las opiniones y preferencias políticas como datos sensibles, sujetos a protección especialmente rigurosa. “La pertenencia a un partido político no puede convertirse en una ficha de inteligencia policiaca”, señaló el comunicado, que exige conocer quién ordenó esas listas, si existen, quién las administra y para qué se usan.

Por su parte, la diputada Sigrid Segura, de la fracción Frente Amplio, envió el 17 de agosto una solicitud formal de información a la presidenta Laura Fernández Delgado, aunque con un enfoque distinto: los datos personales recopilados durante la inscripción para asistir a la ceremonia de traspaso de poderes del 8 de mayo, gestionada mediante la plataforma kuikpei.com.

Así lo explicó Segura:

Segura pregunta qué instancias estuvieron a cargo del registro, qué protocolo de protección de datos fue validado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), y qué papel desempeñaron específicamente Juan Marcos Vargas, presidente de la Comisión de Traspaso de Poderes, y Freddy González Rojas en la recolección, custodia y tratamiento de esa información. La solicitud se fundamenta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, y fue enviada con copia al director de Prodhab, David Rodríguez Suárez.

Ambos reclamos llegan después de dos declaraciones públicas de figuras cercanas al Gobierno. El 12 de agosto, el secretario general del PPSO, Freddy González —el mismo funcionario señalado en el oficio de Segura—, afirmó en el programa “Tertulia de Noche” de Canal 14 que el partido tenía identificados a simpatizantes del Frente Amplio: “hoy tenemos la información de quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen”, dijo, en referencia a una supuesta estrategia para dejar asientos vacíos durante la toma de posesión de Fernández. Consultado después por La Nación, González contradijo esa versión y negó que el partido haya accedido a alguna base de datos, alegando que se trataba de “conocimiento general”.

Un día después, el 13 de agosto, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, afirmó en conferencia de prensa que tenía “identificados” a críticos del plan Cero Ocio: “estos zurdos, inclusive de clóset, que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos”, declaró, sin precisar a quiénes se refería ni cómo obtuvo esa información.