AyA realizó interconexión de agua, con el uso de la Fuerza Pública, para el proyecto residencial Esperanza, en Naranjo, a pesar de que el acueducto municipal estableció no hacerlo porque eso significaría afectar la dotación de agua para el resto del cantón.

El alcalde Randall Vega había defendido criterios y documentación técnica para no tener que dar el agua, y defendió la necesidad de buscar una solución alternativa. Sin embargo, con insultos y acusaciones, incluso con matonismo de cantina, el presidente Rodrigo Chaves lo retó y amenazó con hacerlo a la fuerza, como sucedió hoy.

Mediante un comunicado, el AyA defendió la realización de esta interconexión y sostiene que “revisó documentación y realizó un análisis técnico sobre el recurso hídrico donde se verifica que se la zona cuenta con este”.

Según la institución, “el Gobierno de la República y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (actuaron) apegados a la norma“.

También afirman que “adicionalmente se revisó la información que meses atrás la municipalidad había entregado a la institución, donde se comprueba lo indicado”, es decir, que sí hay suficiente agua potable para abastecer al residencial nuevo y no afectar a 12 mil habitantes del casco central del cantón.

“No podemos permitir que el agua se utilice como un cheque de cambio. El AyA actúa hoy con decisión, haciéndose presente como ente rector y como garante de que el agua es un derecho constitucional. Ningún operador, teniendo el recurso, lo niegue y la municipalidad como encargado debe tomar las previsiones para asegurar el suministro en los próximos años”, señaló Lourdes Suárez, presidenta ejecutiva del AyA.

Posibles delitos en que incurrió el AyA y el Gobierno

Diversos actores, incluyendo diputados y alcaldes, reaccionaron hoy indicando que la acción realizada a la fuerza por el Gobierno, sin orden judicial de por medio, no solamente comete delitos según la legislación costarricense, sino que demuestra a un gobierno autocrático y con ínfulas dictatoriales que no quiere respetar la ley ni el proceso legal.

Tanto Rodrigo Chaves, como la jerarca del AyA, podrían ser acusados por posibles delitos de prevaricato, abuso de autoridad, atentado contra la autoridad y el régimen judicial, así como usurpación de autoridad.

El AyA no puede -defienden- apoderarse por la fuerza de un acueducto que es propiedad de la Municipalidad de Naranjo y es esa institución la que tiene autoridad para decidir en él.

La diputada Monserrat Ruiz alegó que “el actuar del Poder Ejecutivo es una amenaza directa a la seguridad e integridad de todas las naranjeñas y naranjeños”, que además viola el orden democrático y la autonomía municipal.

“Como legisladora, representante de la provincia de Alajuela, en especial de los cantones de occidente y además, por ser una naranjeña que vive en este Cantón; rechazo categóricamente esta demostración de fuerza arbitraria, que desconoce los procedimientos técnicos y jurídicos en curso, y que amenaza la seguridad hídrica de miles de familias naranjeñas. La autonomía de los gobiernos locales no puede ser vulnerada por decisiones centralizadas que, lejos de dar soluciones sostenibles, generan conflicto y ponen en riesgo la confianza ciudadana en nuestras instituciones”, aseveró la legisladora Ruiz.

Aduce también que ni ella ni la municipalidad se oponen “al acceso a vivienda digna; lo que se exige es que dicho desarrollo se haga respetando la legalidad, los estudios técnicos y el debido proceso, para que ni las familias beneficiarias ni el resto de la comunidad vean comprometido su derecho al agua”.

Afirmó que actuará según corresponda para investigar ese abuso de poder y apoyará las acciones legales que impulse la Municipalidad de Naranjo.

Video: Rodrigo Chaves reta al alcalde de Naranjo como en pleito de cantina