CCSS y cooperativas se reúnen sin soluciones concretas para brindar el servicio en diez áreas de salud cuyo contrato se vence pronto.
Se trata de las áreas de salud Escazú, La Carpio-León XIII, Pavas, Santa Ana, Tibás, Desamparados, San Francisco-San Antonio, San Sebastián-Paso Ancho, San Pablo y Barva de Heredia, que están implicadas en el Caso Barrenador por un supuesto sobreprecio en la negociación del nuevo contrato.
Tanto la CCSS como Coopesalud ofrecieron un comunicado de prensa esta tarde sobre esa reunión, pero no se plantearon soluciones al problema, sino más bien la reiteración de culpar a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del problema.
Coopesalud insiste en que no hay sobreprecio y que están buscando alguna solución, pero no se plantea cuál sería. La CCSS expresó en su comunicado que “busca soluciones que permitan garantizar la continuidad de los servicios y salvaguardar el derecho a la salud de las personas usuarias”, pero tampoco plantean como jurídicamente podrían resolver la urgencia.
Según la cooperativa “como principal conclusión de la reunión, la Presidencia Ejecutiva manifestó que dará seguimiento al tema con el respectivo análisis y no se descarta la necesidad de celebrar reuniones de continuidad”.
Según los datos aportados por la CCSS, está en riesgo la atención a las 585 mil personas aseguradas en esas diez comunidades.
“La prioridad de la institución es garantizar la prestación de servicios sin afectación para las personas usuarias. Estamos trabajando en un proceso transparente y eficiente que asegure la continuidad de la atención en estas comunidades”, manifestó Mónica Taylor, la nueva presidenta ejecutiva de la CCSS nombrada tardíamente por el Gobierno.
Coopesalud recordó que “las cooperativas de salud cuentan con adjudicaciones en firme y han rendido las respectivas garantías de cumplimiento, en momentos en que se analiza la posibilidad de que dichas adjudicaciones pudieran contener algún vicio por razones estrictamente de forma”.
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