La reforma fiscal que impulsa el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves, con el aval de la presidenta Laura Fernández, avanza con varios nuevos impuestos, entre exoneraciones y recortes a instituciones que atienden personas vulnerables del sector social.
Quitar a los adultos mayores para entregar a los cigarrillos
Los adultos mayores podrían perder el pasaje gratuito de autobús y la presidenta Laura Fernández salió a defender la revisión del beneficio. Es el golpe más visible de una reforma fiscal que mientras golpea bolsillos de los costarricenses, quita impuestos a los cigarrillos.
Revisamos los proyectos que impulsa el Gobierno Fernández Delgado, cuyo impulso no se explicaría de otra forma si no fuera por la popularidad con que cuenta.
Popularidad extraña
El estudio del CIEP, entre el 25 de agosto y el 1.° de setiembre, ubicó la economía, los impuestos y la política fiscal como el principal motivo de desagrado con el Gobierno (13,6 % de las menciones), pero aun así reporta un 64% de percepciones positivas para Laura Fernández y un 59% para su Gobierno.
El estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la UNA, calificó la gestión de Fernández con un 6,98 en agosto. Sin embargo, sus decisiones y acciones no son apoyadas por ese mismo porcentaje de gente, incluso algunas como el trabajo con Crucitas y la CCSS rondan porcentajes cercanos al 25% de aprobación.
Según el mismo CIEP, un recorte a las universidades públicas empeoraría la opinión del 63% de quienes hoy apoyan a la presidenta, a pesar de las campañas en redes sociales de odio contra esos centros de estudio.
Los golpes al bolsillo de las personas vulnerables
La idea de eliminar lo pasajes gratuitos a los adultos mayores surgió el 25 de agosto en el Consejo de Transporte Público (CTP), donde la viceministra de Transportes, Sofía Fallas, afirmó que “no todos los adultos mayores requieren subsidio” y calificó de insostenible el esquema actual.
La ley vigente exonera por completo a los mayores de 65 años en viajes de hasta 25 kilómetros y cobra la mitad entre 25 y 50 kilómetros. El MOPT analiza otras fuentes de financiamiento, incluidos los gobiernos locales, aunque el CTP aseguró que por ahora no existe una propuesta formal.
Entre julio y setiembre, el Ministerio de Hacienda, dirigido por el expresidente Rodrigo Chaves, presentó siete proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, el Presupuesto Nacional 2027 reduce el gasto en un 3,1 % y deja en ¢12,4 billones el plan de gastos del próximo año.
El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, justificó las iniciativas por la necesidad de robustecer las finanzas públicas ante “la caída en los ingresos del Gobierno” y como parte de “una estrategia contra el contrabando y la evasión”.
Reforma fiscal 2026
Impuestos, exoneraciones y recortes
Plan fiscal del Gobierno de Laura Fernández y Presupuesto 2027
Pasaje de adultos mayores, en revisión
1. Nuevos impuestos
2. Fin de exoneraciones · IVA al 13 %
3. Recortes al sector social
Nuevos impuestos
El proyecto de mayor alcance (expediente 25.796) cobraría un 15 % sobre intereses, dividendos, regalías, alquileres y ganancias de capital que los residentes en Costa Rica obtengan en el extranjero. Alcanzaría a personas físicas y jurídicas, fideicomisos y fondos de inversión, aunque no realicen actividad lucrativa.
Bancos, aseguradoras y administradoras de fondos tributarían esas rentas dentro del impuesto sobre utilidades, con tarifa de hasta 30 %. Carvajal aseguró que las pensiones permanecen exentas, aunque el texto ha generado dudas de interpretación sobre los fondos de pensiones, según reportó La Nación.
La iniciativa reabre una disputa de 2023, cuando la Asamblea reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta para gravar solo las rentas de fuente costarricense. El proyecto deja pendientes, además, los formularios y mecanismos de control, que se definirían por reglamento seis meses después de aprobada la ley.
A eso se suma la ampliación del IVA del 13 % a servicios digitales. Desde el 8 de setiembre, Tributación agregó a la lista a ChatGPT, Claude, Netflix, Booking, Expedia, PlayStation Network y Nintendo, con lo que el listado llega a 181 servicios. El impuesto existe desde 2020; lo nuevo es el número de plataformas alcanzadas.
Fin de exoneraciones
La Ley régimen de beneficios fiscales (expediente 25.797) eliminaría exoneraciones sobre aranceles, IVA, selectivo de consumo e impuesto a la propiedad de vehículos eléctricos. Los autos eléctricos perderían sus incentivos de inmediato: el selectivo pasaría de 7,5 % a 30 %, el IVA de 4 % a 13 % y el marchamo se cobraría completo.
Pero el golpe más duro se lo llevarán el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Cuerpo de Bomberos, las juntas de educación del MEP y los acueductos rurales (Asadas), que pasarían del 0 % a 13 % de IVA en sus compras. Las universidades públicas subirían de 2 % a 13 %.
Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió de que el cambio le restaría casi ¢4.000 millones en recursos disponibles para el próximo año.
También pagarían 13 % las cuotas a colegios profesionales, sindicatos y cámaras empresariales; los servicios de las radios culturales, y la compra de ganado en subastas.
Buena parte de la factura recaería sobre el propio sector público y las comunidades.
El proyecto mantiene intactos los incentivos de las Zonas Francas, el turismo y el Depósito Libre de Golfito, así como las exoneraciones de rango constitucional o de tratados internacionales.
Rebaja al tabaco
En sentido contrario, el expediente 25.668, presentado en julio, rebaja los tributos al cigarrillo. Bajaría el impuesto específico de ¢26,19 a un máximo de ¢20 por unidad, eliminaría el piso mínimo de tributación y derogaría el impuesto del 2,5 % que financia al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que financia los dineros para el desarrollo rural con los que el Inder financia hoy obra pública que, de paso, inauguran regularmente Chaves y Fernández.
Hacienda sostiene que la carga actual favorece al contrabando, que según sus datos abarca el 43% del mercado de cigarrillos. Con el tope propuesto, el componente específico de una cajetilla de 20 unidades bajaría en ¢123,80. Sin embargo, lo cierto es que una medida así favorece el consumo y no garantiza que el precio disminuya, como sucedió con el arroz.
El resto del paquete endurece sanciones: cárcel de cuatro a ocho años por facturas electrónicas falsas (25.667), penas mayores por contrabando (25.736), embargos de Hacienda sin orden judicial (25.669) y el cierre del portillo que permitía subvaluar la importación de vehículos de lujo (25.737).
Recortes al sector social
El primer presupuesto extraordinario de 2026, aprobado con los votos de Pueblo Soberano, quitó ¢40.000 millones a los CEN-CINAI y ¢30.000 millones al subsidio de vivienda del Banhvi. Para 2027, la diputada liberacionista Ángela Aguilar calcula una reducción real adicional de ¢2.115 millones en los CEN-CINAI.
El Presupuesto 2027 recorta además ¢32.400 millones a programas del PANI y la Red Nacional de Cuido, y ¢13.607 millones a programas del IMAS para familias en pobreza. Hacienda alega que parte de esas rebajas “limpia” recursos que la Asamblea incluyó en 2026 y que nunca se giraron.
El Ministerio de Educación Pública perdería ¢19.229 millones y su presupuesto quedaría en 4,9 % del PIB, lejos del 8 % que ordena la Constitución.
En Cultura, el ministerio reconoce una baja de ¢457 millones; los diputados la calculan en hasta ¢1.698 millones, con golpes a cine, bibliotecas, patrimonio y fondos concursables.
En Salud, el IAFA sufriría un recorte del 18 % y el Inciensa, del 17,8 %.
El Poder Judicial, por su parte, perdería ¢10.552 millones y quedaría sujeto a nuevas restricciones para ejecutar su presupuesto.
Cuánto espera recaudar Hacienda
Según la exposición de motivos del expediente 25.797, el monto exonerado entre 2023 y 2025 por las normas que se eliminarían suma ¢348.223 millones, equivalente al 1,78 % del gasto tributario total, que supera los ¢2 billones.
Por las rentas pasivas del exterior, Hacienda estima ingresos adicionales por más de ¢14.000 millones. Para 2027, el Gobierno proyecta ingresos tributarios de ¢6,7 billones y financiará el 38 % de su presupuesto con deuda.
Es decir, los recortes golpean directamente a las personas, pero no ofrecen una recaudación importante para el fisco, ante la ineficaz recaudación de Hacienda, la evasión y elusión fiscal, así como la inoperancia para tocar sectores privilegiados.
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