Un nuevo y trillado ataque de Rodrigo Chaves al Poder Judicial obligó una respuesta de ese Poder de la República, al afirma que “no se quita el tiro” con respecto a los menores de edad supuestos delincuentes, sino que actúa responsablemente y garantiza los derechos que tienen los menores de edad en Costa Rica. Imagen solamente ilustrativa.

En particular, el Judicial se refiere a las declaraciones de Chaves sobre los menores de edad en albergues del Patronato Nacional de la Infancia -PANI- que tienen “conflicto con la ley”.

El PANI es el responsable legal

“Las personas menores de edad en conflicto con la ley son, ante todo, niñas, niños y adolescentes con derechos que deben ser garantizados. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la normativa nacional. Entre esos derechos está el acceso a protección estatal y a condiciones básicas de vida. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), como órgano constitucional, tiene el deber de velar por toda la niñez, incluida aquella que enfrenta procesos penales -sic-“, explica el Judicial a la opinión pública.

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Agrega el Poder Judicial, para entendimiento del presidente Chaves, que “muchos adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil lo hacen en condiciones de extrema vulnerabilidad: abandono, pobreza, violencia o falta de redes de apoyo. Esto implica que los jueces, además de atender lo legal, deben asegurarse de que estas personas menores de edad tengan acceso a vivienda, alimentación, salud y educación. Cuando no hay figuras parentales responsables, es el PANI quien debe asumir esa función, no como castigo, sino como protección”.

También explica el Poder Judicial a la expresión populista de Rodrigo Chaves que “no todos los delitos cometidos por adolescentes son graves ni todos los casos terminan en condena. Algunos no requieren medidas cautelares ni centros de internamiento. Sin embargo, cuando una persona menor de edad no tiene dónde vivir o está en riesgo, los jueces deben activar el sistema de protección. En estos casos, enviarles a un albergue del PANI no es una forma de “quitárselos de encima”, sino una respuesta urgente para garantizar su seguridad e integridad“.

“Es un error suponer que se está usando al PANI como sustituto de un centro penal. Los jueces penales juveniles comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige. La prioridad es siempre el interés superior de la persona menor de edad, y esto implica asegurar condiciones de vida dignas y evitar que el delito se convierta en su única vía”, añade un comunicado.

Finalmente, agrega el Poder Judicial, “las niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley siguen siendo parte de la población que el PANI debe proteger. Por ello, es necesario fortalecer las alternativas integrales de protección, con equipos profesionales, espacios adecuados y políticas públicas que no revictimicen, sino que ofrezcan segundas oportunidades, inserción social y una niñez digna”.