La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió que los obstáculos que impone el Ejecutivo al presupuesto del Poder Judicial para 2027 ponen en riesgo la continuidad de servicios esenciales. Las normas de ejecución condicionan casi ¢30.000 millones.
Para usar ese dinero, la institución necesita la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la del Plenario Legislativo y una orden de Hacienda. Ninguno de esos pasos tiene plazo cierto.
Romero aclaró que el Poder Judicial no se opone a la transparencia ni a la rendición de cuentas, que ya hace ante la Contraloría.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió este jueves 19 de noviembre que las normas de ejecución impuestas al presupuesto del Poder Judicial para 2027 pueden afectar la continuidad de servicios esenciales. Lo dijo en un video que difundió la institución para aclarar aspectos de la liquidación presupuestaria de la Contraloría General de la República y de esas normas.
Las normas, que impone el Poder Ejecutivo, condicionan el acceso a casi ¢30.000 millones. Para ejecutar ese dinero, el Poder Judicial necesita la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la del Plenario Legislativo y una orden posterior del Ministerio de Hacienda. Según Romero, “este procedimiento no establece un plazo cierto para liberar los recursos”.
El Ejecutivo justifica las normas con la opinión adversa que recibió la institución en el dictamen de liquidación presupuestaria de 2025 de la Contraloría. Romero respondió que el presupuesto nacional, que administra Hacienda, también recibió opinión adversa ese año, pero que las restricciones se impusieron solo al Poder Judicial.
Además, recordó que la propia Contraloría señaló que las normas son improcedentes e inconstitucionales, como detalló CulturaCR.net en el informe sobre las cinco normas, una de las cuales bloquea ¢29.844 millones. Romero agregó que la ejecución de la institución supera el 97 % y que lo resuelto por la Contraloría no significó improbar el presupuesto: sus disposiciones fueron atendidas, implementadas o están en desarrollo.
Rendición de cuentas, sí
Romero insistió en que el Poder Judicial no se opone a rendir cuentas: “es una práctica permanente” ante la Contraloría, los órganos de control y la ciudadanía. Lo que cuestiona son los requisitos que le impiden acceder a tiempo a los recursos. Esos trámites dependen de otras instancias y pueden dejar a la institución “con un presupuesto aprobado, pero sin posibilidad de utilizar oportunamente los recursos necesarios para operar”.
Detrás de este reclamo hay un asunto de fondo. El Poder Judicial ha criticado que los fondos que necesita para ofrecer servicios a la comunidad dependan de criterios políticos, los de la Asamblea Legislativa o los del Poder Ejecutivo, y no de criterios técnicos. Ya lo había advertido cuando alertó de daños por el recorte y el bloqueo de sus presupuestos.
“La rendición de cuentas no está en discusión”, concluyó Romero.
Esta declaración se da en antesala de la reunión que celebrarán las cuatro presidentas de los supremos poderes mañana en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Eugenia Zamora, presidenta del TSE, Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, Laura Fernández, presidenta del Gobierno y la anfitriona, Patricia Vargas, presidenta de la Corte Plena del Poder Judicial.




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