El turismo náutico de lujo es la nueva apuesta del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Del 28 de octubre al 1.º de noviembre, el país promovió sus marinas en el Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS), la feria de embarcaciones en el agua más grande del mundo.
El ICT asegura que este segmento genera empleo y encadenamientos en las costas. Sin embargo, la propia comisión de marinas del ICT admitió en 2021 que no existían datos robustos sobre el impacto en las comunidades vecinas.
Además, investigadores han advertido sobre los riesgos para golfos y bahías: tráfico que afecta a las ballenas, contaminación y dragados. ¿Quién gana realmente con los yates de lujo, y quién paga la factura ambiental?
Un yate atracado en Quepos o en Papagayo es la postal que el ICT quiere vender al mundo. Por esa razón, la institución llevó a Fort Lauderdale, Florida, un stand de promoción y una alianza con la International Superyacht Alliance (ISA), que le dio presencia en un salón VIP pensado para hacer negocios con dueños de yates, capitanes e intermediarios.
“Queremos que Costa Rica ocupe un lugar cada vez más relevante en las rutas internacionales del turismo náutico. Nuestra participación en FLIBS responde a una visión estratégica: abrir oportunidades de negocio, fortalecer alianzas y atraer un segmento de alto valor que puede generar más empleo y encadenamientos en nuestras comunidades costeras”, afirmó Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT.
Fue la tercera participación consecutiva del país en esa feria, que reúne cada año a más de 100.000 asistentes y unos 1.000 expositores. El ICT, sin embargo, no informó cuánto costó la presencia en FLIBS ni qué resultados concretos dejaron las dos ediciones anteriores.
¿Qué es, en concreto, el turismo náutico? Es el que hacen quienes llegan en su propia embarcación o la alquilan: yates, veleros, superyates de más de 24 metros y, sobre todo, pesca deportiva. Esos visitantes gastan en marinas, combustible, mantenimiento, comida, transporte y hospedaje.
Lo que el país gana
Costa Rica tiene seis marinas en operación: Los Sueños, en Herradura; Pez Vela, en Quepos; Papagayo y Flamingo, en Guanacaste, y Bahía Golfito y Banana Bay, en Golfito. Según la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), generan unos 1.578 empleos directos y cerca de 5.100 indirectos.
El gasto de estos turistas es alto. De acuerdo con datos del sector, un grupo de pesca deportiva gasta en promedio US$13.447 por viaje. No obstante, más de la mitad de ese dinero se queda fuera del país, porque se paga antes de llegar. Ya en Costa Rica, el grueso se va en transporte (US$2.223) y comida (US$1.208).
Mantener un barco en aguas nacionales también deja dinero. Un estudio del ICT de 2021 calculó ese costo en unos US$90.650 al año, de los cuales casi un tercio corresponde a combustible.
Para atraer más de esa clientela, en 2021 entró en vigor la Ley 9977, de Impulso a las Marinas Turísticas. Desde entonces, las embarcaciones extranjeras pueden quedarse hasta seis meses, prorrogables hasta dos años. Además, los superyates pueden ofrecer alquiler comercial en aguas nacionales a cambio de una licencia del 2,5 % de sus ingresos, y las concesiones de las marinas pasaron de 35 a 40 años.
Entonces, el director ejecutivo de la CIMAT, Oscar Villalobos, defendió el segmento. “Un pasajero de yates de lujo o crucero pequeño gasta más dinero en Costa Rica”, dijo. Sin embargo, ese mismo año reconoció que no había datos robustos sobre el impacto económico de las marinas en las comunidades vecinas.
Cinco años después, la pregunta sigue abierta. ¿Cuánto de ese gasto llega al pescador, a la soda o al taxista de Quepos y Golfito, y cuánto se queda en la marina y en sus socios?
Las cifras de ocupación tampoco son parejas. Mientras Los Sueños ronda el 95 %, el resto de las marinas se mueve entre el 40 % y el 60 %, según datos del sector de 2024. Aun así, hay más proyectos en camino: Playas del Coco y Tambor esperan aprobación, y la marina y terminal de cruceros de Limón, con un costo estimado de US$800 millones, ya tiene ley.
La otra cara del lujo
Golfito es el ejemplo de que una marina no garantiza desarrollo. El proyecto se intentó desde 2004, enfrentó denuncias ambientales en 2009 y cambió varias veces de concesionario. En el camino, un resort cerró en menos de cuatro años y dejó a unas 40 familias sin empleo, en la región con más desempleo del país.
Además, el costo ambiental pesa. En 2013, la revista Ambientico, de la Universidad Nacional, dedicó una edición a la pregunta “¿Soportaría el golfo Dulce una marina?”. Varios investigadores advirtieron que un complejo hotelero-marino en la península de Osa tendría un impacto ambiental grave y que más tráfico marítimo afectaría a las ballenas jorobadas que llegan al golfo. En esa misma edición también hubo voces a favor, que veían en una marina en Puerto Jiménez una oportunidad para la comunidad.
Los riesgos que señalan los especialistas no son menores. Una marina requiere dragados y rellenos en la costa, y los barcos dejan aguas residuales, derrames de combustible y restos de pinturas antiincrustantes, que son tóxicas para la vida marina. A eso se suman las anclas sobre arrecifes y el ruido de los motores, que altera a cetáceos y peces.
Luego está el clima. Un superyate con tripulación permanente, helipuerto y piscinas emite unas 7.020 toneladas de dióxido de carbono al año, según cálculos de investigadores en antropología con datos de 2018. Esa cifra equivale a las emisiones anuales de unas 1.400 personas promedio en el mundo.
Por esa razón, la apuesta abre una contradicción con la marca país. ¿Cómo se concilia un destino que se vende como verde y sostenible con la promoción de uno de los bienes de lujo que más contaminan?
Tampoco se puede ignorar el costo social. Las marinas se levantan en la zona marítimo-terrestre, junto a comunidades pesqueras que dependen del mar, y la pesca deportiva compite por los mismos recursos que la pesca artesanal.
El ICT, por su parte, insiste en que el turismo náutico se desarrollará “siempre con el eje transversal de la sostenibilidad” y para llevar los beneficios a más familias. La duda es cómo se mide esa promesa: ¿quién vigila la calidad del agua en las marinas, cuántas denuncias ambientales existen y cuántas familias costeras viven hoy del turismo náutico?
CulturaCR.net consultó al ICT y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) sobre esos datos.
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