El Poder Ejecutivo sigue reteniendo fondos al OIJ que son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, aunque ya fueron aprobados en la Asamblea Legislativa.

Con el título “por la seguridad de los costarricenses, Poder Judicial insiste ante Hacienda giro de recursos para combatir la delincuencia”, el Poder Judicial denunció que el Gobierno sigue con su actitud de proteger al crimen organizado cada día que no gira el dinero para los recursos que necesitan el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Se trata de recursos para nombrar 176 plazas nuevas en el OIJ y 99 en el Ministerio Público, pero “Hacienda mantiene los fondos en condición de no ejecución, pese a su carácter esencial para la seguridad ciudadana”, alegan.

Ante los reiterados retrasos y la negativa del Ministerio de Hacienda, la Corte Plena del Poder Judicial acordó este lunes solicitar una nueva reunión al Ministerio de Hacienda, a fin de insistir en el giro de recursos previamente aprobados.

Los recursos, incorporados al Presupuesto Ordinario 2026 del Poder Judicial por un monto total de ₡8.688 millones, permitirían financiar las plazas, correspondientes a fiscales, investigadores, técnicos especializados y personal operativo, “indispensables para enfrentar la creciente complejidad de la criminalidad que afecta al país”, informa la Corte.

“Pese a tratarse de recursos presupuestados y avalados por la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda se ha negado a incluirlos en la programación financiera… lo que limita de forma directa la capacidad institucional para responder a la inseguridad ciudadana”, comunica la institución judicial del país.

En un oficio remitido al jerarca de Hacienda el pasado 13 de enero, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, advirtió sobre las consecuencias de esta decisión:

“La decisión adoptada genera un impacto directo y demoledor en los planes de trabajo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, en su esfuerzo por combatir la criminalidad organizada y sus distintas manifestaciones, que afectan gravemente la vida cotidiana de la ciudadanía”, señaló Aguirre Gómez.

En ese mismo documento se indicó que el Fiscal General de la República ha advertido que la insuficiencia de talento humano “limita la capacidad institucional para cumplir con los plazos procesales establecidos en la legislación penal, lo que incrementa el riesgo de prescripciones, retrasos en audiencias y eventuales responsabilidades disciplinarias o patrimoniales para el Estado”, se acotó.

En cuanto al impacto para el OIJ el director general en ejercicio, Michael Soto Rojas, reiteró que las plazas aprobadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 2026 estaban orientadas a la puesta en operación y fortalecimiento de sedes estratégicas como La Cruz, Tamarindo–Tempate–Cabo Velas y Puerto Jiménez, así como al refuerzo de las labores de custodia de personas detenidas en todo el territorio nacional.

Note que estas nuevas sedes son precisamente en puntos neurálgicos donde se trasiega la droga en las costas del Pacífico costarricense.

“Estas sedes —enfatizó Soto— no constituyen simples puntos administrativos, sino zonas territoriales estratégicas altamente expuestas a dinámicas criminales complejas, caracterizadas por estructuras organizadas, movilidad transnacional, control de rutas, violencia instrumental y asentamientos operativos, lo que demanda una respuesta institucional inmediata, permanente y especializada”.

Pese a la urgencia, el Ministerio de Hacienda reiteró su negativa mediante oficio del 19 de enero, firmado por el ministro Rudolf Lücke, en el cual se comunicó que los recursos “no serían incorporados a la programación financiera del primer trimestre de 2026, al provenir de rebajas a la subpartida destinada al pago de intereses de la deuda pública”.

“El Poder Judicial reitera que la seguridad de las y los costarricenses no puede sostenerse sin los recursos humanos y financieros necesarios, especialmente cuando estos ya fueron analizados, aprobados y avalados por la Asamblea Legislativa. Combatir la inseguridad requiere coherencia institucional y el respeto a las decisiones adoptadas por los Poderes del Estado”, concluye el comunicado judicial.