Los diputados Cisneros y Barrantes amenazan a la oposición con “cobrarle” o “pasarle la factura” por sus actos políticos ante el llamado a investigar al Gobierno por narcotráfico.

Con 38 votos fue aprobada la moción para solicitar a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que realice “una investigación a profundidad de los posibles nexos del actual gobierno con algunas actividades de delincuencia organizada, las denuncias periodísticas sobre posibles negociaciones del gobierno con redes mafiosas relacionadas con carteles” y otros temas, según informó la televisión de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, Pilar Cisneros lo dijo en pasillos, según certificaron varios diputados, cuando iban en grupo y la diputada Cisneros les dijo que “les iban a pasar la factura”. Luego en plenario el diputado Alexánder Barrantes dijo que “se la iban a cobrar”, según testificaron los diputados posteriormente.

Esa amenaza enardeció a diputados y diputadas de todas las fracciones, quienes reaccionaron exigiendo a los legisladores oficialistas que dijeran quiénes “se lo iba a cobrar” y cómo lo iban a cobrar. Los y las legisladores recordaron que una buena parte de ellos tienen amenazas, al igual que el fiscal general Carlo Díaz, de todo tipo, incluyendo amenazas de muerte.

“El señor Alexander Barrantes tiene la costumbre de hacerse rodear con gente que participa en barras de público con violencia y con tonos amenazantes y realmente esto es preocupantes, esto es absolutamente inaceptable”, adujo Eli Feinzaig en el plenario, quien también pidió explicaciones sobre quiénes lo van cobrar y cómo lo van a cobrar.

“Yo quiero que la Fiscalía tome nota de lo que aquí ha pasado”, agregó Rocío Alfaro. Y le dijo al diputada Daniel Vargas que no tiene ningún derecho a callar a ninguna mujer, luego de que el diputado oficialista le exigiera al jefe del PLN, Óscar Izquierdo, que callara a una diputada por usar lenguaje retador -Katherine Moreira-.

Hicieron hincapié en que esa amenaza se realiza precisamente cuando se vota una moción para investigar al Gobierno por presuntas relaciones con el narcotráfico a raíz de recortes y obstrucciones a los cuerpos policiacos relacionados con el combate a la delincuencia organizada. Varios diputados pidieron explicaciones por esas amenazas con doble sentido, donde diputados oficialistas buscan intimidar a los demás legisladores.

La diputada Vanessa Castro aceptó, con la voz entrecortada, aceptó que tiene miedo, mientras otras diputadas dijeron no tener miedo y algunas como Katherine Moreira, quien le respondió a Cisneros que si se las va a cobrar, que “sea mujer y se lo diga en la cara, porque manca no está”, según afirmó.

El asunto se dio a raíz de la comparecencia del fiscal general Carlo Díaz, quien confirmó que las personas que se oponen al Gobierno son perseguidas y atacadas, con pagos en moneda electrónico como los Bitcoins, según narró a partir de su propia experiencia. El ataque en redes sociales es cada día más frecuente, de manera violenta y con amenazas, pagado por recursos desconocidos que se presumen del narcotráfico.

Por otra parte, Ariel Robles hizo varios cuestionamientos sobre por qué los escáneres no están detectando varias filtraciones de grandes cargamentos y por qué sacaron a la Policía de Control de Drogas -PCD- del manejo de los escáneres y por qué una pista de aterrizaje del empresario Pacheco Dent no ha sido destruida aunque se ordenó hacerlo, entre otras cosas.

“Ustedes están en una campaña para llegar al 226 con la mayoría de diputados, haciendo una clara alusión a que lo que ustedes quieren es un autoritarismo, porque quieren gobernar sin que nadie les ponga freno y eso es nauseabundo, eso es asqueroso, eso es una violación a la democracia que tanto nos ha caracterizado”, agregó la diputada Johanna Obando.

Obando afirmó que estamos ante “un narcoestado galopante“, criterio con el que compartieron varios diputados y diputadas en el plenario.